Por la incursión de la policía de Chiapas a territorio guatemalteco, se deben sancionar a los que resulten responsables de la Secretaría de Seguridad Pública del Pueblo
Tuxtla Gutiérrez, Chis., 10 JUN.-Chiapas vive desde 2021 en medio de un fuego cruzado, entre el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación, que ha desatado una crisis de violencia inédita en la región en detrimento de la paz en los municipios fronterizos en donde bandas de criminales se diputan el territorio.
Las denuncias y los indicios de la infiltración de las organizaciones criminales en los tres niveles de Gobierno -federal, estatal y local- han sido habituales en los últimos años por parte de organizaciones de derechos humanos e incluso la Iglesia católica. Lo que ha sido menos común es ver dichas denuncias convertidas en acciones legales.
A mediados de diciembre pasado, luego de ser creada por el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, a ocho días de su toma de posesión la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP), un nuevo comando de las fuerzas de seguridad estatal, la prensa local, nacional e internacional daba cuentas de operativos exitosos a favor de la pacificación y tranquilidad de los pueblos que durante esos años había vivido bajo el asedio del terrorismo de las bandas criminales.
Eduardo Ramírez, el nuevo gobernador de Chiapas (2024-2030), tomó posesión del cargo el 8 de diciembre, día en que su primera medida oficial fue la creación de FRIP, formado por 700 policías, 10 vehículos blindados, 200 camionetas y cuatro helicópteros, para el cual se destinó un presupuesto para este 2025 de 57 millones 712 mil pesos.
En la investidura, prometió que “la paz volverá a los caminos de Chiapas”, un reconocimiento tácito de la violencia que no había sucedido con su predecesor, Rutilio Escandón. El exgobernador, cuñado de Adán Augusto López, actualmente presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, alto cargo de Morena, el partido en el poder, fue premiado con el consulado de Miami después de una gestión política marcada por la inseguridad.
A seis meses del lanzamiento a escena pública, la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal ya enfrenta diversas enfrenta acusaciones por abusos policiales acusaciones por abusos policiales, Los “pakales” han sido señalados por organizaciones civiles y religiosas por cometer abusos como detenciones arbitrarias, tortura, corrupción y uso excesivo de la fuerza en Chiapas.
La FRIP está integrada por 700 elementos que ganan 50 mil pesos al mes, con el argumento de que con un buen sueldo no pueden ser corrompidos. Además, están bien equipados: de acuerdo con las autoridades, gracias a una inversión de mil millones de pesos en equipamiento y tecnología, disponen de 200 vehículos, 10 unidades blindadas, cuatro helicópteros y dos drones. Sus integrantes vienen de la Policía Federal, de la Guardia Nacional, de la Semar y de la Defensa.
La fama de los pakales conforme pasan los días se deteriora y la poca confianza que había para el grupo viene de más a menos, luego que el gobernador Ramírez Aguilar, tuvo que salir al paso de las críticas y ordenar la destitución de José Carlos Lemus Vidal, comandante de la FRIP), en el municipio de La Concordia, luego que un elemento de dicha corporación lo denunció públicamente por presunta “corrupción y complicidad” con grupos criminales.
Los “pakales”, además de ignorantes, están tan inflados que creen que pueden actuar con impunidad fuera de su jurisdicción
Si la presidenta Claudia Sheinbaum rechazó una propuesta de Donald Trump sobre una intervención del Ejército de Estados Unidos en territorio mexicano para combatir a los terroristas, ella debe ser congruente con lo que predica y no permitir excesos como los de la policía de Chiapas que violó la soberanía de Guatemala al incursionar al territorio en persecución de un grupo criminal que operan en ambos países.
Manuel Blanco Urbina, presidente de la Federación de Colegio, Barras y Asociaciones de Abogados de Chiapas, dijo que cualquier policía debe tener presentes los protocolos antes de actuar, si no los aplica es porque no los conocer y esa ignorancia hacen que comentan errores graves y en donde por su incapacidad ponen en aprietos a dos naciones que hasta ahora mantienen buenas relaciones.
El hecho es que la policía de Chiapas ingreso a un territorio sin la autorización de este, no tienen ningún derecho de perseguir a delincuentes solo para vengar una afrenta por los cinco policías que ejecutados hace unos días en Frontera Comalapa; no se puede actuar al calor de las balas.
A la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal les faltó comunicación con las autoridades guatemaltecas, llámese política o ejército alertando la presencia de delincuentes que habían cruzado los limites fronterizos, en lugar de invadir para cazar a los delincuentes, expuso.
Es una situación irregular muy grave que debe ser sancionada, al menos ya hubo una reacción cuando el Gobierno de Guatemala envió una nota diplomática a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México, debido a la incursión de autoridades de Chiapas al país centroamericano durante un enfrentamiento armado.
Los limites entre ambos países ya están bien definidos, no hay margen para ninguna equivocación, ahí esta las autoridades, hay controles de entrada y salida de ciudadanos, esta la policía, el ejército que custodian la frontera para que no crucen los cárteles de la droga, pero la policía de Chiapas actúa por su cuenta, por lo que amerita ser sancionada.
Los policías de Chiapas pudieron actuar como un acto de venganza, por sus cinco compañeros ejecutados y los andaban cazando, el domingo lo vieron y decidieron hacerse justicia por su propia cuenta, cuando el gobernador Ramírez Aguilar, al condenar los hechos, advirtió que no va permitir que vuelvan los hechos de violencia a Chiapas; eso se acabó y no tenemos miedo; habrá una respuesta fuerte y contundente. Los hechos hablan por sí solos, dijo.
Blanco Urbina criticó al gobernador Eduardo Ramírez por hacer declaraciones a la ligera al señala que es muy delicado que autoridades encargadas de velar por la seguridad de sus conciudadanos participen en estos actos.
No es cosa menor estar coludidos, pero lo que es peor es estar al servicio de la delincuencia, indicó Ramírez Aguilar en referencia directa a la posible participación de elementos de corporaciones guatemaltecas en apoyo a grupos delictivos, citó Blanco Urbina.
En conclusión, Blanco Urbina dijo que la policía de Chiapas con la incursión a territorio guatemalteco violó su soberanía, y al calor de las balas, violaron la ley y por lo tanto debe proceder una sanción contra los que resulten responsables, en este caso el secretario de Seguridad Pública del Pueblo, el piloto aviador, Oscar Alberto Aparicio Avendaño y los que resulten
Noticias/Diario Tribuna Chiapas/2025