Administrar, no resolver problemas, política de la 4T en derechos humanos: ONG
*El recorte de presupuesto en materia de derechos humanos ha menoscabado la tarea de diversas dependencias, entre ellas la del Mecanismo de Protección a periodistas y activistas, donde han cesado a especialistas en seguridad de beneficiarios.
Por Gloria Leticia Díaz
Ciudad de México, 10 DIC (Proceso).-Con una herencia de tres mil 408 agresiones a periodistas durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, (de las cuales 47 fueron asesinatos, según la organización Artículo 19); 225 defensores de derechos humanos asesinados y 27 desaparecidos, víctimas que se suman a las 119 mil 622 personas desaparecidas en todo el país (de acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas), el gobierno de Claudia Sheinbaum navega en la indefinición de qué acciones tomará para enfrentar la crisis humanitaria que arrastra México hace tres administraciones.
Por lo pronto, por decisiones tomadas en su gabinete y en el presupuesto destinado a atender esas problemáticas, y más aún con la decisión de su partido Morena de mantener a Rosario Piedra Ibarra al frente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), el primer año de la presidenta Sheinbaum se decanta por la continuidad del gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
La prueba más clara de esa continuidad se manifiesta en el presupuesto propuesto por el gobierno de Sheinbaum en materia de derechos humanos, tendiente a “administrar” los problemas más que atenderlos. Y en este contexto, persisten dos sectores muy vulnerados durante décadas, el de defensores de derechos humanos y periodistas.
De acuerdo con el monitoreo Servicios para una Educación Alternativa (EDUCA), en su informe “Todos los nombres, todas las luchas”, contabilizó 225 asesinatos y 27 desapariciones de defensores de derechos humanos durante la gestión de López Obrador. Del total, EDUCA considera que 42 casos corresponden a ejecuciones extrajudiciales atribuidas al Estado mexicano, mientras que víctimas fueron en 94 casos defensores del medio ambiente y 85 de derechos políticos, lo que representa 80% de los asesinatos documentados.
En tanto que organizaciones como Artículo 19 y Reporteros Sin Fronteras (RSF) calculan que durante el obradorato 50 periodistas fueron asesinados, y dos durante los primeros días del gobierno de Sheinbaum. Artículo 19 documentó además tres mil agresiones a comunicadores durante el sexenio pasado.
A unos días de que se defina el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), el Centro e Análisis e Investigación Fundar ha alertado sobre recortes en materia de derechos humanos en su reciente informe “Nuevas propuestas, menos presupuestos”, en el que analiza la propuesta presupuestal del gobierno de Sheinbaum para 2025.
“Lo que vemos como grave es que hay un riesgo de que la política en materia de derechos humanos quiera administrar las problemáticas y no atacarlas directamente”, alerta Ángel Ruiz Tovar, uno de los autores del documento.
El investigador reconoce que los recortes en distintas áreas destinadas a la protección, promoción y defensa de derechos humanos oscilan entre el 4 y 5%, cuando mucho en 10%, lo que revela que los titulares de las unidades “no calcularon la inflación al momento de solicitar su presupuesto a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), es decir, en sus estimaciones ni siquiera están contabilizando realmente cuáles va a ser las necesidades que van a tener en 2025”.
Recortes
Entre ese tipo de presupuestos se ubicaría lo contemplado para la Dirección General para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, que en 2024 tuvo un presupuesto de 624.9 millones de pesos, y para 2025 sería de 598.4 millones de pesos, una reducción de 4.27 por ciento.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) también sufría un recorte de 4.11%, al pasar de mil 796 millones de pesos en 2024 a mil 722 millones de pesos para 2025.
Un caso emblemático destacado por Fundar es el presupuesto propuesto para la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) de 3.6% en términos reales, y de 0.4% para la partida Ayudas Sociales a Personas.
Para este último fondo, cabe destacar que la reducción estaría en contra de una sentencia el 21 de agosto de este año, en la que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordena a los poderes Legislativo y Ejecutivo destinar al menos el 0.014% del gasto programable de la federación para la partida de Ayudas Sociales a Personas, dentro del presupuesto de la CEAV.
En apego al amparo litigado por el Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez, para 2025 se tendría que destinar 909 millones de pesos, pero la propuesta de Sheinbaum contempla para el rubro de Ayudas Sociales sólo 658 millones de pesos, 251 millones de pesos menos para la atención a víctimas.
Otro ejemplo revelador es la disminución de 8.11% en términos reales contemplado para la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) para 2025, al pasar de mil 199 millones de pesos destinados para 2024, a mil 102 millones de pesos para 2025.
Si se desglosa de lo contemplado para la CNB para el año próximo, Fundar detalla que para la operación del organismo a nivel federal, la reducción propuesta es de 19.67% respecto a 2024, año en que se destinaron 307 millones de pesos y para 2025 se programan 247 millones.
En el caso de los subsidios a las comisiones estatales de búsqueda, el recorte representa 4.12% respecto a 2024, cuando se destinaron 891 millones de pesos, y para el año próximo se programan 854 millones de pesos.
No entienden cómo funcionan los recursos
“Vemos poco análisis por parte del Estado mexicano de comprender la lógica de cómo funcionan los recursos para diferentes usos, para identificación, para localización de personas, para restitución, para protección de personas defensoras. Ahí la batalla perdida es con la CNDH, porque para la administración de Rosario Piedra, muy claramente el objetivo es que con menos recursos hacen más”, señala Ángel Ruiz Tovar.
Abunda que, en temas de atención a víctimas y a la protección de defensoras y periodistas, el presupuesto “siempre tiene que ir aumentando, pero no ves esa lógica, sino que es ‘quédate con eso y la institución trabaja con lo que pueda’, y ahí es donde vemos la lógica de administración de los problemas, donde no hay un análisis diferenciado de las necesidades presupuestarias de cada institución para la atención de derechos humanos”.
Noticias/Diario Tribuna Chiapas/2024