A un año de la desaparición de sus padres Alejandra y Faustino Avendaño Coello exigen al gobernador Manuel Velasco justicia
*Él procurador Raciel López no ha hecho nada, le apuesta al olvido, deja pasar el tiempo y no resuelve el caso
*Crece la inseguridad en Chiapas
*En Chiapas aplica la aparición forzada
Tuxtla Gutiérrez, Chis., 28 FEB.-A casi un año de la desaparición de Alejandro Antonio Avendaño Coello y Esperanza del Carmen Coutiño Salazar, en el municipio de Venustiano Carranza, los hijos Alejandra y Faustino, exigieron al gobernador Manuel Velasco Coello, “honrar su palabra y hacer que el Procurador Raciel López Salazar y sus subordinados cumplan con su obligación de investigar y sancionar a los responsables de la desaparición forzada de nuestros padres”.
Esto debido a que dichas autoridades carecen de voluntad política para esclarecer la “desaparición forzada” de Alejandro Antonio y Esperanza del Carmen, ya que retardar la detención del probable sospechoso bajo el argumento que es protegido de la delincuencia organizada por lo que la Procuraduría se declara incompetente para dicha aprehensión incluso se niega a recibir el apoyo que la Federación.
La Procuraduría de Justicia del estado (PGJE), a cargo del sabinista Raciel López Salazar, “no tiene la mínima voluntad de investigar para esclarecer el caso de desaparición forzada de nuestros padres, ya que todas sus acciones se han encaminado a retardar la detención del probable sospechoso”, sostuvieron.
En conferencia de prensa, acompañados de familiares, los hijos de la pareja desaparecida exigieron al gobernador Manuel Velasco que ordene al procurador Raciel López Salazar que cumpla con su obligación de investigar y sancionar a los responsables de la desaparición forzada de sus padres.
Al tiempo de asegurar que la “injusticia e impunidad” campea en Chiapas, señalan que la justicia “les ha cerrado las puertas en Chiapas”, pero ellos agotarán todas las instancias locales y de ser posible acudirán a las nacionales e incluso internacionales, porque “no es justo que el sistema de procuración de justicia nos dé la espalda”.
Por ello, indicaron, en enero pasado, se solicitó la intervención del Subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa Cifrián, quien habló directamente con el Procurador de Chiapas y le manifestó que la federación estaba lista para apoyarlo “en lo que fuera necesario.
Al ofrecer una conferencia de prensa, Alejandra y Faustino Avendaño Coutiño, recordaron que frente a las graves deficiencias en la investigación estatal, el 15 de julio de 2016 se denunció ante la Subdelegación de la Procuraduría General de la República (PGR), con sede en San Cristóbal de las Casas, la desaparición forzada de Alejandro Antonio Avendaño Coello y Esperanza del Carmen Coutiño Salazar, iniciándose la averiguación previa de Investigación número FED/CHIS/SLC/000816/2016.
El Ministerio Público de Chiapas inició el Registro de Atención R.A. 0028-106-0413-2016, por el delito de desaparición de personas en su modalidad de persona desaparecida, contra quien o quienes resulten responsables.
Asimismo se ordenó a la Policía Especializada una exhaustiva investigación, y a la Subdirección de Servicios Periciales la realización de dictámenes en avalúo de daños, tomas de placas fotográficas y recolección de indicios en el vehículo marca Toyota, tipo Tacoma, doble cabina color rojo, placas de circulación DC-54294 del Estado de Chiapas, en el que las víctimas viajaban.
También dieron a conocer que desde las primeras actuaciones realizadas por el Ministerio Público, existen indicios de la probable participación de Octavio Nájera Guillen en la desaparición forzada.
En septiembre de 2016, el fiscal realizó un cateo en el domicilio del señor Octavio Nájera Guillen, y obtuvo evidencias incriminatorias que confirmaron la probable participación de éste en la desaparición forzada de Alejandro Antonio Avendaño Coello y Esperanza del Carmen Coutiño Salazar.
Sin embargo, Octavio Nájera Guillen se mueve libremente por los municipios de Comitán, Pujiltic, Socoltenango, La Trinitaria y Frontera Comalapa, por lo que Fiscalía a cargo ya tiene los datos de domicilios del sospechoso y la camioneta que utiliza para trasladarse, pero “el fiscal Alí Reybel Arista Chávez no ha realizado ninguna acción eficaz para detenerlo”.
La excusa del fiscal es que “los lugares en los que se mueve el probable responsable, no puede entrar la policía, porque están controlados por delincuentes”, relataron los hijos de las víctimas.
Precisaron que al día siguiente de los hechos, se encontró calcinado el vehículo donde se trasladaban víctimas, sin embargo no se resguardó la escena del crimen y la recolección de indicios carecieron de las medidas adecuadas para preservar la cadena de custodia.
La Policía Municipal hizo el traslado de la camioneta a un corralón de la localidad de Pujiltic, en Venustiano Carranza, Chiapas, sin la autorización del Ministerio Público, destruyendo evidencias importantes.
Ante tales hecho, solicitaron la intervención del Subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa Cifrián, a fin de que envíe personal federal para continuar con la investigación. Leonel Durante/CODICS
Noticias/Diario Tribuna Chiapas/2017
