Duro quebranto

 

Erisel Hernández Moreno

eriselhm63@gmail.com

 

JUDICATURA

Diana Lastiri informa en el diario El Universal, un escándalo de corrupción que se cometió en la Judicatura Federal, durante la administración de Luis María Aguilar Morales.

Gastos innecesarios, subejercicio de recursos, inmuebles en estado crítico y falta de comprobación en el uso del dinero fueron algunas de las irregularidades detectadas en la administración pasada del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), que generaron un daño patrimonial por 5 mil 428.29 millones de pesos y que hoy lo mantienen bajo presiones financieras.

De acuerdo con el Informe de Primeros Hallazgos de la Secretaría Ejecutiva de Administración del CJF, así dejó el organismo el expresidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Luis María Aguilar Morales, al término de su encargo el pasado 31 de diciembre de 2018.

Según el documento, entregado el pasado 27 de marzo a los integrantes del pleno del CJF, las anomalías fueron detectadas en el presupuesto 2018 en áreas como la renta de inmuebles y su mantenimiento, la creación de nuevos órganos jurisdiccionales, pago de seguros, administración de recursos humanos, obra pública, contrataciones, inventario físico, archivo y documentación, tecnologías de la información, protección civil y modelo de gestión administrativa.

Además, señala que el CJF omitió solventar 797 observaciones de las auditorías que realizó la contraloría y 47 acciones derivadas de las 14 revisiones que hizo la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

El reporte —que se efectuó en los primeros 60 días siguientes a que concluyó la administración de Aguilar Morales— destaca que durante 2018, el CJF obtuvo un presupuesto por 61 mil 838 millones de pesos, del cual se detectó un subejercicio por casi 5 mil 500 millones de pesos y aunque para 2019 se aplicó una reducción presupuestal de 8.7% —6 mil 460 millones 188 mil 830 pesos—, el Consejo de la Judicatura Federal se quedó sin recursos para mantenimiento y fortalecimiento de infraestructura.

“El impacto afectó parcialmente rubros del gasto corriente y en su totalidad la inversión, situación contraria a la que se presentó en 2018, que de haberse implementado medidas correctivas en el ejercicio, sobre todo agilizado los diferentes procedimientos de contratación, tanto de adquisiciones como de servicios y de obra pública, significaría que para 2019 no se tendría la dimensión de las presiones de gasto que a la fecha se han identificado”, indica el informe.

FISCAL

Como parte de las estrategias del Gobierno y de la Fiscalía General del Estado (FGE) para combatir el delito de despojo en Chiapas, el fiscal general Jorge Luis Llaven Abarca anunció que las personas que han sido defraudadas por pseudolíderes que se dedican a invadir tierras podrán acceder a los beneficios de los programas sociales del Gobierno Federal.

En conferencia de prensa, acompañado de José Antonio Aguilar Castillejos, delegado federal de Programas Integrales de Desarrollo en Chiapas; Gabriela Zepeda Soto, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, y Jorge Cruz Pineda, subsecretario de Gobierno, Llaven Abarca señaló que derivado de los desalojos voluntarios que se presentaron en Berriozábal y Tuxtla Gutiérrez, ante el número de denuncias, donde suman 70 carpetas de investigación, las y los afectados contarán con la apertura a los programas sociales, con el objeto de acceder a una mejor calidad de vida.

El fiscal detalló que este tipo de acciones obedecen a las políticas del presidente Andrés Manuel López Obrador y del gobernador Rutilio Escandón Cadenas, que reafirman su compromiso con el bienestar de las y los chiapanecos.

Al respecto, el delegado federal informó que la reglas de operación serán mediante el Censo de Bienestar, donde se estará empadronando a posibles derechohabientes y así puedan formar parte de todos los programas que tiene el Gobierno de México.

Indicó que el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría General de Gobierno, y los Ayuntamientos habilitarán sedes donde se efectuarán los censos, ya que cuando estas personas se encontraban ocupando un predio de manera ilegal no fue posible realizar el empadronamiento.

Aguilar Castillejos expresó que tras obtener el registro de personas que fueron defraudadas o engañadas, y que no cuenten con antecedentes penales, tendrán acceso a una gama de programas sociales dirigidos a persona adultas mayores; a personas con discapacidad, donde se priorizará a niños y mujeres; y se pondrá en marcha el programa de Tandas para el Bienestar, que consistirá en créditos con cero interés, con un saldo inicial de 5 mil pesos, esto con el objetivo de que puedan tener una recuperación económica y promover el emprendimiento.

Con estas acciones, la Fiscalía General del Estado refrenda su compromiso y responsabilidad con la sociedad para fortalecer el Estado de derecho y garantizar el derecho a la propiedad de las y los chiapanecos.

RETAZOS

PARA proteger del hostigamiento y delitos como la pederastia a niños y niñas, el  pleno del Congreso del Estado aprobó por unanimidad  la Iniciativa de decreto, por el que se adiciona un capítulo II Bis, denominado “Acoso Sexual a Menores de 18 Años, a través de Medios Electrónicos”, al Título Séptimo denominado Delitos Contra la Libertad Sexual y el Normal Desarrollo Psicosexual, del Código Penal para el Estado De Chiapas. Dicha iniciativa fue presentada por la diputada Ana Laura Romero Basurto del Partido Mover a Chiapas (PMCh), quien expuso la necesidad de proteger a los menores de 18 años, hombres y mujeres, que están expuestos a este delito por grupos que se dedican a la pederastia, el hostigamiento y engaño en redes sociales. A este exhorto, se sumó la diputada Flor de María Guirao Aguilar del Partido Revolucionario Institucional (PRI), quien dijo que esta es una forma evolucionada del delito que ya existe, por eso la necesidad de actualizar el marco legal para combatirlo. Ya que este tipo de delito, se inicia con las redes sociales y chats, en los juegos, donde los adultos presentan una falsa identidad… INTEGRANTES de la Organización Campesina Emiliano Zapata (OCEZ-Región Venustiano Carranza), se instalaron un plantón indefinido en la Plaza Catedral de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, ante la amenaza de ser desalojados de sus comunidades y colonias que mantienen en posesión desde el año 1995. Dijeron que ante estas amenazas han acordado mantener un plantón permanente por tiempo indefinido hasta lograr que el gobierno que encabeza Rutilio Escandón Cadenas instale una mesa de diálogo con carácter resolutivo para la regularización de las tierras que tienen en posesión y retome los compromisos de los gobiernos anteriores firmando una minuta donde se incluyan todas las demandas planteadas. Externaron que de llevarse a cabo este desalojo por el gobierno estarían quedando en el total desamparo 519 familias integrantes de la organización OCEZ región Carranza… EL coordinador de los diputados sin partido, Ricardo Gallardo Cardona, se pronunció a favor de que se aplique la “muerte civil”, a los gobernadores que se les comprueben actos de corrupción. El experredista dijo que los mandatarios estatales que incurran en faltas graves, deberían ser sancionados con la inhabilitación definitiva en cargos de elección popular. El Senado aprobó reformar la Ley General de Responsabilidades Administrativas y el Código Penal Federal, para establecer medidas como la inhabilitación temporal o la “muerte civil”, de funcionarios que incurran en actos de soborno. El diputado por San Luis Potosí recordó que las faltas administrativas graves son: peculado, desvío de recursos públicos, utilización indebida de información, abuso de funciones, conflicto de interés, contratación indebida, enriquecimiento oculto, tráfico de influencias, encubrimiento, desacato y obstrucción de la justicia… Visite: www.debuenafuente.com  ¡¡Hasta mañana, Dios Mediante!!