Leonel Durante López

03 SEPTIEMBRE 2026

 

*Riesgo de desalojo por disputa territorial entre Chiapas y Oaxaca: Ombudsman

 

*Eduardo Ramírez Aguilar refuerza la seguridad en Los Chimalapas

 

 

 

El presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Chiapas (CEDH), Horacio Culebro Borrayas quien se ha metido de lleno al conflicto agrario de Los Chimalapas, claro sin atender el resto de los asuntos de ese organismo a su cargo, advierte posibles actos de desalojo contra familias del ejido Gustavo Díaz Ordaz, en el municipio de Cintalapa de Figueroa Chiapas, ante la disputa añeja agraria y territorial con San Miguel Chimalapa, Oaxaca.

 

Para que el problema no llegue a mayores, el ombudsman chiapaneco hace un llamado a las autoridades de ambos estados para actuar de manera inmediata y coordinada para proteger la vida, seguridad e integridad de los habitan en aquella zona limítrofe entre ambas entidades.

 

No hay que olvidar que este viernes 4 de septiembre se cumple un mes de la amenaza de los oaxaqueños cuando aquel 4 de agosto irrumpieron al ejido Gustavo Díaz Ordaz por un contingente de unas 400 personas, algunas de las cuales, portaban machetes, dándoles un ultimátum de un mes para abandonar sus tierras o sumarse a sus comunidades.

 

Ante el riesgo que enfrentan las familias de aquella región, Culebro Borrayas privilegió en especial la atención para niñas, niños, adolescentes, personas adultas mayores, personas con discapacidad y otros grupos en situación de vulnerabilidad y advierte que las autoridades no deben permanecer omisas ante un riesgo del que ya tienen conocimiento y frente al cual cuentan con facultades para intervenir.

 

La CEDH señala que ninguna controversia agraria o territorial justifica el uso de la fuerza, las amenazas, el desplazamiento forzado o actos de desalojo fuera de la ley; y pidió privilegiar el diálogo y las vías institucionales para alcanzar una solución pacífica.

 

Los comuneros oaxaqueños de San Miguel Chimalapa y San Antonio dieron un plazo de 30 días a partir del 4 de agosto que se cumple mañana 4 de septiembre para que los habitantes del ejido decidieran, según lo informado por la CEDH, entre disolver el régimen ejidal o permitir que las tierras fueran integradas a la comunidad agraria oaxaqueña.

 

La situación generó preocupación entre las familias de Gustavo Díaz Ordaz, quienes han señalado incertidumbre sobre la permanencia en sus tierras, su patrimonio y su seguridad, por lo que la CEDH Chiapas abrió el expediente CEDH/0733/2026 y las medidas precautorias relacionadas con el caso.

 

El presidente de la CEDH, Horacio Culebro Borrayas, dijo que ha sostenido reuniones frecuentes partir del mismo momento de que fue enterado del caso con habitantes del ejido y autoridades de seguridad para buscar una salida pacífica al conflicto.

 

Asimismo, solicitó apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Guardia Nacional, además de emitir medidas precautorias dirigidas a autoridades de seguridad y del gobierno de Chiapas.

 

El conflicto tiene antecedentes que se remontan a 1967 y forma parte de una disputa territorial y agraria de larga duración entre comunidades de Chiapas y Oaxaca.

 

En 2021, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió la controversia constitucional relacionada con los límites territoriales entre ambos estados; sin embargo, esa resolución no implicó por sí misma la desaparición de los derechos agrarios reconocidos previamente a ejidos o comunidades, por lo que la situación agraria debe resolverse por las vías correspondientes.

 

La CEDH insistió en que ninguna diferencia sobre la tierra puede estar por encima de la vida, integridad, seguridad y dignidad de las personas y reiteró el llamado a las autoridades de Chiapas y Oaxaca a evitar una escalada del conflicto y garantizar una solución mediante el diálogo, la legalidad y el respeto a los derechos humanos.

 

 

 

No se tolerará ningún acto de violencia ni de despojo

 

 

 

Para evitar un enfrentamiento entre pobladores por el añejo problema por la disputa territorial en la región de Los Chimalapas, en los límites de Chiapas y Oaxaca, en las que campesinos de cuatro ejidos de la zona son forzados a incorporarse al régimen de bienes comunales o abandonan las tierras que actualmente trabajan, el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, reforzó la seguridad en la zona y advirtió que no se tolerará ningún acto de violencia ni de despojo.

 

El gobierno de Chiapas determinó mantener la presencia de la Guardia Estatal y de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP), con la finalidad de evitar cualquier tipo de conflicto, señaló.

 

El reforzamiento de la seguridad ocurre a un día de que cerca de 800 campesinos de la zona en disputa marcharon en la cabecera municipal de Cintalapa, por la preocupación que existe ante las amenazas de desalojo que, aseguran, han recibido por parte de comuneros de la zona de los Chimalapas.

 

Ramírez Aguilar comentó que su administración participa activamente en las negociaciones entre las partes, luego de las recientes movilizaciones de habitantes de comunidades de la zona noroeste de Cintalapa, quienes han exigido respeto a sus derechos agrarios y rechazado un eventual desalojo de las tierras que ocupan.

 

A través de un comunicado de este jueves difundido en redes sociales, el ejecutivo chiapaneco informó que las autoridades de ambas entidades y federales mantienen de manera permanente una mesa de diálogo para buscar una salida al conflicto agrario y con ello evitar que la disputa agraria se agudice.

 

De manera permanente en la mesa de diálogo instalada en torno al tema de Los Chimalapas, participando activamente con el objetivo de encontrar la mejor solución para ambas partes, agregó.

 

A la par de ello, como parte de las medidas preventivas se mantendrá la presencia de la Guardia Estatal y de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP), además de reforzar el despliegue con más elementos estatales y federales.

 

 

 

Del Montón

 

 

 

Con registros de asesinatos de 60 defensores de derechos humanos y 17 periodistas de 2024 a la fecha, Espacio OSC, una plataforma encargada del monitoreo de la situación de defensores de derechos humanos y periodistas, urgieron al gobierno de Claudia Sheinbaum “adoptar una política pública que garantice el derecho a defender y el periodismo”. En el contexto del segundo informe de gobierno de Sheinbaum, en su cuenta de X Espacio OSC puntualizó en que “la violencia contra personas defensoras y periodistas debe atenderse con urgencia” por lo que llamó a fortalecer el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras y Periodistas, que en los últimos años ha rechazado la incorporación de solicitantes. Tras señalar que a los homicidios de estos sectores sociales se suman desapariciones y varios tipos de agresiones, el colectivo de organizaciones de la sociedad civil señaló que “entre 2024 y junio de 2026 el Mecanismo recibió 409 solicitudes de protección”, de las cuales 289, es decir el 70.66 por ciento, fueron rechazadas. “Estas barreras dejan desprotegidas a personas solicitantes y beneficiarias; algunas incluso han perdido la vida con medidas o a la espera de incorporación”, apuntaron las organizaciones afiliadas a Espacio OSC. En su comunicación, la red de organizaciones alertó que “persisten desafíos en la coordinación institucional, los análisis de riesgo, la implementación de medidas y el monitoreo de los panes de protección”. * * * En el mensaje, el presidente nacional del PRI retomó una frase de Clemente Castañeda: “El PRI no tiene autoridad moral para convocar ni a una borrachera”. A partir de esa declaración, respondió que mientras su partido habla de construir una oposición para enfrentar a Morena, Movimiento Ciudadano habla de “borracheras”. Moreno también mencionó a Jorge Álvarez Máynez y dijo: “Si de borracheras quieren hablar, pregúntenle a Álvarez Máynez”. El video intercala esa alusión con imágenes del líder emecista en una especie de festival en aparente estado de ebriedad. Eso es todo por hoy, hasta el próximo domingo primero Dios con más de lo mismo.

 

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