CIPOG-EZ denuncia “guerra de exterminio” en la Montaña Baja de Guerrero y acusa omisiones del Estado
*El CIPOG-EZ cuestionó las declaraciones de autoridades sobre una presunta estabilización en la Montaña Baja de Guerrero “porque los asesinos siguen estando libres (…) porque no hay investigación”.
Ciudad de México, 24 MAY.-El Concejo Indígena y Popular de Guerrero – Emiliano Zapata (CIPOG-EZ) difundió este 23 de mayo el “Manifiesto de Alcozacán”, un documento en el que denuncia una “guerra de exterminio” contra comunidades nahuas de la Montaña Baja de Guerrero y acusa a autoridades de los tres niveles de gobierno de omisiones frente a los ataques atribuidos al grupo criminal Los Ardillos.
En el pronunciamiento, el CIPOG-EZ aseguró que las agresiones registradas desde el pasado 6 de mayo en comunidades como Tula, Xicotlán, Acahuehuetlán y Alcozacán dejaron desplazamientos masivos, viviendas incendiadas y ataques armados con drones y armas de alto poder. “Los pueblos de la Montaña Baja de Guerrero decimos ¡ya basta de tanto dolor y de tanta muerte!”, señala el documento.
La organización sostuvo que más de 2 mil personas permanecen desplazadas y rechazó las versiones oficiales que atribuyen la violencia a enfrentamientos entre grupos criminales. “Rechazamos esas acusaciones que pretendían criminalizarnos para encubrir a los Ardillos creando la narrativa de un enfrentamiento entre grupos criminales”, indicó el CIPOG-EZ, en referencia a señalamientos contra la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias – Policía Comunitaria (CRAC-PC) y sus estructuras comunitarias.
El manifiesto también cuestionó las declaraciones de autoridades federales y estatales sobre una presunta estabilización de la zona “porque los asesinos siguen estando libres (…) porque no hay investigación”, y además exigió la instalación de cinco Bases de Operaciones Interinstitucionales en caminos y puntos donde, afirman, se concentran las agresiones.
De igual forma, el CIPOG-EZ rechazó la instalación de un cuartel militar dentro de Alcozacán y pidió que las operaciones de seguridad se realicen en los corredores donde ocurren los ataques. También exigió acceso a servicios de salud, educación, programas de vivienda, radios comunitarios y garantías para defensores de derechos humanos en la región.
Gobierno mantiene despliegue de seguridad y atención social en la región
Por su parte, la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz de Guerrero informó que continúan las acciones conjuntas de seguridad, atención social y procuración de justicia en comunidades de la Montaña Baja.
De acuerdo con el comunicado, actualmente operan más de mil 200 elementos del Ejército Mexicano, Guardia Nacional y Policía Estatal, además de 12 Bases de Operaciones Interinstitucionales instaladas en corredores estratégicos. La autoridad estatal aseguró que desde la intervención institucional “no se han registrado nuevos hechos de violencia” en las comunidades atendidas.
La Mesa de Coordinación indicó además que se realizaron jornadas de atención social con participación de 31 dependencias federales y estatales, así como acciones para restablecer servicios de salud, educación y suministro de productos básicos. También informó que continúan las investigaciones de la Fiscalía General de la República y la Fiscalía General del Estado para esclarecer los hechos registrados en mayo.
En paralelo, la Misión Civil de Observación que se dirigía a Alcozacán para documentar la situación de las comunidades desplazadas informó que el gobierno federal canceló el acompañamiento de seguridad previamente acordado para el recorrido.
Según el CIPOG-EZ, Jesús Plácido Galindo, integrante del Concejo y beneficiario del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, fue notificado minutos antes del trayecto de que no habría resguardo oficial para la misión integrada por observadores, periodistas y defensores de derechos humanos.
El conflicto en la Montaña Baja de Guerrero se remonta, de acuerdo con organizaciones comunitarias y el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, a disputas por el control territorial entre grupos criminales y comunidades indígenas organizadas en policías comunitarias desde 2015. Información Animal Político.
Noticias/Diario Tribuna Chiapas/2026

