La farsa de la elección judicial de México
*Críticos del gobierno y analistas independientes advirtieron que la reforma radical mediante elecciones populares politizaría los tribunales
Agencia Reforma
Ciudad de México, 02 JUN.-México celebró ayer elecciones para elegir puestos en el Poder Judicial y críticos del gobierno y analistas independientes advirtieron que la reforma radical mediante elecciones populares politizaría los tribunales, poniéndolos bajo el yugo del populismo corporativista del partido Morena y no se equivocan, dijo Mary Anastasia O’Grady, en un editorial publicado ayer en The Wall Street Journal.
O’Grady indicó que ese es el objetivo del ex Presidente Andrés Manuel López Obrador, quien impulsó la reforma constitucional al dejar el cargo el año pasado. De esta manera, cuando el Estado quiera discriminar a los inversionistas privados en favor de sus propios intereses, los derechos de propiedad y los contratos no se interpondrán.
La columnista indicó que AMLO quiere que México se parezca más a como era en la década de 1970 y este es un paso en esa dirección.
El votante promedio en la Ciudad de México recibió nueve papeletas y se le pidió que eligiera a 51 jueces de entre 293 candidatos, según Integralia, una consultora de riesgo político con sede en la Ciudad de México. A la mayoría de los ciudadanos les habría resultado casi imposible estar bien informados sobre sus decisiones.
La complejidad no fue el único problema. La balanza se inclinó a favor de los candidatos de Morena, quienes fueron elegidos por el gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum y la legislatura controlada por Morena por su reconocimiento y no por sus méritos.
El débil Estado de derecho en México no es nuevo. Pero los Presidentes Ernesto Zedillo (1994-2000) y Felipe Calderón (2006-2012) aprobaron reformas judiciales destinadas a profesionalizar los tribunales y a reducir su politización. Durante casi un cuarto de siglo, la democracia mexicana había avanzado lentamente hacia la separación de poderes, destacó O’Grady.
Pero AMLO tenía otras ideas. Durante su sexenio (2018-2024), los tribunales frustraron su agenda estatista al defender el Estado de derecho. Se dio cuenta de que para centralizar el poder en el ejecutivo necesitaba un poder judicial obediente, indicó.
Para empezar, se apoderó del Tribunal Federal Electoral y del Instituto Nacional Electoral, que se supone debe arbitrar las campañas y las elecciones. De este modo, eliminó cualquier control sobre sus intervenciones ilegales en las campañas de 2024 para la legislatura y la presidencia.
Tras las elecciones, el instituto electoral de AMLO manipuló las reglas de representación proporcional para otorgar una mayoría de dos tercios a Morena y sus aliados en la Cámara de Diputados. En el Senado, el gobierno supuestamente empleó la amenaza de un proceso judicial por corrupción contra un miembro de la oposición para obligarlo a cambiar de bando. Con supermayorías en ambas cámaras, convirtió las elecciones judiciales en ley.
En la elección de ayer, para emitir nueve votos informados para la Suprema Corte, un ciudadano tendría que conocer los requisitos del puesto, estudiar los currículos de 64 candidatos, evaluar sus cualidades y asegurarse de votar por cinco mujeres y cuatro hombres para cumplir con las reglas de paridad de género. Eso fue solo el preámbulo.
El mismo votante tuvo que enterarse de 15 candidatos que se postulaban para dos vacantes en el Tribunal Federal Electoral y 20 candidatos que competían por tres vacantes en tribunales electorales regionales.
Los inversionistas de cartera que viven de los diferenciales de tasas de interés entre el peso y el dólar están contentos por ahora. Y México aún cuenta con las ventajas del nearshoring.
Pero el alto costo de acabar con la independencia del poder judicial es incalculable. Aumentará la inseguridad en un momento en que el Gobierno federal está en quiebra y el capital para energía, parques industriales y tecnología debe provenir de inversionistas nacionales y extranjeros. ¿Confiarán en un poder judicial que actúa como subsidiario del Estado? En el margen…probablemente no.
Noticias/Diario Tribuna Chiapas/2025