Juez otorga primera suspensión provisional contra adhesión de GN a la Sedena
*El recurso fue otorgado a un grupo de organizaciones, quienes advirtieron, seguirán insistiendo que la militarización de la seguridad pública en el país no es la solución
Ciudad de México, 13 OCT.-Un juez federal de Guanajuato otorgó a un grupo de organizaciones de la sociedad civil la primera suspensión provisional en los 53 juicios de amparo colectivos que interpusieron con el fin de que se declare inconstitucional el traspaso de la Guardia Nacional al Ejército.
Es el noveno juzgado de distrito con sede en Irapuato, Guanajuato, concedió una suspensión provisional en contra de las reformas a cuatro leyes para que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) ejerza el control operativo y administrativo de la Guardia Nacional.
Joan Antonio Ochoa Sada, vocero de Fuerza Ciudadana Uniendo Caminos México, que junto con diversas organizaciones emprendieron la defensa jurídica de una estrategia civil de seguridad pública, dio a conocer la resolución, y explicó que se han interpuesto por ahora 53 amparos colectivos contra las enmiendas, aprobadas en septiembre pasado.
El acuerdo “nos concede la primera suspensión provisional a fin de que se declare inconstitucional dicho decreto. El número de expediente se encuentra radicado con el número 1161/2022 del juzgado noveno del décimo sexto circuito”, dice el comunicado suscrito por Fuerza Ciudadana Uniendo Caminos México; Unión Cívica 1 país, Firma Jurídica AC/AC Asociados, Tojil Eek y otras organizaciones.
El pasado 26 de septiembre, Fuerza Ciudadana Uniendo Caminos México, Unión Cívica 1 país, Firma Jurídica AC&AC A Asociados, Tojil, EeK, y ciudadanos recurrieron a la protección de la justicia contra la medida recién entrada en vigor.
El recurso fue admitido a trámite y el pasado lunes el juez les concedió la suspensión provisional contra el decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; de la Ley de la Guardia Nacional; de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos y de la Ley de Asenso y Recompensas del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, en Materia de Guardia Nacional y Seguridad Pública.
El mes pasado, la Cámara de Diputados y el Senado aprobaron dicho decreto publicado por el presidente Andrés Manuel López Obrador en el Diario Oficial de la Federación para su entrada en vigor.
El acto reclamado ante la jueza Karla María Macías, quien concedió la suspensión provisional, fue la promulgación del “decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; de la Ley de la Guardia Nacional; de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, y de la Ley de Ascensos y Recompensas del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, en Materia de Guardia Nacional y Seguridad Pública”.
Esas reformas se derivaron de la iniciativa presidencial enviada a la Cámara de Diputados el último día de agosto pasado -a unas horas de que iniciar a el periodo ordinario de septiembre- con el fin de dar a la Sedena todo el control de la Guardia Nacional.
Las reformas propuestas a cuatro leyes fueron aprobadas “sin mover una coma” y de forma exprés, por los legisladores de Morena, Partido Del Trabajo (PT) y Partido Verde (PVEM).
Mediante un comunicado, las organizaciones sociales señalaron que se han mantenido luchando jurídicamente desde la aprobación de la Ley de Seguridad Interior, promovida en el sexenio del expresidente, Enrique Peña Nieto, y los acuerdos militares de colaboración de seguridad pública promovidos por el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Advirtieron que seguirán insistiendo que la militarización de la seguridad pública en el país no es la solución, sino que debe de acompañarse a las Fuerzas Armadas en conjunto con la Seguridad Pública Civil.
Esas reformas también motivaron una acción de inconstitucionalidad suscrita por todos los grupos parlamentarios del Senado, por considerar que se violó la Carta Magna, que ordena que la Guardia Nacional debe tener carácter civil y estar bajo control de la Secretaría de Seguridad, no la Sedena. Con información de EL UNIVERSAL y EXPANSIÓN política.
Noticias/Diario Tribuna Chiapas/2022