En Chiapas, la presidenta Claudia Sheinbaum se equivocó al afirmar que no existe oposición al proyecto frente a la Carretera Palenque-San Cristóbal

 San Cristóbal de Las Casas, Chis., 27 SEP.-La historia de la carretera Palenque-San Cristóbal es, en realidad, la historia de un proyecto que nunca ha logrado asentarse del todo en la geografía ni en la vida de los pueblos que pretende atravesar.

Desde 2009, cuando se anunció el Centro Integralmente Planeado Palenque dentro del Plan Mesoamérica, la idea de una gran vía que conectara la zona norte con Los Altos ha reaparecido una y otra vez, impulsada por distintos gobiernos y detenida siempre por la resistencia de las comunidades indígenas.

Organismos autónomos como “Caminos de la Vida en Resistencia”, manifiesta que con el paso de los años, el nombre ha cambiado, pero no la esencia: hoy el gobierno de Chiapas la llama Ruta de las Culturas Mayas, una autopista de 153 kilómetros que pretende unir Palenque con San Cristóbal de Las Casas y abrir un ramal hacia Ocosingo, atravesando territorios ch’oles y tseltales en municipios como Salto de Agua, Chilón y San Juan Cancuc.

Indicó que el proyecto forma parte de una apuesta mayor del gobierno federal por la infraestructura, inscrita en el Plan de Inversión para el Desarrollo con Bienestar 2026-2030, que articula carreteras, el Tren Maya y el Corredor Transístmico en un mismo entramado de megaproyectos.

En el comunicado hecho circular por la Comisión de Derechos humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), recordó que, en campaña, la presidenta Sheinbaum prometió concluir la obra “en beneficio de las comunidades indígenas”. Y el 8 de junio de 2025, el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar dio el banderazo de inicio, anunciando que la construcción abarcaría todo el sexenio estatal.

Los primeros kilómetros comenzaron a levantarse con pavimento asfáltico, mientras las máquinas abrían brechas en los cerros y en la vida cotidiana de los pueblos.

Pero la obra arrancó sin que las comunidades tuvieran acceso a información ambiental básica. La Manifestación de Impacto Ambiental del primer tramo se publicó hasta octubre de 2025, meses después del inicio formal.

Poco tiempo después, los daños ya eran visibles: cerros destruidos, algunos de ellos sagrados, detonaciones que afectaron patrimonio arqueológico, inundaciones en poblados enteros y trabajos de prospección realizados sin permiso, incluso de noche, en parcelas de Chilón.

Los ingenieros entran y salen sin explicar qué hacen, marcando árboles, tomando muestras de tierra, colocando estacas numeradas, a pesar de no contar con permiso de los dueños de las parcelas, ni de las comunidades.

La información oficial llegó de manera fragmentada y selectiva. En un ejido, un funcionario mostró un video y ofreció beneficios como ser socios de una gasolinera o de la caseta; después dejó el cargo por malos manejos.

En otros lugares se hablaba de pagos por la tierra, pero nadie recibió información escrita sobre el proyecto y menos en lengua ch’ol o tseltal. La consulta pública organizada por el Ejecutivo estatal en marzo de 2025 tampoco cumplió con los estándares de una consulta indígena: no fue previa, ni libre, ni informada, ni culturalmente adecuada.

Lo cierto, expone el Fryba en su comunicado que, la participación fue mínima, y las comunidades nunca supieron con claridad dónde se construiría la carretera ni cuál sería el trazo completo.

La Caravana de documentación, conformada por Centro de Derechos Indígenas A.C. (CEDIAC), Desarrollo Económico y Social de los Mexicanos Indígenas A.C. (DESMI), el colectivo Brigada Común y Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), en coordinación con el Movimiento en Defensa de la Vida y los Territorios (MODEVITE), documentaron prácticas que viciaron el proceso: reuniones sólo con consejos de vigilancia, acarreo de personas con intereses políticos o empresariales, difusión de videos en lenguas indígenas para simular aprobación.

La Caravana de documentación recogió testimonios de presiones para aceptar dinero, reuniones con apenas diez a catorce asistentes, ofrecimientos individuales de apoyos vitalicios, viviendas, caminos saca cosecha, gasolineras o tiendas.

Nada de ello se ha cumplido ni se ha dado seguimiento. En algunos casos se condicionaron programas sociales como Sembrando Vida; en otros se pidieron firmas en hojas en blanco que luego se usaron como autorizaciones.

La resistencia de los pueblos, sin embargo, es tan antigua como el proyecto mismo. En 2014, comunidades de Huixtán, Tenejapa, Oxchuc, Cancuc, Pantelhó, Altamirano, Ocosingo, Chilón, Yajalón y Tumbalá se movilizaron para denunciar amenazas y exigir consulta.

MODEVITE, articulado desde la pastoral indígena, ha sido el corazón de esta defensa territorial, insistiendo en que los pueblos quieren caminos, sí, pero caminos que respondan a sus necesidades y no a intereses turísticos o inmobiliarios.

En 2025, la oposición se reactivó con fuerza. Miles de personas han realizado peregrinaciones junto a Pueblo Creyente, denunciando violaciones a su libre determinación. En junio del presente año, La Caravana de Documentación reportó una escalada de amenazas, hostigamiento y criminalización contra defensores del territorio.

En Chilón, las comunidades que rechazaron la carretera comenzaron a ser hostigadas con el sobrevuelo de drones no identificados. El conflicto dejó de ser solo administrativo: se volvió un asunto de seguridad y de derechos humanos.

La vía jurídica tampoco ha ofrecido garantías. Las comunidades interpusieron dos demandas de amparo para exigir consulta previa y acceso a información, pero los juzgados negaron las suspensiones, permitiendo que la obra continúe mientras los juicios siguen su curso.

Ante ello, integrantes del MODEVITE viajaron a la Ciudad de México para participar en un foro del Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte. Antes de partir, realizaron una ceremonia tradicional en la plaza de San Cristóbal, reafirmando su rechazo al proyecto y al extractivismo en sus territorios.

La última movilización multitudinaria de miles de personas en rechazo al proyecto carretero se realizó el pasado 9 de agosto en la cabecera de Bachajón en el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, a pesar de esto, el gobierno federal y estatal, niegan las voces de los pueblos originarios, que piden respeto a su derecho a la tierra y territorio como sustento básico para preservar sus formas de vida como pueblos originarios.

En la conferencia de la mañanera en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, el pasado 11 de septiembre, la presidenta Claudia Sheinbaum se equivocó al afirmar que no existe oposición al proyecto.

Hoy, la moneda sigue en el aire. El Estado no ha garantizado la protección de los derechos de los pueblos originarios, pero la organización comunitaria crece, se fortalece y se hace más visible. En medio de la maquinaria de despojo, los pueblos continúan defendiendo su territorio, su memoria y su derecho a decidir sobre su propio futuro.

Noticias/Diario Tribuna Chiapas/2026