Centro Prodh cuestiona cambios a la reforma judicial: “son apresurados e insuficientes”
*El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez advirtió que la iniciativa presidencial de reforma judicial mantiene riesgos para la independencia del Poder Judicial y no atiende las deficiencias estructurales del modelo de elección de jueces.
Ciudad de México, 21 MAY.-El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) afirmó este jueves que la modificación a la reforma judicial enviada ayer al Congreso por el Ejecutivo federal no corrige los riesgos asociados al modelo de elección de jueces ni garantiza su independencia frente al control político.
El organismo publicó su postura en un hilo en la red social X, un día después de que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión recibiera la iniciativa presidencial de reforma constitucional de manos de la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, y de la consejera jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde.
Críticas por omisiones en requisitos y garantías para juzgadores
En su posicionamiento, el Centro Prodh señaló que “la iniciativa presentada por el Ejecutivo federal sobre la Reforma Judicial no corrige las principales deficiencias y riesgos observados en la elección judicial, pese a que previamente un grupo de legisladores del oficialismo había presentado una propuesta para subsanar algunos de los aspectos más graves”.
El organismo agregó que “resulta particularmente preocupante la omisión de una revisión profunda a los requisitos y mecanismos que garanticen la idoneidad e independencia de las personas juzgadoras, así como la falta de una modificación permanente a la concurrencia entre el proceso electoral político y el judicial, más allá de la elección de 2027”.
Riesgos por concurrencia de procesos políticos y judiciales
El Centro Prodh advirtió que la coincidencia de procesos políticos y judiciales aumenta la posibilidad de injerencia partidista, al afirmar que “para garantizar la justicia en México, es indispensable priorizar la independencia del Poder Judicial y reducir su control político. La concurrencia de elecciones ordinarias, elecciones judiciales y o ejercicios de revocación de mandato en una misma jornada electoral –sin establecer mecanismos claros para evitar la intervención de representantes de partidos políticos en una única casilla– profundiza ese riesgo”.
El organismo añadió que “lamentamos el anuncio de una reforma insuficiente y apresurada, que no reconoce las principales falencias y consecuencias del modelo de elección y se limita a presentar ajustes superficiales para abordar cambios menores y atender los retos de financiamiento del proceso electoral”.
Alcances de la iniciativa presidencial y cambios al diseño institucional
La discusión ocurre mientras el Congreso analiza la iniciativa presidencial de reforma judicial entregada este miércoles a la Comisión Permanente. En el documento, el Ejecutivo plantea cambios constitucionales que reintroducen la posibilidad de realizar la revocación de mandato el mismo día de elecciones federales o locales.
El proyecto modifica el artículo 35 para que ese ejercicio se lleve a cabo el primer domingo de junio del año correspondiente, lo que abre la puerta a que coincida con otros procesos electorales.
La propuesta mantiene también que las elecciones judiciales se realicen en la misma fecha y lugar que las elecciones federales o locales, con una instrucción a las autoridades electorales para aplicar medidas que eviten la intervención de representantes partidistas, lo que reconoce el riesgo de empatar votaciones judiciales con jornadas de competencia política.
Con este diseño, en una misma jornada podrían concurrir una consulta de revocación de mandato, una elección judicial y comicios federales o locales. Aunque la revocación no ocurriría automáticamente y debe cumplir los requisitos establecidos, la iniciativa permite que esos procesos se realicen simultáneamente.
En materia de organización del Poder Judicial, el proyecto plantea que la Suprema Corte de Justicia de la Nación divida nuevamente parte de sus funciones. Tras la reforma judicial de 2024, que eliminó las salas con el argumento de que todos los asuntos debían discutirse en sesiones públicas del Pleno, la nueva propuesta establece que el tribunal opere con dos “secciones” encargadas de asuntos considerados de trámite, mientras el Pleno conservará los temas de fondo.
La iniciativa no ajusta la contradicción sobre la duración de la presidencia de la Corte, ya que el artículo 94 prevé que se renovará cada dos años conforme a la votación obtenida en la elección judicial, mientras el artículo 97 mantiene que la presidencia debe ser electa por el Pleno cada cuatro años.
La iniciativa también recorre por un año el encargo de magistraturas de la Sala Superior del Tribunal Electoral que concluían su periodo en 2027, por lo que permanecerán en funciones hasta 2028, cuando tomen protesta las personas electas en la nueva elección judicial.
Entre quienes verían extendido su encargo están Felipe Alfredo Fuentes Barrera y Reyes Rodríguez Mondragón, cuyos periodos ya habían sido ampliados previamente.
El proyecto modifica además la integración de candidaturas judiciales. El Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial tendrían cada uno un Comité de Evaluación compuesto por cinco personas, encargado de revisar a aspirantes a los cargos.
Las tres coordinaciones de esos comités formarían una Comisión Coordinadora para fijar reglas comunes, criterios de evaluación y metodologías, así como exámenes de conocimientos.
La iniciativa fortalece al Tribunal de Disciplina Judicial, al establecer que durante el primer año evaluará a jueces y magistrados electos, aplicará programas de capacitación y podrá coordinarse con la Escuela Nacional de Formación Judicial. En caso de evaluaciones insatisfactorias, la ley deberá definir las medidas correspondientes.
También se establece que quienes busquen competir por un cargo distinto al que ocupan deberán renunciar de forma expresa e irrevocable antes del registro.
En cuanto a la presencia de candidaturas en las boletas, la propuesta reduce el número de perfiles. Los Comités de Evaluación elaborarán listas de cuatro personas por cargo y, posteriormente, un sorteo dejará únicamente dos postulaciones. La iniciativa también retoma observaciones surgidas de la elección judicial de 2025 al plantear boletas más breves y con un voto por especialidad, lo que reduce la cantidad de nombres que el electorado deberá revisar en casilla. Información de Animal Político.
Noticias/Diario Tribuna Chiapas/2026

