Piden familiares de indígenas presos su liberación por ser inocentes
*“Denuncian que Fiscal del Ministerio Publico Indígena Actúa Bajo Corrupción y Tráfico de Influencia”
Roselino Jiménez
San Cristóbal de las Casas, Chis., 02 SEP.-Familiares de presos indígenas injustamente del municipio de Zinacantán, pidieron la intervención de organismos nacionales e internacionales de derechos humanos, así como de las autoridades competentes en de impartición de justicia para que buscar una solución apegada a derecho a los casos de José Pérez Conde, José Vásquez Pérez y Yovanny Virgilio Solís Molina.
Señalan que éstos fueron acusados por el agente de ministerio público de la Fiscalía regional indígena como autores intelectual y material del homicidio de Mariano Pérez de la Cruz, bajo el expediente penal 79/2016, lo cual es el de origen pero que hoy esta diferido actualmente y ha sido radicado en el expediente 19/2018.
Por la falta de capacidad del ministerio público y la forma tan aberrante y oscura con la que fue integrado el primer expediente bajo la carpeta de investigación 391-078-1001-2016, en el juzgado de control y tribunal de enjuiciamiento del distrito de San Cristóbal de las Casas, denuncio María Magdalena de la Cruz Gómez, familiar de uno de los recluidos en el CERESO y el pastor Juan Gregorio Pérez Sánchez, de la iglesia Jesús es el camino.
De manera por demás oscura y corrupta el agente del ministerio público ha actuado con tráfico de influencia ya que el mismo a convertido este caso en político por la forma como ha querido integrar los expedientes penales con pruebas y testigos inexistentes para mantenernos privados de nuestras libertad a pesar de que nosotros hemos presentado las pruebas requeridas para demostrar nuestra inocencia en el caso del Homicidio de Mariano Pérez de la Cruz.
Sin embargo, el fiscal del ministerio público ha buscado todas las formas para estar difiriendo durante casi dos años muestra audiencia de debate de juicio oral que por derecho nos corresponde ya que el código nacional de procedimientos penales establece que el tribunal de enjuiciamiento deberá celebrar una audiencia de debate no antes ni después de 60 días naturales.
No obstante, nuestros familiares llevan alrededor de dos años sin que se pueda llevar a cabo dicha audiencia lo cual ha sido diferida durante siete veces a petición del fiscal del ministerio público, con diversos pretextos e imputaciones que carecen de pruebas que van desde la falta de sus testigos y pruebas fidedignas que sabe que no podrá probar durante esta audiencia porque todos es falso y solo actuó por tinte político y los verdaderos culpables siguen libres.
Insistió que el caso está bien oscuro y manipulado por la fiscalía regional de justicia indígena ya que en el mismo año 2016, el agente del ministerio público reabre otro expediente con número 18/2017, el cual ya había sido juzgado y del cual fui absuelto de toda culpabilidad de un problema pos electoral en el año 2010, suscitado en la comunidad de Nachig municipio de Zinacantán, donde dicho expediente se desahogó conforme a la ley por testigos que declararon presuntamente en mi contra y que nuca se presentaron a ratificar su declaración.
Por eso que conforme a derecho que interpuse el recurso de amparo lo cual este me fue concedido por la justicia federal pero no obstante el ministerio publico presento el recurso de revisión el cual se resolvió a favor de José Pérez Conde, y de los cuales se tienen las conclusiones del ministerio público y la defensa.
Noticias/Diario Tribuna Chiapas/2018