Las organizaciones campesinas e indígenas existen por necesidad y no por capricho: CNPA MN
Ciudad de México, 12 MAR.-La Coordinadora Nacional Plan de Ayala – Movimiento Nacional, a través de Alberto Galindo García integrante de la Comisión Ejecutiva, aseguró que las organizaciones indígenas y campesinas existen por necesidad y no a capricho de gobernantes en turno.
Por lo anterior, en el marco del plantón que realizaron militantes de esta organización frente a las oficinas centrales de Sedatu, que encabeza Román Meyer Falcón pidió al Estado reconocer el papel que se juega para fortalecer el tejido social de las comunidades y “respetar nuestro papel de gestión”.
Alberto Galindo García indicó que el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, ejerce un poder absoluto y centralista donde doblega a los gobernadores, incluso controla las porras y las rechiflas.
En tanto que los miembros del Gabinete Legal y Ampliado están pasmados, inactivos pues no se está ejerciendo gobierno desde las Secretarías de Estado, sino desde las conferencias mañaneras.
Por eso, añadió, los Secretarios de Estado deben despertar, asumir las funciones propias del cargo ante una sociedad organizada que les demanda atención.
Andrés Manuel López Obrador ha marcado su distancia de los sectores organizados y ello ha sido pretexto para que algunas dependencias suspendieran incluso los apoyos a refugios de mujeres víctimas de violencia y Estancias Infantiles.
Esta muestra de “un gobierno anti organización, anti movimiento social”, lo disfraza de lucha contra la corrupción y contra las Organizaciones de la Sociedad Civil cuando en realidad hay un desdén por los luchadores sociales.
Consideró que la indiferencia en la conflictividad social en Chiapas o la ofensiva contra los opositores al Proyecto Integral Morelos confirman esa política anti movimiento social por ello la CNPA MN desde el pasado lunes comenzó una Jornada de Lucha en varias delegaciones de la SADER en Nayarit, Veracruz, Tabasco, Chiapas y Oaxaca.
Sin bien existe una reunión programa con el titular de SADER, Víctor Villalobos Arámbula para el 21 de Marzo, la movilización en diferentes estados seguirá para exigir interlocución con las secretarías de Estado responsables de la política agropecuaria, social y agraria del país.
“Hay que decirle a los secretarios de Estado, en público y en privado, que es totalmente erróneo multiplicar los recursos asistencialistas en demérito de los recursos para inversión en infraestructura productiva”.
Tan solo en SADER, dijo, el presupuesto no varía significativamente, pero si reduce en la vertiente de Competitividad, mientras que el Crédito Ganadero a la Palabra apunta a revivir vicios de corrupción alejándolo de las intenciones de producción y productividad.
Por lo que respecta a la Secretaría del Bienestar, de los miles de árboles que pretenden sembrar, cabe denunciar que existen las plantas ni los viveros que abastezcan según lo necesario para cada región; no garantiza que se siembren todos y de lo sembrado no garantiza su cuidado y conservación en el correr de los años.
En Sedatu, denunció, han reducido el presupuesto de conflictos agrarios y la Subsecretaría de Ordenamiento Territorial pretenden bajarla a nivel de dirección. Dejan sin presupuesto al Fondo Nacional de Habitaciones Populares (FONHAPO), para quitarle la Vertiente de Vivienda Rural y lo trasladan a la Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI) donde, por la imposición de constructoras se duplican los costos.
Los Cuartos Rosas en el sexenio anterior le costaban al erario público $44,000.00 cada unidad, mientras en procesos de autoconstrucción se lograban hacer con montos de $24,000.00 por unidad.
Abandonar la Vivienda Rural implica, dijo, el abandono de una política que ha demostrado elevada orientación social. En cambio, sus proyectos como Amlópolis, donde pretenden construir 1 millón de viviendas se orienta a favor de las constructoras y en los alrededores de grandes ciudades.
Los compañeros de la Sierra de Huayacocotla, Veracruz, continuarán exigiendo se reconozcan las 5,400 has dotadas por Resolución Presidencial a la comunidad indígena Villa de Huayacocotla y no al ejido “La Selva” impuesto sobre sus mismas tierras.
Los compañeros de Ixtapangajoya, Chiapas, exigen que se les reconozca la posesión de Tierras Nacionales y que los ganaderos de Tabasco dejen de demandar lo que no es suyo; mientras que los ejidatarios de Acaponeta, Nayarit exigen que les paguen por afectaciones de la autopista concesionada a Grupo Carso desde hace 10 años.
Noticias/Diario Tribuna Chiapas/2019