El pueblo manda
Erisel Hernández Moreno
AMLO
El presidente Andrés Manuel López Obrador celebró este miércoles la aprobación de la reforma constitucional que abre la posibilidad para que pueda ser removido del cargo mediante el método de revocación.
«Se va a preguntar si se quiere que continúe el presidente o que renuncie, el mismo día (…) Esto es muy importante para que así como el pueblo pone, así el pueblo tenga siempre la posibilidad de quitar a los malos gobernantes de manera democrática, sin el uso de la fuerza», explicó.
El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó el martes el dictamen por el que se reformaron y adicionaron diversos artículos de la Constitución en materia de revocación de mandato y consulta popular.
Dado que esta es una modificación a la Carta Magna, la iniciativa debe tener la aprobación de la mitad de los congresos locales más uno, es decir 17. El mismo martes, Tabasco se convirtió en la primera entidad en dar su aval a la revocación de mandato.
Este recurso solo podrá ser solicitado por los ciudadanos, que deberán reunir las firmas de 3 por ciento de la lista nominal del Instituto Nacional Electoral (INE).
De aprobarse su celebración, esta se haría en marzo de 2022 y deberá contar con el 40 por ciento de la participación de la lista nominal para que sea válida.
Al respecto, el mandatario reafirmó su propuesta de que la votación de revocación de mandato, que organizaría el INE, se haga el 21 de marzo de 2022.
DESASTROSO
A consecuencia de un desastroso contrato celebrado durante la administración de Felipe Calderón Hinojosa y ratificado en el sexenio de Enrique Peña Nieto, Pemex Transformación Industrial (Ptri) pagó 2 mil 813 millones de pesos de penalizaciones a Etileno XXI entre 2016 y 2018, porque no pudo entregarle una cantidad suficiente de etano.
Estas multas, que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) reveló en un informe publicado el pasado 31 de octubre, se suman a los 3 mil 642 millones de pesos que Ptri perdió en 2017 y 2016 por vender etano a Etileno XXI a un precio inferior al de su producción y transporte, como informó la misma ASF en otro informe dado a conocer en enero pasado.
La planta de Etileno XXI es operada por el consorcio formado por las empresas Braskem e Idesa; la primera es una filial de la empresa brasileña Odebrecht, envuelta en un escándalo internacional por pago de sobornos en varios países –México incluido–, mientras que la segunda pertenece a la familia política de Javier Jiménez Espriú, el titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.
En el contrato firmado el 19 de febrero de 2010 –sin pasar por el Consejo de Administración de Pemex–, la petrolera se comprometió a entregar 66 mil barriles de etano diario a Etileno XXI, so pena de pagar al consorcio una suma por daños, perjuicios y pérdidas equivalentes a 200% del precio promedio del etano no suministrado. Pemex también se obligó a vender el etano a un precio inferior al del mercado, y a asumir los costos para transportarlo.
El contrato fue utilizado como aval para que el gobierno mexicano, a través de Bancomext, participe en la construcción de Etileno XXI –que representó una inversión de 5 mil 100 millones de dólares– con una línea de crédito de 120 millones de dólares; Nacional Financiera, por su parte, estableció tres líneas de crédito por 620 millones de dólares entre 2012 y 2016 para que Braskem-Idesa pudiera financiar Etileno XXI.
La planta de Etileno XXI empezó a operar en 2016 y de inmediato Pemex incumplió con sus obligaciones de entrega de etano: ese año pagó una multa de 283 millones de pesos; el siguiente desembolsó 810 millones 155 mil pesos y el año pasado la petrolera pagó mil 720 millones de pesos, según reportó la ASF.
En un informe sobre la producción y venta de gas por parte de Pemex Exploración y Producción (PEP), la ASF recordó que “existe el riesgo de que, en caso de incumplir el contrato de suministro de etano, Pemex tendría que adquirir la planta del Complejo Etileno XXI en 2026”.
En ese documento, la ASF observó que la producción de gas se derrumbó 26.5% entre 2014 y 2018, lo que a su vez afectó las capacidades de Pemex Fertilizantes y Pemex Etileno, y redujo la oferta nacional de gas en México.
El desastre inducido por el contrato con Etileno XXI era previsible, como lo documentaron Proceso y la alianza Méxicoleaks en junio de 2018: durante una sesión del Consejo de Administración de Pemex celebrada en abril de 2011 –y presidida por José Antonio Meade Kuribreña, el fracasado candidato del PRI a la Presidencia de la República–, dos consejeros de la petrolera advirtieron sobre los evidentes riesgos del proyecto.
Rogelio Gasca Neri sostuvo que “Pemex va a estar importando gas y crudo para venderlos con 20% o 30% de descuento” y sugirió que “dadas las inevitables consecuencias, se debe de suspender el proyecto”.
El consejero Héctor Moreira Rodríguez, por su parte, preguntó cómo se habían determinado “los escenarios de disponibilidad de gas y cuáles serían las previsiones para no caer en los supuestos relativos a las posibles sanciones económicas en el contrato”, pues señaló que “simplemente, si no existe el etano en PEP, por las razones que se quieran, entre ellas el no descubrimiento de reservas, Pemex tiene la obligación de importarlo o bien pagar una penalización importante”.
Dicho y hecho: Pemex no tuvo ni el gas ni el etano suficientes, y según la ASF, desde la puesta en operación de Etileno XXI, perdió 6 mil 455 millones de pesos a favor de Braskem-Idesa. (Este texto se publicó el 3 de noviembre de 2019 en la edición 2244 de la revista Proceso)
RETAZOS
EL Pleno de la Cámara de Diputados aprobó la reforma a la Ley de Instituciones de Crédito para legitimar la facultad de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para ordenar el bloqueo de cuentas bancarias cuando existan indicios de financiamiento al terrorismo o lavado de dinero. Con 308 votos a favor, 141 en contra y 10 abstenciones, se aprobó en lo general y en lo particular los artículos no reservados, de esta reforma conocida como “Ley Nieto”, con la cual se crea el nuevo Título Quinto a la Ley de Instituciones de Crédito, con el objeto de dar a la Unidad de Inteligencia Financiera, que preside Santiago Nieto, dicha facultad… MÁS de 20 mil integrantes del Frente Auténtico del Campo arribarán este lunes 11 de noviembre a las instalaciones de la Cámara de Diputados para impulsar un alza en el Presupuesto Especial Concurrente 2020 y la recuperación de los programas sustantivos destinados a la producción de alimentos que se vieron afectados en recursos durante 2019 y corren el riesgo de desaparecer para el año próximo. En conferencia de prensa, los dirigentes Federico Ovalle Vaquera, de la CIOAC; Álvaro López Ríos, de la UNTA; Marco Antonio Ortiz Salas de la CODUC; y Francisco Chew Plascencia, del MST, detallaron que su presencia en las instalaciones de la Cámara Baja incluye un plantón permanente hasta la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación 2020 donde se incluye el PEC… Visite: www.debuenafuente.com ¡¡Hasta mañana, Dios Mediante!!