Comunidades indígenas exigen alto al despojo y a la criminalización de los pueblos en resistencia del Congreso Nacional Indígena en Chiapas
San Cristóbal de Las Casas, Chis., 13 JUL.-Integrantes del Congreso Nacional Indígena (CNI), denunciaron las agresiones y amenazas que ponen en grave riesgo la vida, la integridad y la seguridad personal de quienes defendemos la vida y el territorio en diversas regiones de Chiapas.
A través de un comunicado del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), 39 locatarias y locatarios del Mercado Tradicional “Dr. Belisario Domínguez” del municipio de Ocosingo, la comunidad de San Francisco, municipio de Teopisca, cinco familias desplazadas del ejido Jotolá, municipio de Chilón; y la comunidad de Agua Clara, municipio de Salto de Agua, advirtieron que los derechos colectivos de los pueblos indígenas -en particular la autonomía y la libre determinación- se encuentran bajo un hostigamiento constante que afecta de manera profunda su vida comunitaria, sus procesos organizativos y su economía.
Recientemente, señalaron que integrantes de la Mesa Directiva de la Coalición de Locatarios del Mercado Tradicional “Dr. Belisario Domínguez”, en el municipio de Ocosingo, han perpetrado agresiones contra 39 locatarias y locatarios, integrantes del CNI.
Entre los hechos documentados se encuentran despojo de locales, bloqueo de accesos, construcción de bardas para impedir el ingreso, retiro de mercancías y diversas formas de presión económica.
Estas acciones constituyen una violación al derecho al trabajo y afectan gravemente el sustento de las familias, profundizando desigualdades estructurales cuyo impacto recae de manera particular sobre las mujeres, quienes ven comprometido el acceso a derechos fundamentales como la salud, la alimentación y la vivienda.
Asimismo, denuncian la violencia de género se incrementa por la omisión y la complicidad de autoridades municipales y estatales.
A pesar de la gravedad de los hechos, las autoridades han mantenido una actuación omisa e ineficaz, al no garantizar medidas de protección, impedir la continuidad de las agresiones ni restituir el acceso a los espacios físicos de trabajo.
Esta falta de respuesta propicia la impunidad, favorece la persistencia de las violaciones denunciadas y profundiza el despojo, colocando a las personas afectadas en una situación de mayor vulnerabilidad.
Por otro lado, la comunidad San Francisco, de Teopisca, ha denunciado la amenaza de destrucción de su territorio bajo el discurso del “progreso” impulsado por el gobierno estatal, que pretende construir la carretera Teopisca–San Cristóbal.
Este proyecto afectaría directamente a 14 comunidades, cuyas montañas resguardan sitios sagrados, manantiales, fauna y otros bienes naturales fundamentales para su identidad, su economía y su vida comunitaria.
Los quejosos, alegan que la construcción de este tramo carretero no cuenta con el consentimiento de las comunidades, ya que los tres niveles de gobierno no han llevado a cabo una consulta libre, previa, informada, culturalmente adecuada y de buena fe, como lo establece el Convenio 169 de la OIT y el artículo 2° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Por ello, exigen la suspensión inmediata de este proyecto y el pleno respeto a las decisiones de las comunidades; así como a su derecho a la libre determinación y a la defensa de su territorio.
En el ejido Jotolá, municipio de Chilón, exponen que se cumplen seis meses del desplazamiento forzado de cinco familias, expulsadas mediante un operativo en el que participaron el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, la Procuraduría Agraria, la Policía Estatal Preventiva y autoridades ejidales.
Finalmente manifiestan que el Estado mexicano tiene la obligación de garantizar el ejercicio efectivo de sus derechos, abstenerse de toda acción que los vulnere y generar las condiciones necesarias para que estas comunidades vivan con dignidad, seguridad y paz en sus territorios.
Noticias/Diario Tribuna Chiapas/2026
