La desaparición forzada por motivos políticos o sociales persiste en México, pero para AMLO los hechos de violencia de Estado son cosa del pasado y no del presente: El Insurgente
*El actual gobierno, en la medida que no va a fondo para su solución, se vuelve cómplice y protege a dichos criminales que aun ejercen funciones institucionales
Ciudad de México, 18 OCT.-En el caso de la desaparición forzada de nuestros compañeros Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya, queda expuesta la política de gobierno para todos los casos de desaparición forzada, el Estado mexicano simula voluntad de atención a las víctimas y a la vez fortalece la maraña burocrática para negar el derecho a la verdad y mantener la impunidad de los perpetradores del terrorismo de Estado que aún transitan por los pasillos de las instituciones gubernamentales y castrenses, asegura en su editorial El Insurgente del Partido Democrático Popular Revolucionario y del Ejército Popular Revolucionario.
Criminales de Estado que gozan de impunidad, pasan de una institución a otra, asumen nuevas funciones en lo que saben hacer con “profesionalismo”: reprimir, elaborar leyes profascistas y aplicar de manera sistemática la contrainsurgencia contra el pueblo organizado, señaló.
Expuso que otro caso paradigmático es el cometido de múltiples crímenes de lesa humanidad acaecidos el 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero; la desaparición forzada de los 43 normalistas rurales de Ayotzinapa enfrenta la misma política de gobierno sin ningún alcance jurídico efectivo que permita el castigo a los perpetradores.
La actitud desde el Estado y sus personeros ha sido perversa, al grado que la manipulación del caso es tal que enturbia la investigación, ésta en apariencia se complica para conocer la verdad, sin embargo, desde el momento que es un crimen de Estado los hombres del régimen conocen a detalle toda la trama contrainsurgente y los involucrados en la ejecución de dicho crimen de lesa humanidad, resalta el editorial.
Sostiene que en ambos casos hay similitudes, una de ellas es la motivación política y el carácter contrainsurgente para su ejecución; a la vez es el Estado el perpetrador y al mismo tiempo el que obstruye todo avance para resolver ambos casos en favor de las víctimas y del pueblo en general.
Si el Estado es el responsable, quiere decir que el actual gobierno, en la medida que no va a fondo para su solución, se vuelve cómplice y protege a dichos criminales que aun ejercen funciones institucionales, expuso.
Dijo que la creación de una Comisión de la Verdad para esclarecer las violaciones graves a los derechos humanos entre 1965 y 1990, es una maniobra institucional de poco alcance, fincada en la política de simulación. Quiere decir que, para la presente administración, sólo durante este período se cometieron “violaciones de derechos humanos”.
Para el Ejecutivo federal, Andrés Manuel López Obrador los hechos de violencia de Estado son cosa del pasado y no del presente, se pretende juzgar de manera parcial y transitoria el pasado para exculpar al Estado mexicano de los crímenes de lesa humanidad que se cometen en el presente.
La justica a la víctimas directas e indirectas sólo puede ser real y efectiva si se conoce la verdad en toda su dimensión histórica, pasa inevitablemente por el juicio y castigo a los responsables materiales e intelectuales de tan deleznables atrocidades, cualquier otro curso que se tome procura más impunidad e inmunidad, así como carta blanca para futuros crímenes de Estado de la misma o mayor magnitud contra el pueblo.
En su editorial El Insurgente denuncia que la desaparición forzada de personas por motivos políticos o sociales en México es un fenómeno que persiste; es expresión de la violencia de clase que emana del régimen económico y político, donde instituciones y hombres se alinean para hacer efectiva la opresión política.
Este crimen de lesa humanidad es a la vez un crimen de Estado, la violencia que emana de éste se materializa por medio de sus diferentes figuras represivas, llámese ejército, marina, Guardia Nacional, policías estatales y municipales, ministeriales y/o grupos paramilitares encubiertos con denominaciones criminales.
Noticias/Diario Tribuna Chiapas/2021

