La desaparición de personas en el país, se ha vuelto un cotidiano, una práctica sistemática y generalizada que constituye un crimen de lesa humanidad.
San Cristóbal de Las Casas, Chis., 11 MAY.-La desaparición de personas en México, se ha vuelto un cotidiano, una práctica sistemática y generalizada que constituye un crimen de lesa humanidad, hechos que se siguen dando con la complicidad, connivencia, omisión y aquiescencia de la autoridad; de otro modo no se podría sostener.
Este fenómeno tiene una raíz histórica tanto en México como en otros países de nuestro continente. Ha sido una práctica para controlar, infundir miedo e incluso para exterminar a personas y grupos subversivos que el Estado los considera un peligro o sus enemigos.
Así ocurrió antes, narro en un comunicado el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, , quien citó que durante y después del 68, en el periodo llamado guerra sucia, tales desapariciones fueron efectuadas por agentes estatales (fuerzas armadas y policías de seguridad).
En el caso de Chiapas, detalló el Frayba, a raíz del levantamiento armado en 1994, el Estado mexicano implementó acciones de contrainsurgencia contenido en el llamado plan de campaña Chiapas 94. Una de las formas para desarticular al movimiento zapatista fue fomentar la creación, adiestramiento y operación de grupos paramilitares en las zonas de mayor influencia zapatista.
Estas acciones, agregó, paraestatales derivaron en desplazamientos, en la Masacre de Acteal, municipio de Chenalhó, desapariciones y ejecuciones extrajudiciales.
La política contrainsurgente impulsada por el Estado mexicano entre 1995 y 2000 en la zona norte de Chiapas, concretamente en los municipios de Yajalón, Palenque, Salto de Agua, Sabanilla y Tila dejó 38 personas desaparecidas a manos de un grupo paramilitar y 32 combatientes Zapatistas desaparecidos.
Por otro lado, señaló, la incursión policiaca que masacró a varias personas en el poblado Viejo Velasco municipio de Ocosingo en 2006, fueron desaparecidas 4 personas. Varios de estos casos están en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Y en el caso de Sabanilla, desaparición forzada de Antonio González Méndez en 1999, base de apoyo zapatista, cuya desaparición fue perpetrada por un grupo de paramilitares fomentado y creado por el mismo Estado como parte del Plan de Campaña Chiapas 94.
Por lo anterior, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Co IDH) señaló al Estado mexicano, en diciembre de 2024, responsable por desaparición forzada en prejuicio de Antonio Gonzáles, como los derechos humanos violados a su núcleo familiar, ordenando a México la creación de un registro único de personas desaparecidas y la categorización clara de desapariciones forzadas para facilitar su investigación y erradicación.
Al 10 de mayo de 2025, expuso el Frayba, el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) contabiliza más de 128,331 personas desaparecidas. 1546 desaparecidas en Chiapas al día de hoy. El incremento es alarmante: entre 2019 y 2023, el número de desapariciones creció un 358%, concentrándose en territorios disputados por grupos criminales que actúan con tolerancia de autoridades locales, estatales y federales, así como empresas transnacionales.
El estado supera ampliamente el promedio nacional en desaparición de mujeres, representando más del 60% de los casos en el estado, muchas vinculadas a redes de trata y explotación sexual. Esta violencia responde a una estrategia estructural que busca imponer control social mediante el terror y el silenciamiento.
Sigue pendiente la instalación del Consejo Estatal Ciudadano, contemplado en la Ley estatal de desaparición, esencial para garantizar la participación de las víctimas en la formulación de políticas públicas, criticó el Centro de Derechos Humanos.
Pese a ello, lamentó que el Estado mexicano persiste en su narrativa de seguridad, omite sus obligaciones de investigar, sancionar y reparar. El miedo inhibe las denuncias, y la falta de medidas estructurales generando una crisis humanitaria.
La desaparición de personas en México es una herida abierta; la impunidad y el abandono institucional no pueden seguir perpetuando el dolor de las víctimas y sus familias, advirtió.
Las autoridades tienen el deber ineludible de respetar, proteger y reparar los derechos humanos vulnerados. Ante el clamor incansable de las madres buscadoras y sus familias, el Estado debe responder. El silencio no es opción, los murmullos por la verdad y la justicia van creciendo hasta encontrarles, concluyó.
Noticias/Diario Tribuna Chiapas/2025