CIDH condena política migratoria “acordada” entre México y EU; es contraria a derechos humanos, dice
Por Mathieu Tourliere
Ciudad de México, 23 JUL (apro).-La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó hoy las recientes políticas y medidas “contrarias a obligaciones en materia de derechos” que adoptaron “de manera conjunta” los gobiernos de Estados Unidos y México para frenar la llegada de solicitantes de asilo al vecino país del norte.
En una declaración publicada esta tarde, la CIDH señaló el acuerdo firmado el pasado 7 de junio entre las administraciones de Donald Trump y Andrés Manuel López Obrador, en el que el canciller Marcelo Ebrard Casaubón se comprometió en reducir “significativamente” en 45 días el tránsito por México a los migrantes centroamericanos.
Dicho acuerdo desembocó en el despliegue de la Guardia Nacional en la frontera sur y en un incremento drástico de las detenciones y deportaciones de migrantes centroamericanos.
La CIDH también criticó los casos específicos del programa “Quédate en México” –con el que las autoridades estadunidenses devolvieron a más de 19 mil solicitantes de asilo extranjeros a México-, o de la colaboración del gobierno mexicano en elaborar listas de espera en la frontera norte para concretar citas con las autoridades migratorias de Estados Unidos, con lo que 18 mil 778 personas se encuentran varadas en los estados del Norte.
Dichas políticas, según la CIDH “son contrarias a obligaciones de en materia de derechos humanos, en particular en lo que respecta al derecho a solicitar y recibir asilo, el principio de no devolución”, y exponen las personas a “la extorsión, el secuestro y otros actos de violencia a manos de organizaciones criminales y delincuentes comunes que se encuentran en las zonas en las que están siendo devueltas estas personas”.
En respuesta, el gobierno mexicano invocó su carácter de “Estado democrático y soberano” y deploró que “en su comunicado, la CIDH no haga pública su preocupación o condena a las redes internacionales de tráfico de personas, que realizan un negocio multimillonario a expensas de la seguridad e integridad de personas migrantes”.
En un boletín difundido horas después de la declaración del organismo interamericano, la Cancillería declaró que el gobierno mexicano “reconoce la preocupación de la CIDH” y confesó que “su capacidad instalada para brindar atención a (menores de edad) se ha visto rebasada por el aumento en los flujos de personas”, pero reviró que “México se desempeña responsablemente” en materia migratoria.
Aseguró que el Instituto Nacional de Migración (INM) y la Guardia Nacional “se conducen en apego a la normatividad vigente”, y que sus elementos actúan “bajo protocolos de protección a los derechos humanos y con el cercano acompañamiento de organismos internacionales”.
De manera general, la CIDH deploró la política de detención indiscriminada de adultos y menores de edad y la muerte de niños migrantes en custodia; las malas condiciones de detención de las personas en las estancias migratorias en México y Estados Unidos así como “el aumento de medidas tendientes a la criminalización que han tomado los Estados Unidos y México en contra de los defensores de los derechos humanos que brindan asistencia a las personas migrantes y refugiadas”.
Expresó su “extrema preocupación” ante “la militarización de las fronteras” y llamó a los gobiernos de Estados Unidos, México, Guatemala, Honduras y El Salvador “para que las medidas que implementen, incluidas las relacionadas con aspectos económicos, estén orientadas a respetar y garantizar los derechos humanos de las personas migrantes y refugiadas”.
Y sostuvo que ni Guatemala ni México reúnen las condiciones para “ofrecer las garantías de seguridad que un tercer país seguro debe garantizar”, en referencia a las pretensiones de Trump de imponer ese estatus a ambos países.
Amenazas
La CIDH deploró que el acuerdo entre México y Estados Unidos sea el producto de las amenazas de Trump de imponer aranceles a los productos mexicanos si el gobierno de López Obrador no frenaba la migración.
“La CIDH expresa su preocupación frente a los impactos que genera la posibilidad de imponer cualquier tipo de represalia comercial entre dos países en los derechos humanos de personas migrantes, solicitantes de asilo y refugiados, a quienes se incrementa su situación de vulnerabilidad como consecuencia de ello”, puntualizó.
El organismo internacional no se limitó en el acuerdo entre México y Estados Unidos: denunció las medidas implementadas por la administración de Trump contra los solicitantes de asilo, y arremetió contra sus los esfuerzos que desplegó para obligar –mediante amenazas– a los gobiernos del Triángulo Norte de Centroamérica en frenar la migración desde su origen.
Dichos esfuerzos se materializaron en las negociaciones para convertir a Guatemala en Tercer País Seguro –la Corte de Constitucionalidad de ese país otorgó un amparo provisional para evitar que el presidente Jimmy Morales firme un acuerdo–, pero también por el despliegue de agentes del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) en la frontera norte de Guatemala o el recorte a los fondos de asistencia a los países del Triángulo Norte.
La CIDH también repudió la medida anunciada el pasado 15 de julio, en la que el gobierno de Estados Unidos niega la posibilidad de pedir asilo a los extranjeros que llegaron a su frontera sur en el caso de que no hayan pedido refugio al menos en México. El organismo tachó dicha medida como “contraria al derecho humano a buscar y recibir asilo, la protección contra la devolución y contraviene las normas y estándares internacionales e interamericanos”.
Noticias/Diario Tribuna Chiapas/2019
CIDH condena política migratoria
Ciudad de México, 23 JUL (apro).-La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó hoy las recientes políticas y medidas “contrarias a obligaciones en materia de derechos” que adoptaron “de manera conjunta” los gobiernos de Estados Unidos y México para frenar la llegada de solicitantes de asilo al vecino país del norte.
En una declaración publicada esta tarde, la CIDH señaló el acuerdo firmado el pasado 7 de junio entre las administraciones de Donald Trump y Andrés Manuel López Obrador, en el que el canciller Marcelo Ebrard Casaubón se comprometió en reducir “significativamente” en 45 días el tránsito por México a los migrantes centroamericanos.
Dicho acuerdo desembocó en el despliegue de la Guardia Nacional en la frontera sur y en un incremento drástico de las detenciones y deportaciones de migrantes centroamericanos.
La CIDH también criticó los casos específicos del programa “Quédate en México” –con el que las autoridades estadunidenses devolvieron a más de 19 mil solicitantes de asilo extranjeros a México-, o de la colaboración del gobierno mexicano en elaborar listas de espera en la frontera norte para concretar citas con las autoridades migratorias de Estados Unidos, con lo que 18 mil 778 personas se encuentran varadas en los estados del Norte.
Dichas políticas, según la CIDH “son contrarias a obligaciones de en materia de derechos humanos, en particular en lo que respecta al derecho a solicitar y recibir asilo, el principio de no devolución”, y exponen las personas a “la extorsión, el secuestro y otros actos de violencia a manos de organizaciones criminales y delincuentes comunes que se encuentran en las zonas en las que están siendo devueltas estas personas”.
En respuesta, el gobierno mexicano invocó su carácter de “Estado democrático y soberano” y deploró que “en su comunicado, la CIDH no haga pública su preocupación o condena a las redes internacionales de tráfico de personas, que realizan un negocio multimillonario a expensas de la seguridad e integridad de personas migrantes”.
En un boletín difundido horas después de la declaración del organismo interamericano, la Cancillería declaró que el gobierno mexicano “reconoce la preocupación de la CIDH” y confesó que “su capacidad instalada para brindar atención a (menores de edad) se ha visto rebasada por el aumento en los flujos de personas”, pero reviró que “México se desempeña responsablemente” en materia migratoria.
Aseguró que el Instituto Nacional de Migración (INM) y la Guardia Nacional “se conducen en apego a la normatividad vigente”, y que sus elementos actúan “bajo protocolos de protección a los derechos humanos y con el cercano acompañamiento de organismos internacionales”.
De manera general, la CIDH deploró la política de detención indiscriminada de adultos y menores de edad y la muerte de niños migrantes en custodia; las malas condiciones de detención de las personas en las estancias migratorias en México y Estados Unidos así como “el aumento de medidas tendientes a la criminalización que han tomado los Estados Unidos y México en contra de los defensores de los derechos humanos que brindan asistencia a las personas migrantes y refugiadas”.
Expresó su “extrema preocupación” ante “la militarización de las fronteras” y llamó a los gobiernos de Estados Unidos, México, Guatemala, Honduras y El Salvador “para que las medidas que implementen, incluidas las relacionadas con aspectos económicos, estén orientadas a respetar y garantizar los derechos humanos de las personas migrantes y refugiadas”.
Y sostuvo que ni Guatemala ni México reúnen las condiciones para “ofrecer las garantías de seguridad que un tercer país seguro debe garantizar”, en referencia a las pretensiones de Trump de imponer ese estatus a ambos países.
Amenazas
La CIDH deploró que el acuerdo entre México y Estados Unidos sea el producto de las amenazas de Trump de imponer aranceles a los productos mexicanos si el gobierno de López Obrador no frenaba la migración.
“La CIDH expresa su preocupación frente a los impactos que genera la posibilidad de imponer cualquier tipo de represalia comercial entre dos países en los derechos humanos de personas migrantes, solicitantes de asilo y refugiados, a quienes se incrementa su situación de vulnerabilidad como consecuencia de ello”, puntualizó.
El organismo internacional no se limitó en el acuerdo entre México y Estados Unidos: denunció las medidas implementadas por la administración de Trump contra los solicitantes de asilo, y arremetió contra sus los esfuerzos que desplegó para obligar –mediante amenazas– a los gobiernos del Triángulo Norte de Centroamérica en frenar la migración desde su origen.
Dichos esfuerzos se materializaron en las negociaciones para convertir a Guatemala en Tercer País Seguro –la Corte de Constitucionalidad de ese país otorgó un amparo provisional para evitar que el presidente Jimmy Morales firme un acuerdo–, pero también por el despliegue de agentes del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) en la frontera norte de Guatemala o el recorte a los fondos de asistencia a los países del Triángulo Norte.
La CIDH también repudió la medida anunciada el pasado 15 de julio, en la que el gobierno de Estados Unidos niega la posibilidad de pedir asilo a los extranjeros que llegaron a su frontera sur en el caso de que no hayan pedido refugio al menos en México. El organismo tachó dicha medida como “contraria al derecho humano a buscar y recibir asilo, la protección contra la devolución y contraviene las normas y estándares internacionales e interamericanos”.
Noticias/Diario Tribuna Chiapas/2019
