“Nos vemos en la Corte”, dicen legisladores de oposición a AMLO por acuerdo que ‘blinda’ megaobras de la 4T
*INAI alista controversia constitucional contra decretazo de AMLO
*CCE rechaza decreto para blindar proyectos prioritarios del Gobierno por violentar al Estado de Derecho
Ciudad de México, 23 NOV.-Diputados y senadores de oposición anunciaron que juntarán las firmas necesarias para presentar una acción de inconstitucionalidad contra el acuerdo del presidente Andrés Manuel López Obrador que declara las obras de infraestructura del gobierno federal como proyectos de “interés público y de seguridad nacional”.
La acción de inconstitucionalidad es el recurso legal que se tramita en forma exclusiva ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para denunciar leyes o decretos que se oponen a la Constitución. Esta medida puede ser promovida por los legisladores federales de las bancadas minoritarias.
Los coordinadores parlamentarios del PAN, PRI y PRD en la Cámara de Diputados anunciaron que comenzarán el análisis legal al considerar que el acuerdo de López Obrador busca blindar y opacar obras, invade competencias del Poder Legislativo y es “flagrantemente ilegal”.
El coordinador del PAN, Jorge Romero, alertó que, con los permisos provisionales para las obras, el gobierno pretende dar de manera fáctica los estudios de viabilidad presupuestal; todos los estudios que sean derivados de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Servicio Público; las manifestaciones de impacto ambiental; las evaluaciones de riesgo, incluso las consultas ciudadanas o indígenas.
“Le decimos no al decretazo (…) Estos son los nuevos segundos pisos de Andrés Manuel, así de simple, es la réplica de lo que hizo cuando fuera jefe de Gobierno ahora como presidente de un tema tan delicado como es la seguridad nacional”, dijo.
“Hace poco nos señalan que en la construcción del aeropuerto Felipe Ángeles, se usaron empresas fantasmas y ahora nos quieren decir que esta obra es de seguridad nacional, para que ninguno de ustedes (periodistas), ni ninguna mexicana o mexicano, podamos preguntar y ver todos esos contratos, esto es inaudito”, añadió el legislador.
El presidente de la Junta de Coordinación política y coordinador del PRI, Rubén Moreira, enfatizó que la clasificación de seguridad nacional es para todo aquello que compromete al Estado mexicano y ninguna obra pública lo hace.
“Nos parece preocupante que se utilice el término de seguridad nacional para blindar, opacar obras que, a todas luces, son las obras de infraestructura que el presidente de la República ha decidido llevar al cabo”, añadió el perredista, Luis Espinosa Cházaro.
La vicecoordinadora del PAN en el Senado, Kenia López Rabadán, consideró que el presidente no puede “pisotear” la Constitución.
“Cree que puede pisotear la Constitución a su antojo, pero se topará con pared. Su decreto es autoritario y busca generar opacidad escudándose en la “seguridad nacional”. Es claramente inconstitucional. Le anticipo de una vez: Nos vemos en la Corte”, escribió en su cuenta de Twitter.
El grupo parlamentario plural en el Senado también fijó posición al considerar preocupante que López Obrador quiera confundir a la sociedad.
“Las razones que se ofrecen para justificar este decreto son una vil tomada de pelo. Por otra parte, tenemos tiempo advirtiendo de la participación cada vez más activa de las fuerzas armadas en la administración pública. Con las recientes declaraciones del secretario de la Defensa Nacional vemos con más preocupación que el Ejército ya no sólo realiza tareas civiles, también políticas”, declaró Alejandra León Gastélum.
INAI alista controversia constitucional contra decretazo de AMLO
El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) prepara una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en contra del Acuerdo por el que los proyectos y obras de infraestructura del Gobierno de México son considerados de interés público y seguridad nacional.
Las y los comisionados analizaron este martes los alcances del Acuerdo, y determinaron interponer la querella, a fin de “evitar que las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal reserven por seguridad nacional, de manera generalizada y anticipada, la información relacionada con los proyectos y obras que el gobierno lleva a cabo”.
Advirtieron una posible transgresión al artículo sexto de la Constitución, el cual señala que “toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural y oportuna, así como a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión”, así como que “el derecho a la información será garantizado por el Estado”.
Reconocieron que la seguridad nacional es objeto de reserva de la información, de acuerdo al artículo 113 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
“En ese sentido, se corre el riesgo de que los sujetos obligados que generan la información de estos proyectos puedan pretender reservar información con base en el Acuerdo, lo cual vulneraría el derecho de acceso a la información”, explicaron a través de un comunicado.
Adelantaron que será en los próximos días, cuando el Pleno del INAI aprobará en sesión pública el acuerdo correspondiente, con los puntos a controvertir y los argumentos jurídicos.
CCE rechaza decreto para blindar proyectos prioritarios del Gobierno por violentar al Estado de Derecho
Preocupación y desacuerdo provocó al Consejo Coordinador Empresarial (CCE) el decreto del presidente Andrés Manuel López Obrador que blinda sus obras de infraestructura como el tren maya o la refinería, puesto que es violatoria a diversas leyes, transgrede facultades de otros poderes, sobre todo, incentivará la corrupción.
El presidente del CCE, Carlos Salazar, afirmó que el acuerdo presidencial de proyectos y obras vulnera el Estado de Derecho, por lo que externó su rechazo, al no estar debidamente fundamentado ni motivado, al “exceder la ley en la definición de seguridad nacional, es violatorio de diversas leyes e invade las facultades del Poder Legislativo. Asimismo, puede usarse para evitar obligaciones de transparencia y rendición de cuentas e incentivar la corrupción”.
A través de un comunicado, el organismo privado dijo que al equiparar los proyectos federales a este régimen, evade diversas normas constitucionales y legales que tienen por función proteger los derechos humanos, el medio ambiente, la transparencia y acceso a la información pública, la libre concurrencia, los procedimientos y licitaciones para garantizar las mejores condiciones de contratación con recursos públicos, la división de poderes y la lucha contra la corrupción.
Señaló que la Constitución reserva el régimen excepcional de seguridad nacional exclusivamente a casos graves que lo justifiquen y, en todo caso, por decisión del Poder Legislativo, que representa la pluralidad democrática en México, por lo que este acuerdo pone al Ejecutivo por encima de la ley.
No obstante, el CCE refirió que el acuerdo presidencial abarca proyectos indeterminados asociados a infraestructura de la gran mayoría de los sectores y aquellos que, por su objeto, características, naturaleza, complejidad y magnitud, se consideren prioritarios y/o estratégicos para el desarrollo nacional.
Decreto de AMLO que blinda megaobras genera críticas
Ayer por la tarde, el Diario Oficial de la Federación publicó el acuerdo por el cual las obras de infraestructura del gobierno quedan categorizadas como de seguridad nacional, por lo que especialistas alertaron de que ello abre la puerta a la opacidad.
El ministro en retiro, José Ramón Cossío afirmó desde su cuenta personal de Twitter que el acuerdo es a todas luces inconstitucional. Con información de EL UNIVERSAL, EL ECONOMISTA y Latinus
Noticias/Diario Tribuna Chiapas/2021