Incluye gobernadores
Erisel Hernández Moreno
REVOCACIÓN
La revocación de mandato se aplicará al Presidente, mandatarios estatales y al titular de la Jefatura de Gobierno.
La fecha de la consulta no deberá coincidir con una jornada electoral y será organizada por el INE o los organismos electorales estatales.
Luego de que el Senado destrabó la reforma constitucional en materia de revocación de mandato, el dictamen fue entregado este miércoles a los integrantes de las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos Segunda.
El documento indica que la revocación podrán solicitarla los ciudadanos en un número equivalente al 3% de los inscritos en la lista nominal de electores, sin que la petición tenga que pasar por el filtro del Congreso de la Unión. El titular del Ejecutivo federal también podrá solicitar la consulta.
El ejercicio podrá hacerse una sola ocasión a partir de transcurrida la mitad del tiempo de gestión del encargo constitucional, que en el caso del Ejecutivo es de tres años.
“La revocación será procedente si los votos válidos equivalen a por lo menos 50% más uno de los obtenidos en la elección para ocupar el cargo”, explica. Es decir, que si el actual Presidente ganó con 30 millones de votos, sólo lo pueden destituir los votos de 15 millones de ciudadanos.
Con 15 millones de votos se removería al actual Presidente de la República, la mitad de los que obtuvo en su elección.
Para el caso de los gobernadores y la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, la revocación de mandato la organizarán los organismos públicos electorales y se ajustará a las disposiciones para la presidencial, pero también a las legislaciones locales.
“El proceso para la revocación de mandato del gobernador o gobernadora se llevará a cabo mediante votación libre, directa y secreta, de conformidad con lo dispuesto por esta Constitución. Podrá solicitarse en una sola ocasión, a partir de transcurrido por lo menos la mitad del tiempo de gestión del encargo constitucional, y en fecha posterior y no coincidente con proceso electorales locales o federales.
“La legislación electoral de la entidad establecerá los procedimientos, de conformidad con la presente Constitución”, dice el dictamen, que dispone exactamente el mismo texto para la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.
De acuerdo con el dictamen, que fue entregado a los integrantes de las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos Segunda, para el caso de la revocación de mandato del Presidente de la República, “el Instituto Nacional Electoral tendrá a su cargo, en forma directa, la organización, desarrollo y cómputo de la votación.
“Emitirá los resultados de los procesos de revocación de mandato del titular del Poder Ejecutivo federal, éstos podrán ser impugnados ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), en los términos de lo dispuesto en la fracción VI del artículo 41, así como de la fracción III del artículo 99 de esta Constitución”, dice.
Dispone que una vez formalizada y validada la solicitud, “la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión procederá a emitir la convocatoria a proceso de revocación de mandato del titular del Poder Ejecutivo, dentro de los 10 días siguientes, una vez que se hayan cumplido los requisitos”.
Se trata de dos requerimientos: podrá iniciarse indistintamente en cualquiera de las dos Cámaras y pasará sucesivamente a la otra para su aprobación; el acuerdo para la convocatoria deberá ser aprobado por las dos terceras parte de los integrantes de cada una de las Cámaras; y dos, en los casos de las solicitudes hechas por los ciudadanos, el Congreso de la Unión emitirá la convocatoria dentro de los 10 días siguientes a que el INE haya verificado las firmas.
Añade que, en caso de que se revoque el mandato y el TEPJF lo haya oficializado, el Congreso de la Unión nombrará al Presidente interino dentro de los 10 días siguientes y se convocará a elecciones extraordinarias; el interino sólo ejercerá el cargo por el tiempo restante al Presidente constitucional.
Asimismo, se lleva al texto constitucional que “queda prohibido el uso de recursos públicos con fines de promoción y propaganda relacionados con los procesos de revocación de mandato”.
DECLARACIÓN
La exsubdirectora de Recursos Humanos de la Secretaría de Salud en la pasada administración estatal, Ana Lilia “N”, se presentó ante el Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado (FGE) para rendir su declaración con relación al quebranto financiero registrado en esa dependencia estatal.
La exfuncionaria acudió ante el fiscal del Ministerio Público Investigador de la Unidad Integral de Investigación y Justicia Restaurativa de Combate a la Corrupción de la FGE, instancia a la que también asistió en pasados días Jairo César “N”, exdirector de Administración y Finanzas de la Secretaría de Salud, ambos por su posible participación en la comisión de los delitos de Ejercicio ilegal del servicio público, Abuso de autoridad y Uso ilícito de atribuciones y facultades.
Se trata del segundo exfuncionario de la Secretaría de Salud estatal en ser llamado por las autoridades ministeriales para explicar lo relacionado con el manejo de los recursos financieros, con énfasis en la contratación de plazas sin justificación presupuestal, incumplimiento de pago a proveedores, adeudos de impuestos de los trabajadores y falta de medicamentos en las unidades médicas.
Ana Lilia “N” y Jairo César “N”, con estricto respeto a sus derechos y garantías, representan el conducto para aclarar a las y los chiapanecos lo ocurrido en los años anteriores con relación al manejo de los recursos públicos destinados para la salud, y la probable participación de otros exfuncionarios en la toma de decisiones y posibles actos de corrupción que derivaron la crisis financiera del sector Salud de Chiapas.
RETAZOS
EL presidente Andrés Manuel López Obrador acusó ayer al exministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), José Ramón Cossío, de estar detrás de la “ola de amparos” contra la construcción del Aeropuerto de Santa Lucía. “Me dicen que hay un exministro de la Corte, Cossío, asesorando a quienes están promoviendo los amparos en contra nuestra, en contra de las obras que lleva a cabo el gobierno, en particular el Aeropuerto de Santa Lucía, y que son 16 despachos de abogados», expresó el mandatario. Es una acción realmente, si no ilegal, sí ilegítima, primero porque un exministro no puede llevar a cabo esas actividades, puede ser que no firme nada, pero si asesora está incumpliendo con su deber de mantenerse al margen después de haber dejado el cargo de ministro», agregó… EL Ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, José Ramón Cossío rechazó que esté asesorando a quienes promueven amparos en contra del Gobierno Federal, en especial en contra de la construcción del Aeropuerto en Santa Lucía, como lo dijo esta mañana (ayer) el presidente Andrés Manuel López Obrador y señaló que lo están mal informando. En entrevista con Pascal Beltrán del Río para Imagen Radio, Cossío Díaz señaló que al Presidente López Obrador “le contaron mal (las cosas), no sé de dónde sacó esa información. Yo no estoy asesorando a ningún grupo ni de abogados, ni despachos, ni a nadie en estos temas del aeropuerto ni de ningún otro”. Aseguró que lo que él ha hecho en varios medios de comunicación es “externar posiciones jurídicas, pero eso no tiene absolutamente nada que ver con estos temas”, afirmó. El exministro indicó que estos pronunciamientos incorrectos y a nivel nacional, son molestos y no ayudan a la convivencia en el país… AL encabezar la XXVII Sesión Ordinaria del Consejo Estatal de Seguridad Pública, junto al secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Leonel Cota Montaño, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas dejó en claro que en Chiapas no hay impunidad ni tregua para quien cometa un delito, actuando en congruencia con las políticas nacionales de privilegiar la seguridad. El mandatario manifestó que la característica de este gobierno es actuar en conjunto para dar tranquilidad y paz social a la población, ya que, reiteró, el primer paso para el progreso es la seguridad y lograr que el pueblo tenga la confianza de que las autoridades e instituciones están de su lado, por lo que se trabaja de manera profesional para que la integración de carpetas de investigación y vinculación a proceso sean eficaces. “No vamos a dar un paso atrás en la consecución de esta importante tarea porque el esfuerzo que se ha hecho ha dado resultados. Las cifras no se maquillan, las enviamos todos los días a través de la Secretaría Técnica de la Mesa de Seguridad a la Federación, y aquí estamos compactas las autoridades federales, estatales, municipales y de los tres poderes del Estado, para evitar que la delincuencia se burle de la sociedad”, expresó… Visite: www.debuenafuente.com¡¡Hasta mañana, Dios Mediante!!