Jufed denuncia nueva presión contra jueces: cambios de adscripción y reapertura de sanciones

*De cara a la segunda etapa de sustitución masiva de juzgadores prevista para 2028, juzgadoras señalan que la salida del personal de carrera dejará un vacío crítico en la impartición de justicia en México.

 

Carina García

 

Ciudad de México, 18 SEP.-A punto de cumplirse dos años de la aprobación de la reforma judicial, dos nuevas estrategias contra los juzgadores de carrera judicial están en curso: una ola de cambios de adscripción sin aviso, ni justificación, y la reapertura de procedimientos sancionatorios como mecanismo de presión.

Así lo denuncia la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (Jufed), cuya directora, la magistrada Julia García González, advierte una etapa de recrudecimiento en la persecución a juzgadores.

¿Qué ha pasado con la reforma judicial a dos años?

La reforma judicial se avaló en el Congreso y luego se promulgó el 15 de septiembre de 2024, es decir, hace dos años, aunque en febrero de 2025 la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) revocó las suspensiones que mantenían en suspenso algunas etapas.

Hoy, por haber dictado suspensiones entorno a la reforma judicial de 2024, expone Julia García, el Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ) ha revivido al menos 20 procedimientos disciplinarios en contra de juzgadores que otorgaron esas medidas.

“Estamos atestiguando cómo este Tribunal está iniciando procedimientos para castigar o para sancionar o para inhibir la forma en que estarían resolviendo las y los jueces federales. Particularmente tenemos detectados por lo menos unos 20 casos”.

El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) –ya extinto y sustituido por el Órgano de Administración Judicial (OAJ)- ya había determinado la improcedencia de sanciones, y además los procesos reactivados no respetan el debido proceso.

“En uso de sus facultades (el CJF) ya había dicho de manera contundente que no había motivos para iniciar procedimientos porque era un tema de criterio jurisdiccional y ese está protegido con este tema de la independencia, de la autonomía, como una garantía de las personas juzgadoras”, señala García.

Ahora ese criterio de protección a la independencia judicial está en entredicho y explica, los casos, iniciados en su momento por la Consejería Jurídica de la Presidencia han revivido en secrecía.

“Lo que sorprende es que sin audiencia de la parte afectada, es de decir, de las y los jueces a quienes les están reviviendo los procedimientos”.

Reconoce que, aunque la normatividad interna no establece dar aviso previo a la reactivación de casos, se trata de reglas mínimas de debido proceso y derechos básicos que están en la Constitución.

Tribunal de revisión ideológica: un caso emblemático

Entre los casos de denuncias “revividas” está el de la jueza en retiro Martha Magaña, quien en agosto de 2024, antes de que se concretara la aprobación de la reforma judicial en el Congreso, concedió dos suspensiones, una para evitar que la Comisión de Puntos Constitucionales del Senado no entregara a la nueva Legislatura el dictamen de la reforma a la nueva legislatura.

De inmediato hubo descalificaciones públicas, incuso desde la conferencia mañanera del expresidente Andrés Manuel López Obrador, y legisladores de Morena anunciaron denuncias penales y juicios políticos contra ella y otro juzgador, recuerda la misma exjuzgadora.

“En la mañanera del lunes ahí exhibió nuestros perfiles y dijo que lo que estábamos haciendo estaba mal y que no, no iban a cumplir con la suspensión”, dice Magaña.

Todo eso, relata, fue antes de la reforma judicial, luego esta se concretó y hubo más suspensiones, algunas por ejemplo para detener la organización de las elecciones judiciales.

Sin embargo, recuerda que la SCJN resolvió que de las suspensiones dictadas debían seguir su curso las relacionadas con la materia de derechos humanos, pero no las que tocaban la materia electoral y además determinó “que no había razón para dar vista al Ministerio Público ni tampoco era un tema que pudiera analizarse en un procedimiento sancionador”.

Contrario a ello, hoy los procesos revivieron y Magaña ha sido emplazada a dos juicios disciplinarios por sus dos sentencias, con dos fechas de octubre de 2025 para audiencias.

Su expediente, afirma, ya fue presentado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) donde se mantiene vivo un proceso de queja por las afectaciones al PJF mexicano.

Con 24 años de carrera judicial, Magaña tomó la decisión de no ir a elección judicial de 2025, renunciar a su plaza, y salir al extranjero para continuar sus estudios académicos y carrera.

Al explicar su rechazo a someterse al nuevo sistema de elección popular de juzgadores, la jueza señala:

«Yo me quise ir antes de que entrara el nuevo sistema porque pues justamente no compartía la ideología de este nuevo sistema…. El profesionalismo, el mérito, los exámenes son la vía correcta para llegar a un cargo de juez y mantener así la independencia judicial.

“Mi convicción no es trabajar de la forma en la que se está haciendo ahora, o sea, trabajar bajo consigna o con el miedo de no conceder amparos en contra de autoridades para poder mantener mi puesto, no lo haría».

Reconoce empero que otros de sus compañeros tomaron otros caminos, también válidos, como incorporarse a otros espacios del PJF, volverse litigantes, académicos o asesores jurídicos.

Otras represalias: las readscripciones

El impacto de la reforma judicial también se manifiesta en la movilidad forzada del personal de carrera, por lo que García, la dirigente de Jufed, denuncia el cambio masivo de adscripciones: 43 ordenados de forma simultánea a principios de mes.

Entre ellos 6 magistrados, 27 jueces y 10 secretarios en funciones en 18 estados.

Si bien en el PJF la adscripción es decidida por el OAJ, como antes ocurría con el Consejo de la Judicatura, la medida parecería ser una sanción por resolver con independencia, considera.

La razón detrás de los cambios y también de los procedimientos disciplinarios es que se busca un efecto inhibidor: “la gente cuando está viendo ´me pueden suspender, me pueden cambiar de adscripción´, pues obviamente no tiene la libertad que tendría” para resolver con independencia.

Entre los movimientos ordenados están los que afectarán un órgano clave, el Centro Nacional de Justicia Especializado en Control de Técnicas de Investigación, Arraigo e Intervención de Comunicaciones, dedicado a resolver sobre solicitudes de la Fiscalía para lograr la intervención de comunicaciones privadas, geolocalización u órdenes de cateo.

“La verdad no nos explicamos porque además no lo justifican en lo mínimo por qué estos cambios de adscripción” pero, indica, existe al menos la presunción de que se trata de retirar a juzgadores “incómodos”.

“Un juez o una jueza independiente seguirá siendo siempre incómodo. ¿Por qué? Porque en cualquier momento se pueden paralizar esos actos que según el gobierno estima como prioritarios”.

García indica que la mayor afectación es que se remueve a personal de carrera judicial y “eso forma parte de lo que nosotros advertimos como una dinámica de presión” pues pareciera que lo que se quiere es tener a personas que resuelvan fuera de los criterios de la ley.

“Podemos ver como se cooptó a la judicatura independiente pues para que ahora se dedique a avalar propiamente todo lo que hacen (…) esta nueva Corte que se presume como real y verdadera, pues no ha hecho más que solapar todos los excesos del poder autoritario”.

El PJF que viene después de 2028

Así, concluye, hoy todo eso que se aseguró que no pasaría con la reforma judicial, está en curso.

Se dijo que la reforma, recuerda, no afectaría la independencia de los jueces y magistrados; que se respetarían los derechos de los juzgadores que salieran como resultado de la elección judicial; que no habría persecución; que el TDJ no realizaría una cacería.

Pero “el Tribunal realmente ya es el órgano inquisitorial”; hay denuncias penales contra personas juzgadoras por haberse pronunciado sobre la Reforma Judicial o por inaplicar la figura de la prisión preventiva oficiosa en acatamiento a sentencias de tribunales internacionales; el OAJ se ha negado a pagar todas las compensaciones extraordinarias y pensiones complementarias estipuladas en la reforma judicial

Por todo ello, de cara a la segunda etapa de sustitución masiva de juzgadores prevista para 2028, tanto García como Magaña coinciden en señalar que la salida del personal con décadas de experiencia dejará un vacío crítico en la impartición de justicia en México. Información Expansión Política.

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