Repartidores de tortilla denuncian extorsión de agentes de Vialidad Municipal de Cacahoatán
*Operan con la anuencia y complicidad del alcalde Víctor Pérez Saldaña.
Cacahoatán, Chis., 26 JUN.-Repartidores de tortilla denunciaron presuntos actos de extorsión por parte de elementos de la Policía Vial Municipal de Cacahoatán, luego de que les aseguraran sus motocicletas y la mercancía que transportaban sin mostrar el reglamento, oficio o fundamento legal que respaldara el operativo.
De acuerdo con los afectados, los hechos ocurrieron el pasado 22 de junio, cuando agentes municipales los interceptaron mientras realizaban sus recorridos habituales de reparto. Los oficiales argumentaron que estaba prohibido distribuir tortillas en motocicleta; sin embargo, al solicitarles el sustento jurídico de esa supuesta prohibición, no presentaron ningún documento oficial.
Los repartidores señalaron que posteriormente los agentes justificaron la acción con una presunta disposición de Cofepris, aunque tampoco exhibieron oficio, resolución o acuerdo alguno que acreditara dicha medida.
Lo que sí fue una constante, denunciaron, fue la exigencia de pagar multas superiores a los 2 mil 500 pesos para poder recuperar tanto las motocicletas como la mercancía asegurada, situación que calificaron como un acto de abuso de autoridad y una forma de extorsión que afecta directamente su fuente de ingresos.
Los trabajadores sostienen que no buscan evadir la ley, sino que las autoridades actúen con apego a derecho y transparenten cualquier disposición que pretenda restringir su actividad laboral.
Este caso se suma a diversos señalamientos ciudadanos contra la Policía Vial Municipal por presuntos abusos, aplicación discrecional de sanciones y posibles actos de corrupción, sin que hasta el momento se conozcan investigaciones o sanciones contra los elementos involucrados.
Mientras tanto, habitantes de Cacahoatán cuestionan que la administración encabezada por Víctor Pérez Saldaña concentre operativos contra personas que trabajan diariamente para sostener a sus familias, cuando el municipio continúa enfrentando problemas como calles deterioradas, baches, riesgos viales, inseguridad y un creciente desorden urbano.
Además del impacto económico para los repartidores, el aseguramiento de las motocicletas afecta a decenas de familias que dependen del servicio de entrega a domicilio, especialmente adultos mayores, personas con discapacidad y ciudadanos que por distintas razones no pueden acudir personalmente a comprar este alimento básico.
Los denunciantes hicieron un llamado a las autoridades municipales para que actúen con legalidad, transparenten los operativos y garanticen que ninguna acción de gobierno se convierta en un mecanismo de presión económica contra quienes diariamente salen a trabajar.
Noticias/Diario Tribuna Chiapas/2026

