EU advierte aumento del reclutamiento forzado de menores por cárteles en México

*En su edición de octubre, Proceso documentó casos en Jalisco, Michoacán y Veracruz de adolescentes cooptados o secuestrados por grupos criminales, trasladados a otras entidades y sometidos a condiciones de cautiverio para obligarlos a participar en actividades delictivas. Ahora en su reporte anual sobre Tráfico de Personas en el Mundo, el Departamento de Estado volvió a colocar a México entre las naciones que por años no logran actuar con todo el peso de la ley ante el flagelo.

 

Jesús Esquivel

 

Washington, 08 OCT (apro).-El gobierno de México no cumple con los estándares mínimos para combatir el tráfico de personas, pero avanza en ello con esfuerzos para iniciar más procesos judiciales a quienes comenten el delito, concluyó el Departamento de Estado.  

En su reporte anual sobre Tráfico de Personas en el Mundo, que el Departamento de Estado envío al Congreso federal, el gobierno de Donald Trump volvió a colocar a México entre las naciones que por años no logran actuar con todo el peso de la ley ante el flagelo.  

El señalamiento del Departamento de Estado sobre el aumento del reclutamiento forzado de menores por parte de los cárteles coincide con una problemática documentada por Proceso en su edición de octubre. En el reportaje de apertura, titulado “No hay edad para el terror”, esta casa editorial documentó casos en Jalisco, Michoacán y Veracruz de adolescentes cooptados o secuestrados por organizaciones criminales para incorporarlos a sus actividades ilícitas, bajo amenazas y en condiciones de cautiverio.

El informe estadunidense advierte que la violencia entre grupos criminales y sus intentos por ampliar el control territorial han intensificado el reclutamiento y la explotación de personas, incluidos niñas y niños.

El documento identifica entre los responsables al Cártel de Sinaloa, al Cártel Jalisco Nueva Generación y al Tren de Aragua, y describe mecanismos de captación que van desde ofertas laborales fraudulentas y la manipulación económica hasta las amenazas, el chantaje y el secuestro. Aunque el capítulo sobre México no presenta cifras para dimensionar el incremento, la advertencia vuelve a poner en el centro un fenómeno que Proceso abordó a partir de testimonios y casos documentados.

“El gobierno incremento sus esfuerzos en la aplicación de la ley, pero sus bases de datos sobre el tráfico de personas no son confiables”, se destacó en el reporte dado a conocer por el Departamento de Estado y firmado por su titular, Marco Rubio.  

En base a su conclusión, el gobierno de Trump colocó a México en la categoría número 2, que no implica sanciones sino simplemente exhortos a que hagan mayores esfuerzos en combatir al tráfico de personas y a continuar cooperando en esta materia con Estados Unidos.  

“El gobierno demostró en términos generales mayores esfuerzos en comparación con los reportes del periodo anterior (2025). Estos denuedos incluyen iniciativas para más procesos judiciales, sentenciar a más traficantes, identificación y asistencia a las víctimas”, indicó el informe del gobierno de Trump. 

Destacó también el hecho de que la presidencia de Claudia Sheinbaum instrumentó “enmiendas técnicas” a las leyes existentes contra el tráfico de personas que existentes en México.  

Los cambios técnicos que resaltó el informe del Departamento de Estado conllevan a fortalecer mecanismos de compensación que robustecen los derechos legales de las víctimas por medio de demandas civiles, de manera especial para el caso de la mano de obra forzada.  

“Sin embargo, el gobierno no cumple con los estándares mínimos en varias áreas clave: investiga pocos casos de tráfico de persona, a diferencia del año pasado, no procesa ni castiga o sentencia a funcionarios gubernamentales implicados y la corrupción y complicidad en estos crímenes continúa inhibiendo las acciones de la aplicación de la ley”, resaltó el reporte firmado por Rubio. 

En paralelo y al agregar otros aspectos de los incumplimientos de la presidencia de Sheinbaum, el Departamento de Estado apuntó que “el gobierno no provee entrenamiento sobre el combate al tráfico de armas a los jueces electos, y que en general siguen siendo inadecuados los servicios de las víctimas del flagelo”. 

El tráfico de personas de México es un delito en el que, de acuerdo con el informe del gobierno de Trump, están involucrados funcionarios gubernamentales, el crimen organizado y los cárteles del narcotráfico.  

De estos últimos identifica al Cártel de Sinaloa, al Cártel de Jalisco Nueva Generación, entre otros, que se encargan de hacerlo explotando las vulnerabilidades gubernamentales en las fronteras sur y norte.  

Los traficantes de personas explotan tanto a las víctimas mexicanas como a extranjeras, reclutan de manera particular para la explotación sexual a mujeres y a niños con engaños falsos de empleo, de relaciones amorosas o por medio de la extorsión en redes sociales.  

“La mayoría de las víctimas del tráfico de personas en México proceden de Centro y Sudamérica, aunque también hay víctimas de países africanos, asiáticos y europeos”, agregó el Departamento de Estado.

Noticias/Diario Tribuna Chiapas/2026