El EPR acusa que en México se criminaliza y judicializa la crítica política.
Ciudad de México, 14 SEP.-El Ejército Popular Revolucionario (EPR) sostuvo, en la edición de septiembre de su órgano de difusión El insurgente, que en el país se vive un proceso de censura y judicialización de la crítica política, impulsado desde el gobierno federal y estados gobernados por Morena.
De acuerdo al grupo, la administración federal actual y los estados gobernados por Morena criminalizan y judicializan la libertad de pensamiento o expresión de ideas y la crítica política; desde políticos de oficio y funcionarios morenistas bajo la figura jurídica de violencia política en razón de género someten a procesos judiciales a trabajadores de la comunicación o a ciudadanos que emiten opiniones políticas o hacen investigaciones periodísticas.
Señalan que los acontecimientos reflejan que se imponen medidas autoritarias, se aplica vía judicial la dictadura de opinión, por gobiernos que discursivamente arengan “no ser lo mismo” que los gobiernos del pasado, pero en la práctica ejecutan la ley contra opiniones críticas o investigaciones que involucran a políticos de oficio o funcionarios públicos en actos de corrupción, desvío de dinero, prepotencia, soberbia y abuso de poder.
La presidenta Claudia Sheinbaum, vocifera que en México no se censura, no hay autoritarismo y cada quien puede decir lo que quiera, no obstante, quien hace crítica política o comentarios críticos vía redes sociales es sometido a procesos judiciales, obligado a pedir disculpas públicas por un tiempo determinado o el cierre de su medio informativo o prohibir hablar del político de oficio en mención por uno o dos años, acusa el EPR.
Quienes trabajan en la administración pública omiten deliberadamente que son funcionarios públicos y están sujetos al escrutinio público, donde pueden ser sujetos a crítica política, luego entonces, si transgreden sus funciones o no son las adecuadas pueden ser removidos de sus puestos.
Entonces, preguntan, ¿por qué no quieren que se conozca sobre los desvíos de recursos, sobre la compra de casas valuadas en millones de pesos, viajes de placer al extranjero, sobre la adquisición de ropa, accesorios o coches que exceden cantidades ofensivas de dinero?
La frase presidencial, cita el grupo, no puede haber gobierno rico con pueblo pobre, es burda y queda en el viento, porque los excesos económicos y viajes en el extranjero de políticos de oficio y funcionarios públicos, finalmente proviene del erario, porque los salarios onerosos y las prestaciones laborales de las que gozan son de los impuestos que paga el pueblo trabajador, recursos económicos que provienen de la administración pública.
La criminalización y judicialización de la libertad de pensamiento o expresión de ideas es política de gobierno en la actual administración morenista, utilizan con perversidad la Ley de Género para silenciar voces críticas y no permitir que se hable sobre su proceder político; la ley argumenta que las mujeres tienen derecho a acceder a las funciones públicas de su país y participar en los asuntos de interés general, en igualdad de condiciones que los hombres, en ese aspecto estamos de acuerdo, sin embargo, no la exime, al igual que el hombre de la crítica política, no por el hecho de ser mujer, sino porque ocupa un cargo público que desempeña funciones en el gobierno que representa.
La Ley de género fue creada para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, así como garantizar su derecho a la igualdad, el desarrollo y el bienestar, estableciendo principios y medidas de protección integral (…); señala que la violencia política contra las mujeres comprende todas aquellas acciones u omisiones de personas servidoras o servidores públicos que se dirigen a una mujer por ser mujer, tiene un impacto diferenciado en ellas o les afectan desproporcionadamente, con el objeto o resultado de menoscabar o anular los derechos político-electorales, incluyendo el ejercicio del cargo.
La interpretación de la Ley es ambigua porque, por un lado, habla de la defensa de la mujer por el hecho de ser mujer cuando ocupa un cargo público, pero no señala que por el hecho de ser funcionaria pública está sujeta a la crítica política de los ciudadanos por el cargo que desempeña, bien puede ser un hombre o mujer, la crítica está presente porque desempeña el cargo de presidente municipal, gobernador, diputado o senador, y la crítica va en sentido de sus funciones públicas más no por cuestiones de género; por otro lado, hay mujeres que emergen como políticos de oficio que utilizan la Ley para impedir opiniones críticas en las que están involucrados por actos de corrupción, abuso de poder o desvío de recursos.
Denuncian que existen más de 400 casos de violencia política en razón de género, según datos del Instituto Nacional Electoral (INE), el primer lugar lo ocupa Oaxaca con 144 casos registrados, después Veracruz con 46, le sigue Tabasco con 37, Campeche con 36, Chiapas con 27, Guanajuato con 24 y Puebla con 22, todos han sido denunciados por violencia política contra las mujeres en razones de género, nada más que las mujeres que se dicen ofendidas son funcionarias públicas o políticos de oficio y en consecuencia, la interpretación de la ley está hecha a modo y es aplicada con fines represivos.
El EPR cita diversos casos, entre ellos el del columnista Héctor de Mauleón, a quien un tribunal ordenó retirar una columna publicada en El Universal y ofrecer disculpas tras denunciar presuntos vínculos de una candidata con redes de corrupción en Tamaulipas.
Dicho por el EPR, el columnista Héctor De Mauleón, el 1 de mayo de 2025 publicó en El Universal la columna “Huachicol y Poder Judicial en Tamaulipas”, donde abordó los presuntos vínculos entre Tania Contreras López, entonces candidata y hoy magistrada electa del Supremo Tribunal de Justicia del estado de Tamaulipas, con redes de corrupción y contrabando de combustibles en esa entidad.
La candidata presentó denuncia ante el Instituto Electoral de Tamaulipas por los delitos de calumnia y violencia política contra las mujeres en razón de género. El instituto dictó medidas cautelares en las que ordenó a El Universal retirar la columna de Mauleón. El diario en defensa del columnista y de la libertad de expresión, se negó a bajar la columna. Más tarde se impuso una multa, además de la obligación de publicar una disculpa y la inscripción de ambos en el Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razones de Género por un período de cuatro años.
Una coincidencia más, se actúa como integrante de una corte feudal contra un trabajador de la comunicación; diría el pueblo: Dios nos agarre confesados, porque hoy la demandante es integrante del Poder Judicial y por sus antecedentes aplicará a rajatabla el estado de derecho burgués contra el pueblo trabajador y quien ejerza una opinión crítica a su función.
También menciona al senador Gerardo Fernández Noroña, que en mayo obligó a un ciudadano a disculparse públicamente por un altercado en el aeropuerto capitalino.
Otros ejemplos señalados son la orden del Tribunal Electoral de Campeche que prohibió al diario Tribuna y a periodistas locales hacer referencias a la gobernadora Layda Sansores; así como la sanción al periodista Jesús Castañeda, en Guerrero, por investigar presuntas irregularidades en el manejo de recursos tras el huracán Otis.
Según el grupo, esta tendencia constituye un uso autoritario de la ley, pues los procesos contra comunicadores avanzan con rapidez, mientras que los de luchadores sociales suelen prolongarse durante años. A su juicio, ello confirma que el aparato judicial opera en favor de los grupos de poder político y económico. El artículo concluye que, desde la óptica del EPR, la “criminalización de la crítica política” forma parte de una política de represión que busca acallar voces disidentes y restringir derechos de libre expresión y de organización independiente en el país.
Noticias/Diario Tribuna Chiapas/2025