LA CURUL NO ES PATRIMONIO FAMILIAR
Roger Laid
Aquí no se trata de ponerse del lado del empresario ganadero un tal Mantecón, ni de asumir como verdad una denuncia que todavía debe ser investigada. Se trata de ponerse del lado de la historia, de los documentos y de las preguntas que permanecen sin respuesta en este enredo de evidencias de trafico de influencias.
Vamos por partes dijera Frankenstein:
El Periódico Oficial del Estado, publicado el 21 de mayo de 2025, registra 298 nuevas concesiones para carga de materiales para la construcción a granel. En Tonalá aparecen cuatro nombres que han colocado a la diputada del PT, María Reyes Diego Gómez, y a su familia en el centro de los cuestionamientos:
Fátima Irene Castillejos Diego — SMyT-0531-2025.
María Reyes Diego Gómez — SMyT-0538-2025.
Miguel Ángel Castillejos Diego — SMyT-0539-2025.
Miguel Ángel Castillejos Vila — SMyT-0540-2025.
Los nombres y folios están en el documento oficial. (tambien en Punto y Coma colaboracion del 27 de Noviembre del 2025: Irregularidades en la SMyT) La relación familiar ha sido señalada públicamente como correspondiente a la diputada, sus hijos y su esposo. ¡Qué bonita familia!
Y ahí comienza el verdadero problema político.
Una diputada representa a ciudadanos. Su cargo no es un patrimonio familiar ni una plataforma para convertir la representación popular en una extensión de los intereses particulares.
¿Es ilegal que un legislador o sus familiares obtengan una concesión? No necesariamente. Precisamente por eso deben explicarse el procedimiento, los requisitos, los criterios de asignación y las posibles situaciones de conflicto de interés, pero ¿A toda la familia?
Lo que no puede pedirse a la sociedad es que simplemente cierre los ojos y menos a la secretaria Anticorrupción Ana Laura Romero Basurto quien tendría que investigar a la titular del transporte Albania González Polito quien pudo haber autorizado este acto grosero de corrupción y explicar del por qué, ya que este hecho “tambalea” el excelente trabajo de la zar anticorrupción y evidencia a un partido político plagado de familias buscando la oportunidad de beneficiarse.
Porque cuando cuatro integrantes de un mismo entorno familiar aparecen en un listado de concesiones de transporte, la pregunta no la genera el periodista: la generan los propios documentos.
Y mientras esas preguntas no sean respondidas con transparencia, la credibilidad política de la legisladora, de la titular del transporte y de su entorno seguirán bajo cuestionamiento.
A esto se suma el conflicto por el predio de Tonalá, donde existen señalamientos de un particular contra Miguel Ángel Castillejos Vila. El asunto judicial, según la información difundida, no resolvió el fondo sobre la propiedad o el supuesto despojo; por eso sería irresponsable convertir una acusación en una sentencia.
Pero tampoco sería responsable ignorar el contexto.
Aquí nadie está condenando anticipadamente a nadie. Estamos preguntando. ¿Quiénes solicitaron las concesiones? ¿Quién revisó los expedientes? ¿Quién autorizó cada una? ¿Cumplieron todos los beneficiarios exactamente con los mismos requisitos? ¿Existió algún conflicto de interés? ¿La diputada informó oportunamente sobre sus intereses particulares?
Y una pregunta todavía más importante: -insisto- ¿qué explicación tienen la Secretaría de Movilidad y Transporte y las autoridades encargadas de vigilar el uso correcto de las funciones públicas?
El Gobierno del Estado ha colocado la transparencia y el combate a la corrupción como parte central de su discurso. Por eso este caso no debería convertirse en una pelea entre grupos políticos ni en una defensa automática de una de las partes.
Debe convertirse en un ejercicio de transparencia. Porque si todo fue legal, documentarlo debería ser sencillo y no esconder la cabeza.
La representación popular tiene límites. Una curul no otorga privilegios, ni convierte los intereses familiares en asuntos intocables y mas cuando el partido del Trabajo es ampliamente cuestionado por el oportunismo a nivel nacional, un partido que debió de aparecer cuando lo manejan dos familias.
No estamos del lado del empresario. No estamos del lado de la diputada. Estamos del lado de los documentos, de la legalidad y de una sociedad que tiene derecho a saber cómo se utilizan las instituciones.
Porque cuando los nombres de una familia aparecen juntos en concesiones públicas y, al mismo tiempo, existen otros señalamientos que involucran a integrantes de ese mismo entorno, la respuesta no puede ser el silencio.
La historia ya está escrita en documentos oficiales. Ahora corresponde a las autoridades explicar lo que falta.
Puntos Suspensivos…
Del buen ánimo al vacío político: Viridiana Figueroa ha perdido parte de las buenas expectativas que acompañaron su llegada al COBACH. La posibilidad de construir un proyecto político rumbo a la alcaldía de Tapachula parece hoy más distante, es decir, lejos, en medio de cuestionamientos sobre su forma y dudas de su manera gris de administrar. El traslado del Encuentro Estatal a Tapachula y los señalamientos sobre gastos adicionales para modificar la sede han alimentado la percepción de que lo institucional pudo mezclarse con la promoción personal. Nada de ello, por sí solo, acredita una irregularidad; pero políticamente el costo existe. Y cuando la imagen pesa más que los resultados, el vacío político aparece. Y se esperan más evidencias de corrupción como la del pago de viáticos y servicios generales.
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