LA REBELDIA DE LOS “DIDIS”
Roger Laid
Los vehículos de plataformas, conocidos popularmente como “didis”, vinculados a la empresa DiDi, se han manifestado en al menos un par de ocasiones para oponerse a la obligación de regularizarse y cumplir con el pago de impuestos.
Para hacerse pasar como víctimas, han utilizado el término “cobro de derecho de piso” a lo que simplemente es “impuesto”.
Aunque estas protestas no han afectado directamente a los usuarios, sí evidencian un problema de fondo: la resistencia de un amplio sector de choferes a incorporarse al marco legal que rige al transporte público.
La insistencia por operar de manera irregular ha llevado a algunos conductores a confrontarse abiertamente con el gobierno y, en particular, con la Secretaría del Transporte y Movilidad, instancia responsable de regular este servicio.
De acuerdo con versiones recogidas entre transportistas y trabajadores del sector, el crecimiento desmedido de estas unidades se ha visto favorecido -aseguran muchos- por un alto nivel de corrupción, así como por la presunta participación de funcionarios, amistades cercanas a servidores públicos del transporte e incluso personas vinculadas al entorno de la Fiscalía, quienes tendrían unidades operando mediante terceros, pagando comisiones a los choferes.
La postura del gobierno es clara: quienes prestan servicio de transporte deben cumplir con las mismas obligaciones que los taxis concesionados, como el pago de impuestos, contar con tarjetón de operador y con un seguro para el pasajero.
Eso es precisamente lo que los operadores de plataformas no quieren aceptar.
Por esa razón, hoy existen miles de unidades trabajando sin que la Secretaría del Transporte tenga un control real sobre ellas. Por dos cosas, una porque seguramente hay una mano amiga que cubre intereses de propios funcionarios y dos, porque el nivel de corrupción es un pulpo igual que el del transporte, grande, grande.
La preocupación no es menor.
Si, Dios no lo quiera, algún chofer llegara a cometer un delito o a afectar a un usuario, la identificación del responsable podría resultar complicada, ya que la propia plataforma ofrece información limitada sobre los operadores, lo que deja en evidente desventaja tanto a las autoridades como a las víctimas.
La regularización ya no es un asunto administrativo: es un tema de seguridad para los usuarios y de equidad para quienes sí cumplen la ley.
La pregunta de fondo sigue abierta: ¿y cómo pretende frenar la ola de corrupción la Secretaría del Transporte y Movilidad, encabezada por Albania Gómez Hipólito al frente de la Secretaría del Transporte y Movilidad de Chiapas?
¿Se dejará llevar por la presión social la titular del transporte, de quien se sabe que existe temor al enfrentamiento directo con estos grupos?
Hoy, a los llamados “didis” se les solicita únicamente un Visto Bueno y, posteriormente, ya no se exige a la plataforma el costo de un segundo y tercer viaje, bajo el argumento -expresado por los propios operadores- de que es mejor negociar directamente con ellos, ya que la plataforma les descuenta una parte considerable de sus ingresos. Allí esta el hilo de la corrupción.
Puntos Suspensivos…
Los choferes “didis” se han reunido independiente de la plataforma y se olvidaron que son persona moral y están generando reuniones sin sentido. No hay un padrón exacto y cada día crece sin control, ni la SMyT hace algo por ejemplo operativos específicos ni sale aplicar el reglamento ya que los autos no tienen distintivo alguno, y la plataforma no hace nada para coordinarlos y menos la SMyT. Seguramente altas autoridades ya se dieron cuenta que Albania Gómez Hipólito titular del transporte no ha podido con el tema, pero si ha incrementado la corrupción comprometiendo al buen gobierno. ¿la mantendrán aun en el encargo? ¿a quién benefician un grupo minoritario de los “didis” al reunirse independiente?
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