Justicia deficiente
Erisel Hernández Moreno
VULNERABILIDAD
La omisión de los operadores del Sistema de Justicia Penal Acusatorio generó que las víctimas, que en 2015 fueron 23.3 millones y representan 20 por ciento de la población del país, se convirtieran en la parte más vulnerable, porque carecen de representación legal, al grado que de los cuatro mil 13 asesores legales que deben existir, sólo hay 680; es decir, faltan tres mil 333.
Durante el segundo día del foro en torno al Sistema de Justicia Penal Acusatorio, organizado por el Senado, Jaime Rochín, titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas; Ismael Eslava, primer visitador de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH); Pablo Navarrete, del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) y la señora Isabel Miranda de Wallace, expusieron a los senadores las deficiencias detectadas en el sistema para lograr justicia para las víctimas.
Pablo Navarrete, del Inmujeres, recordó que “a pesar de los enormes esfuerzos que se han realizado en el terreno normativo a nivel constitucional y leyes secundarias, no hemos podido pasar a la consagración a la plena implementación de los derechos humanos y proteger y garantizar los derechos de las víctimas sigue siendo hoy el gran desafío.
“Y sigue siendo el gran desafío, porque tan sólo en 2015 tuvimos 23.3 millones de víctimas en el país y éstas, las víctimas siguen siendo las más vulnerables frente al Sistema Penal; siguen enfrentando enormes dificultades y obstáculos, algunos de carácter estructural y es importante atender y superar para lograr el acceso pleno a la justicia en condiciones de igualdad”, recordó.
En efecto, la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de Seguridad Pública 2016, realizada por el Inegi, que contiene cifras de 2015, dice que se estima que 23.3 millones de víctimas de 18 años y más lo cual representa una tasa de prevalencia delictiva de 28 mil 202 víctimas por cada cien mil habitantes durante ese año.
La encuesta detalla que en ese año se registraron 29 millones de delitos, lo que implica que se suscitaron 1.3 delitos por víctima.
El 28.2% de las víctimas, que implican seis millones 570 mil 600 personas, sufrió robo o asalto en calle o transporte público; 24.2% extorsión, que representan cinco millones 638 mil 600 ciudadanos; 11.3% sufrió robo total o parcial de vehículo; 11% fraude; 8% amenazas verbales; 7% robo en casa habitación; 3.7% robo en forma distinta; 3.7% lesiones y 2.9% otros delitos.
Durante el foro organizado por el Senado, Jaime Rochín, de la CEAV, precisó que “actualmente el número de asesores legales es absolutamente deficitario para garantizar el derecho a la asesoría jurídica de las víctimas, que marcan tanto la Constitución, como la Ley General de Víctimas y el Código Penal de Procedimientos Penales”.
Precisó que sólo 13 entidades cuentan con unidades de asesoría jurídica y representación legal a las víctimas, inscritas a procuradurías o fiscalías; 16 han instalado una comisión local de víctimas y brindan el servicio de asesoría legal a través del asesor jurídico; tres entidades señalaron que cuentan con dependencias que atienden a personas que son víctimas.
Dijo que la CEAV tiene 70 asesores jurídicos, para atender a todas las víctimas de todos los delitos federales; “llevamos 667 casos respecto del sistema acusatorio tan sólo en oficinas centrales”.
Ismael Eslava, primer visitador de la CNDH, desglosó los efectos negativos de que las víctimas carezcan del asesoramiento legal al que tienen derecho y conminó al Senado a que en su valoración para ajustar el nuevo sistema valoren la necesidad de conectar las normas de ley con la realidad y no dejar de lado los derechos de las víctimas.
PENSIONES
Si Andrés Manuel Llega a la Presidencia en 2018, los expresidentes mexicanos deberán preocuparse, pues podrían perder la jugosa pensión que reciben por haber servido a la nación.
Este fin de semana Andrés Manuel López Obrador le aseguró al expresidente Vicente Fox que le quitaría su pensión en caso de llegar a Los Pinos en 2018.
El dirigente nacional de Morena dijo que los exmandatarios de México Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Felipe Calderón Hinojosa y Vicente Fox Quesada tienen pensiones millonarias.
Pero, ¿qué tanto dejarían de percibir los expresidentes mexicanos si AMLO gana en 2018? Millones de pesos.
De acuerdo con un reporte realizado en 2013 por el periódico El Financiero, Felipe Calderón Hinojosa percibía alrededor de 205 mil 122 pesos mensuales como pensión vitalicia por ser presidente de México de 2006 a 2012, unos 2 millones 461 mil 464 pesos anuales. Sin embargo, en febrero pasado dijo que donaría esta cantidad a la organización Aquí Nadie se Rinde, para niños con cáncer.
Esta cantidad de dinero es la misma que recibe el expresidente Vicente Fox Quesada (2000-2006): 205 mil 122 pesos mensuales y más de dos millones de pesos anuales, igual que el expresidente Luis Echeverría Álvarez (1970-1976).
Tanto Ernesto Zedillo Ponce de León (1994-2000) como Carlos Salinas de Gortari (1988-1994) renunciaron de manera voluntaria al pago, de acuerdo con la información que solicitó El Financiero al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales
Además de los expresidentes, las viudas de José López Portillo (1976-1982), Sasha Montenegro, y de Miguel de la Madrid Hurtado (1982-1988), Paloma Cordero Tapia, reciben 102 mil 561 pesos cada una, es decir 1 millón 230 mil 732 pesos anuales.
En total, tanto los expresidentes mexicanos como las viudas de los exmandatarios reciben anualmente 9 millones 845 mil 856 pesos, monto que se ahorraría el gobierno si AMLO gana las elecciones presidenciales de 2018.
RETAZOS
EN el marco del Foro «Programa de Justicia Terapéutica para personas con consumo de sustancias psicoactivas», organizado por la Cámara de Diputados, el estado de Chiapas fue reconocido por la efectividad de los Centros Especializados en la Prevención y Tratamiento en las Adicciones (CENTRA). Este encuentro tiene como objetivo conocer e identificar las mejores prácticas y fortalezas de los diferentes estados de la República Mexicana, por lo que Chiapas expuso los resultados de la implementación del «Programa de Justicia Terapéutica». En representación del Fiscal General del Estado, Raciel López Salazar, el coordinador de CENTRA, Miguel Ángel Sánchez Tovar dio a conocer que el programa de Justicia Terapéutica que impulsa Chiapas es resultado de la visión del gobernador Manuel Velasco Coello, quien prioriza mecanismos para la prevención de adicciones, delitos y lesiones. Estas acciones, dijo, han hecho de Chiapas uno de los estados más seguros del país, por ello no podemos bajar la guardia y seguir trabajando en unidad con la sociedad civil y las diferentes instancias gubernamentales… EL Senado anunció que hará cambios al Sistema de Justicia Penal Acusatorio, sin tocar la Constitución, para incluir los delitos de robo de hidrocarburos y portación de armas en el catálogo de la prisión preventiva oficiosa, así como para esclarecer procedimientos para que no impliquen retroceso alguno o lleven en la práctica a su anulación. “La problemática que vive el país no se debe al Sistema de Justicia Penal Acusatorio, pero sí estamos conscientes de hacer unos ajustes”, dijo el presidente del Senado, Pablo Escudero, en el foro que la cámara organizó sobre cambios al Sistema Penal… EL segmento de productores de leche más empobrecido de nuestro país, resultó afectado en su economía por la competencia desigual a la que fue sometido por más de 20 años. “El gobierno consideró que, si es más barata la leche importada, hay que comprarla, sin considerar el sentido social de más de 600 mil pequeñas unidades que desaparecieron por incosteabilidad”, señaló el dirigente del Frente Nacional de Productores y Consumidores de Leche, Álvaro González Muñoz. “El Tratado de Libre Comercio de América del Norte, TLCAN, ha sido el causante de la pérdida de más de un millón de empleos en el sector lechero, sin que se tenga esperanza de que, con las nuevas negociaciones, la situación mejore”, destacó González Muñoz… EN los últimos 14 años y de la mano del presidente del PAN, Ricardo Anaya Cortés, su familia política, que encabezan sus suegros, Donino Ángel Martínez Diez y Maribel Natalia Franco, logró y ampliar un imperio inmobiliario, al pasar de cuatro a 17 empresas e incrementar de seis inmuebles, que tenían un valor de 21.9 millones de pesos, a 33 con un valor aproximado de alrededor de 308 millones de pesos, un crecimiento de mil 304% sólo en propiedades. De acuerdo con una investigación de más de 50 actas notariales asentadas en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del estado de Querétaro, se comprobó que el propio Anaya; su esposa, Carolina Martínez Franco; sus suegros, Donino Ángel Martínez Diez y Maribel Natalia Franco, y sus cuñados, José Ángel y Natalia, forman parte de este conglomerado. También participan sus concuños Ivonne Margarita Vera y José Luis Sáinz; los hermanos de su suegro, Jesús, Manuel Alonso, Mercedes, José Manuel y José Luis, y sus primos políticos, Lorena, Diego Martínez Rodríguez y María Rosa Rodríguez, quienes son dueños o accionistas de 17 empresas en diferentes ramos como el de la construcción, e inmobiliario, hoteles, restaurantes y comercios… Visite: www.debuenafuente.com ¡¡Hasta mañana, Dios Mediante!!