Auditoria Superior reporta más de 9 mil mdp por aclarar del gasto de 2025; municipios concentran más de 5 mil 200 mdp

*La segunda entrega incluye 374 auditorías a instituciones federales, estados y municipios. El auditor también informó de 40 denuncias penales durante su gestión y de una investigación por posibles irregularidades en la plataforma del examen de admisión de la UNAM.

 

Por Edgar Ledesma

 

Ciudad de México, 02 NOV.-La Auditoría Superior de la Federación (ASF) reportó más de 9 mil millones de pesos pendientes de aclarar en la revisión de la Cuenta Pública 2025, de los cuales más de 5 mil 200 millones corresponden a recursos federales cuyo destino no acreditaron 42 municipios.

Su titular, Aureliano Hernández Palacios Cardel, presentó este viernes 30 de octubre en la Cámara de Diputados la segunda entrega de informes individuales, integrada por 374 auditorías, de las cuales 286 corresponden a entidades federativas, 46 a instituciones federales y 42 a municipios.

“Porque la fiscalización no puede limitarse solo a establecer observaciones. Debe contribuir a esclarecer los hechos, promover responsabilidades y propiciar la recuperación de los recursos públicos”, sostuvo.

Los montos reportados permanecen pendientes de aclaración dentro del proceso de fiscalización, por lo que no equivalen, por sí mismos, a desvíos comprobados.

Municipios no acreditaron el destino de recursos federales

Hernández Palacios informó que la Auditoría Superior de la Federación revisó la totalidad de los recursos federales otorgados a los 42 municipios incluidos en esta entrega, sin que sus gobiernos acreditaran documentalmente su destino.

Actualmente, la institución fiscaliza directamente a más de mil 200 municipios y alcaldías, cuyos resultados se presentarán, en su mayoría, en febrero de 2027.

Ante la falta de documentación relacionada con cambios de administración, propuso una plataforma para que los gobiernos salientes depositen en servidores de la ASF la información de las cuentas públicas pendientes de revisión, y advirtió que procederá legalmente cuando se niegue información para obstaculizar las auditorías.

n el ámbito federal, la ASF reportó 2 mil 327 millones de pesos observados entre el Fondo Especial para Financiamientos Agropecuarios y la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México, recursos cuyo ejercicio deberán acreditar las instituciones.

En el Fondo identificó movimientos financieros y gastos de operación que no fueron debidamente aclarados, mientras que la autoridad educativa tampoco acreditó el correcto ejercicio de los recursos observados.

Las revisiones a entidades federativas arrojaron más de mil 200 millones de pesos pendientes de aclarar, principalmente en educación y salud.

El auditor también informó que los gobiernos estatales reintegraron más de mil 132 millones de pesos a la Tesorería de la Federación, de los cuales más de 553 millones correspondieron al sector salud.

Entre las entidades que realizaron reintegros mencionó a Puebla, Nayarit, Guanajuato, Ciudad de México, Oaxaca, Sonora, Morelos, Tabasco, Jalisco, Guerrero y Baja California, sin presentar en esas láminas un desglose de cantidades por estado.

Obras sin ejecutar y equipo médico no localizado

Hernández Palacios reportó que, durante los primeros seis meses de su gestión, la ASF presentó 40 denuncias penales, tres de ellas relacionadas con auditorías que todavía estaban en desarrollo.

Entre los hechos denunciados mencionó obras pagadas y no ejecutadas, equipo médico de alta especialidad no localizado y documentos presuntamente apócrifos utilizados para simular el cumplimiento de cuotas de seguridad social.

La institución también promovió 60 acciones para que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) revisen posibles incumplimientos fiscales y de seguridad social de proveedores contratados con dinero público.

El auditor pidió a las instituciones verificar esas obligaciones desde el inicio y durante la vigencia de los contratos, y señaló que las revisiones abarcarán tanto a las empresas como a los servidores públicos que pudieran resultar responsables por acción u omisión.

Además, informó de nueve denuncias penales por prácticas de “coyotaje” y advirtió que la ASF no tiene gestores, representantes particulares ni despachos intermediarios, aunque no precisó si esas denuncias forman parte de las 40 reportadas durante su gestión.

Investigan contratación de plataforma para examen de la UNAM

La ASF también presentó una investigación por posibles irregularidades en la contratación y administración de la plataforma utilizada para aplicar el examen de admisión de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

En las láminas aparecen un secretario y un coordinador como servidores públicos involucrados, sin revelar sus nombres ni las áreas a las que pertenecen.

Durante la conferencia de prensa posterior a la entrega, Hernández Palacios afirmó que el rector solicitó la intervención de la ASF y que la universidad ha colaborado con las investigaciones. El auditor anunció que canalizará al tribunal administrativo las responsabilidades que determine la investigación.

La institución informó que aseguró de manera precautoria repositorios de información y servidores informáticos de la empresa prestadora del servicio, con el propósito de conservar pruebas.

“Utilizamos un mecanismo nuevo para que no nos borraran la información de los servidores por parte de la empresa”, explicó el auditor.

Busca facultades para sancionar directamente

Hernández Palacios informó de un convenio con la Unidad de Inteligencia Financiera para intercambiar información, identificar operaciones de riesgo y posibles conflictos de interés, además de colaborar en un padrón de personas políticamente expuestas.

También anunció un registro con información de servidores públicos relacionados con el manejo de recursos y un convenio con la Comisión Nacional Antimonopolio para identificar posibles acuerdos indebidos y colusión entre proveedores.

El auditor señaló que trabajan en propuestas de reforma constitucional para que la ASF pueda sancionar directamente y recuperar con mayor rapidez los recursos ejercidos de manera indebida.

“Hoy la fiscalización requiere investigar no solamente cuánto se gastó, sino quién recibió los recursos, cómo se utilizaron, cuál fue su destino final y si existieron acuerdos para defraudar al Estado mexicano”, sostuvo. Información Animal Político.

Noticias/Diario Tribuna Chiapas/2026