Fosa con mil 600 dientes de leche en Zacapu, atribuida al CJNG; el jefe criminal de la zona es “La Hamburguesa”
Por. J. Jesús Lemus
Ciudad de México, 25 SEP.-El hallazgo de una fosa clandestina en el municipio de Zacapu, Michoacán, se ha convertido en una de las evidencias más espeluznantes del impacto de la violencia sistemática en la región.
El descubrimiento fue llevado a cabo por el colectivo Buscando Cuerpos en Todo México, encabezado por la activista y senadora Margarita López Pérez, quienes tras intensas jornadas de prospección y mediante un minucioso proceso de cribado de tierra, lograron recuperar alrededor de mil 600 dientes de leche.
Este dato es de una gravedad extrema, pues los análisis odontológicos forenses preliminares sugieren la presencia de restos óseos pertenecientes a menores de edad, en rangos que van desde la primera infancia hasta los seis años, así como a infantes de hasta doce años. El evento representa un quiebre en la percepción de las víctimas del conflicto armado, demostrando que la barbarie criminal no ha respetado la edad de las personas.
La ubicación del sitio en Zacapu no es fortuita, ya que responde a la geografía de la violencia que azota al estado de Michoacán. Las franjas centro-norte y bajío Michoacán han sido identificadas históricamente como corredores estratégicos para el tráfico de drogas, armas, personas y la consolidación de economías ilícitas.
En esta zona en particular, el Cartel Jalisco Nueva Generación ha mantenido un control territorial hegemónico y violento, disputando las rutas y plazas contra células locales y disputando el dominio absoluto de los recursos económicos y sociales de la población.
La presencia de campos de exterminio y centros de cremación clandestina en predios aislados de la entidad refleja una metodología criminal estructurada, orientada a la desaparición absoluta de evidencia.
Otro sitio de exterminio
Las investigaciones de campo del colectivo revelaron que el predio era utilizado como un sitio de disposición final y exterminio por fuego. Para destruir las evidencias, los perpetradores emplearon combinaciones de diésel y madera para generar combustiones de alta temperatura dirigidas a calcinar los restos humanos.
Sin embargo, la estructura del esmalte dental es la sustancia más dura del cuerpo humano, capaz de resistir niveles de calor extremas que consumen la materia orgánica y fragmentan el tejido óseo. Esto explica por qué el proceso de cribado fino realizado por las madres buscadoras permitió recuperar los dientes de leche, piezas que por su tamaño habrían pasado desapercibidas en revisiones gubernamentales superficiales.
Las hipótesis planteadas por activistas y defensores de derechos humanos sobre la presencia de restos infantiles en este campo de exterminio apuntan a dinámicas criminales extremadamente oscuras.
Entre las líneas de explicación que se investigan preliminarmente se encuentra la posibilidad de que los menores hayan sido víctimas colaterales de ejecuciones familiares completas, donde células delictivas eliminan a familias enteras para arrebatar propiedades o en venganzas entre facciones.
Asimismo, se ha señalado la posible operación de redes transversales de trata de personas, explotación infantil y tráfico de órganos, actividades ilícitas altamente lucrativas que han proliferado en zonas donde el crimen organizado ejerce un control territorial sin contrapesos institucionales.
El caso ha provocado una fuerte controversia y fricción entre los colectivos de familias e instituciones oficiales. Mientras el colectivo de búsqueda documentó el hallazgo e impulsó la visibilización del caso a nivel nacional, exigiendo peritajes genéticos urgentes, las autoridades estatales y la Fiscalía General de la República han actuado con cautela y lentitud en la emisión de dictámenes definitivos.
Esta brecha entre la acción ciudadana y la respuesta institucional refleja la crisis del sistema forense en México, donde el volumen de Restos no identificados rebasa por mucho la capacidad operativa y técnica de los peritos oficiales, dejando en el limbo la identificación de miles de fragmentos y piezas biológicas.
La desaparición, un fenómeno no reconocido
El contexto general de las desapariciones forzadas en México y en Michoacán demuestra un cambio en el patrón de operación de las bandas delictivas. La desaparición de personas ha dejado de ser únicamente un método de neutralización de rivales para convertirse en un mecanismo de control social, a través del cual el Cartel Jalisco Nueva Generación y otros grupos delictivos infunden terror en las comunidades, desarticulan el tejido social e imponen un silencio sistemático.
Las fosas clandestinas y los sitios de cremación son el eslabón final de esta cadena de impunidad, diseñados para negar la existencia misma de la víctima y despojar a sus familias de la posibilidad de duelo o justicia.
El impacto político y social del hallazgo en Zacapu trascendió a nivel federal cuando los datos recopilados en el predio fueron presentados ante el Senado de la República. La denuncia pública busca presionar a las autoridades competentes para que se asignen recursos forenses especializados, intervengan laboratorios de genética internacional y se establezcan protocolos de búsqueda especializados en la localización e identificación de la niñez desaparecida.
La confirmación de restos de infantes de tan corta edad reconfigura el debate sobre la urgencia de atender la crisis humanitaria y la necesidad de intervenir directamente las zonas bajo dominio del crimen organizado.
Este hallazgo en Michoacán expone de forma cruda las fallas en la protección de los derechos de la infancia y la impunidad con la que operan los carteles de la droga en la entidad.
La persistencia de los colectivos de madres buscadoras sigue siendo la principal fuerza que saca a la luz la existencia de estos lugares de horror, en medio de un panorama donde el trabajo de cribado y recuperación de pequeñas evidencias, como los dientes de leche de Zacapu, representa el único camino para devolver la identidad a las víctimas y evidenciar la dimensión real de la violencia en el país.
Una zona controlada por La Hamburguesa
Jesús Rivera Aguirre, conocido bajo los alias de “El Chuy”, “Don Chuy”, “El Gordo Chuy” o “La Hamburguesa”, ha sido identificado por autoridades federales y estatales como un presunto jefe de plaza e importante lugarteniente del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en Michoacán. Su centro de operaciones principal se ha situado en el municipio de Zacapu, desde donde presuntamente coordina actividades delictivas en la región.
Dentro de la estructura organizativa del CJNG, Rivera Aguirre se ha desempeñado como un operador estratégico del grupo criminal en la zona centro y bajío de Michoacán, con alcance operativo en colindancias con Guanajuato. Se le atribuyen responsabilidades relacionadas con el control territorial, el tráfico de drogas, la extorsión a comercios y productores locales, así como la generación de violencia mediante enfrentamientos armados contra grupos rivales y fuerzas de seguridad.
A finales de febrero de 2025, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Guardia Nacional y autoridades estatales implementaron un operativo conjunto en un inmueble de la zona centro de Zacapu, logrando la detención de Jesús Rivera Aguirre junto a otros presuntos integrantes de la célula delictiva. Durante la acción operativa se registraron enfrentamientos armados que dejaron a policías municipales heridos.
En respuesta a su arresto, integrantes del grupo armado desataron una serie de actos violentos en diversos municipios de la entidad para obstaculizar el traslado del detenido. Estos eventos incluyeron el despojo e incendio de vehículos, bloqueos en tramos carreteros estratégicos como Erongarícuaro-Pátzcuaro, Naranja de Tapia y Pátzcuaro-Quiroga, así como agresiones a instalaciones de seguridad. La situación derivó en la suspensión temporal de actividades comerciales y escolares en Zacapu.
Tras su captura, “El Chuy” fue presentado ante la Fiscalía General de la República y puesto en prisión preventiva en el Centro Penitenciario “Lic. David Franco Rodríguez” (Mil Cumbres), ubicado en Morelia. Sin embargo, en marzo de 2025, un juez federal decretó su liberación por inconsistencias procesales o falta de elementos presentados durante las audiencias iniciales, lo que generó señalamientos y debate público sobre la actuación del poder judicial en casos vinculados al crimen organizado. Información Cenzontle 400.
Noticias/Diario Tribuna Chiapas/2026
