Magistrados federales denuncian ante la CIDH “crisis estructural” de la independencia judicial en México
*María Emilia Molina y Pablo Héctor González, los magistrados denunciantes, señalaron que la crisis de independencia tras la reforma judicial tiene consecuencias directas para los ciudadanos.
Alfredo Maza
Ciudad de México, 09 MAR.-Magistrados federales comparecieron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para denunciar la existencia de una crisis estructural de la independencia judicial en México, un hecho que aseguraron representa un “deterioro acelerado que amenaza el acceso efectivo a la justicia de más de 130 millones de personas”.
La denuncia fue expuesta por la magistrada María Emilia Molina y el magistrado Pablo Héctor González, ambos en calidad de retiro forzado, que aseguraron ante las y los comisionados que los cambios implementados en México tras la aprobación de la reforma judicial en 2024 -por la que se destituyó a jueces, magistrados y ministros de todo el país- no son simples ajustes, sino una “transformación que debilita garantías estructurales” del país.
La denuncia se expuso durante la audiencia regional de oficio titulada “Situación de Personas Operadoras de Justicia”, durante el 195 período de sesiones de la CIDH en Guatemala, donde otros representantes de naciones como Guatemala, El Salvador, Chile, Ecuador, Perú y Venezuela señalaron un patrón regional de hostigamiento y debilitamiento institucional de los Poderes Judiciales.
La estabilidad judicial, por “criterios aleatorios”
Según los magistrados mexicanos, una de las mayores problemáticas tras la implementación de la reforma judicial se puede notar en la estabilidad de la carrera judicial -mecanismo de formación especializada mediante el cual desde personal jurisdiccional podría ascender a juez o magistrado mediante concursos de oposición-, misma que se ha visto afectada, así como la permanencia de cientos de juzgadores de carrera que “dejó de depender del mérito y de criterios objetivos y pasó a determinarse por criterios aleatorios como el azar”.
La magistrada María Emilia Molina, quien se presentó como presidenta de la Asociación Mexicana de Juzgadoras, señaló que muchos juzgadores de carrera han enfrentado un “menoscabo sistemático de nuestras condiciones laborales, intimidaciones, presiones institucionales, y hasta sanciones encubiertas (lo que) desalienta el juicio independiente y premia la obediencia” y ha “forzado a colegas a separarse del cargo”.
Aunado a esto, denunció que el nuevo Órgano de Administración Judicial (OAJ) ha otorgado “trato diferenciado a jueces electos y jueces de carrera”, negando licencias médicas o urgentes a los de carrera.
De hecho, a finales de noviembre de 2025 la magistrada María Emilia Molina denunció que el nuevo OAJ la orilló a presentar su renuncia, tras negarle una licencia médica por “causa grave” sin goce de sueldo.
Ahora, al estar al frente de la CIDH, la magistrada afirmó que el mensaje institucional es “inequívoco, doblegar o provocar la renuncia”. De acuerdo con la juzgadora, esta presión se extiende a la situación de más de 150 juzgadores retirados que no han recibido su pago después de seis meses, lo que también es considerado un “castigo”.
Denuncian mecanismos disciplinarios y administrativos como herramientas de presión
Durante la audiencia de oficio, los magistrados federales también expusieron el uso de mecanismos disciplinarios y administrativos como herramientas de presión, señalando directamente al nuevo Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ) -creado tras la aprobación de la reforma judicial- por “operar sin salvaguardias suficientes de independencia” que también generan “miedo al decidir”.
En este sentido, la magistrada María Emilia Molina aseguró que se tiene documentado un caso considerado “paradigmático”.
“Un juez suspendido por un órgano incompetente sin procedimiento legal adecuado y de forma expedita tras la petición pública de la presidenta de la República”, Claudia Sheinbaum.
De acuerdo con la juzgadora, este caso se originó luego de que el juzgador ejerció el llamado control de convencionalidad -un mecanismo jurídico mediante el cual los juzgadores verifican que las leyes, actos y normas internas se ajusten a la jurisprudencia de la CIDH, así como a la Convención Americana sobre Derechos Humanos-, lo que a su parecer envía un “mensaje disuasivo a todo el sistema judicial”.
Estas presiones se traducen también en riesgos a la integridad física, pues también se denunciaron “cambios de adscripción ordenados por órganos sin competencia” que resultan en “reubicaciones forzadas e ilegales hacia regiones con altos niveles de violencia”. Estas decisiones, según Molina, “no solo ponen en peligro nuestra vida, condicionan el contenido de las resoluciones”.
Exponen vulnerabilidad ante el crimen organizado
Por su parte el magistrado Pablo Héctor González, quien se presentó como integrante de la Red por la Independencia Judicial, agregó que los jueces también están siendo “señalados públicamente por sus resoluciones” y que “se han abierto carpetas de investigación en la Fiscalía General contra personas juzgadoras por el sentido de sus decisiones”.
Además, el magistrado advirtió que la “infiltración del crimen organizado en distintos niveles del estado ha dejado a la judicatura en una situación de seria vulnerabilidad”, una condición que “se incrementa significativamente al abrir la elección a procesos electorales”.
De acuerdo con el juzgador, esta crisis de independencia tiene consecuencias directas para los ciudadanos. Por ejemplo, el rezago judicial que ha aumentado y los tiempos para resoluciones que se han extendido, así como que los litigantes del país ven como principales alarmas la “justicia por encargo”, el temor a sanciones del nuevo tribunal disciplinario y la “improvisación de personas sin experiencia judicial” que hoy deciden sobre bienes jurídicos fundamentales de las y los ciudadanos.
Ambos magistrados en retiro concluyeron que la crisis en México no es un problema individual, es un problema estructural para la garantía de los derechos humanos, por lo que le pidieron a la CIDH dar seguimiento reforzado a la situación, instar al Estado mexicano a adoptar medidas urgentes para garantizar la seguridad de las personas juzgadoras y “vigilar el uso del nuevo régimen disciplinario y administrativo conforme a los estándares interamericanos”.
“A los demás países presentes en esta audiencia les digo claramente, no permitan que este modelo se replique. Mi país ofrece un ejemplo preocupante en la región. Defender la independencia judicial hoy es defender los derechos de quienes más necesitan justicia mañana”, dijo la magistrada María Emilia Molina al terminar su participación.
Noticias/Diario Tribuna Chiapas/2026

