CORRUPCIÓN SIN ZONAS DE EXCEPCIÓN
Roger Laid
Si existen señalamientos, indicios o elementos que apunten a posibles irregularidades, lo responsable no es esconderlos debajo de la alfombra ni administrar políticamente los tiempos de una investigación. Hay que investigar. Y si las pruebas acreditan responsabilidades, que se sancione a quien corresponda, sin importar apellido, cargo, amistad o cercanía política.
El reportaje que pone sobre la mesa el nombre de Carlos Ulloa, excolaborador cercano de la presidenta Claudia Sheinbaum y actualmente relacionado con la conducción de Birmex, obliga precisamente a eso: a revisar, documentar y esclarecer, no a condenar anticipadamente ni tampoco a conceder inmunidades políticas.
Porque cuando alguien señalado queda fuera del escrutinio, la pregunta inevitable aparece: ¿por qué?
Y esa pregunta genera suspicacias además de temor para todos los que saben que andan en “movidas”.
La llamada barredora de la corrupción debe funcionar de manera pareja. No puede ser muy eficiente con los funcionarios incómodos y selectiva con aquellos que tienen conexiones políticas de mayor nivel. Si la transformación presume combatir la corrupción, tiene que demostrarlo también cuando la investigación toca a personajes con poder.
Y en Chiapas, el mensaje debe ser todavía más claro
El gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, ha hecho de la persecución de funcionarios que incurren en irregularidades una de las banderas más visibles de su gobierno. Se ha mostrado como un gobernador dispuesto a meter la barredora y a no permitir que quienes abusan del servicio público se escondan detrás del cargo.
Pero hay una realidad que no debe perderse de vista: el alcance de un gobierno estatal tiene límites cuando las investigaciones conducen al ámbito federal.
Ahí se necesita coordinación, respaldo institucional y voluntad de las autoridades federales.
Porque una investigación no puede detenerse en la frontera administrativa de un estado cuando los indicios apuntan más arriba o involucran recursos, instituciones o servidores públicos de competencia federal.
Hasta donde llega el gobernador, debe llegar la investigación estatal. Y hasta donde ya no llega, deben entrar las instituciones federales.
Eso no debilita al gobernador; al contrario. Lo fortalece.
Un gobierno que realmente quiere limpiar la casa no debería temer que la barredora llegue a todos los rincones. La verdadera prueba de una política anticorrupción no está en perseguir al funcionario menor, sino en demostrar que nadie es intocable.
Puntos Suspensivos…
Porque si hay elementos, que se investigue.
Si no los hay, que se aclare.
Y si los hay y se acreditan responsabilidades, que se proceda.
Lo que no puede quedar como respuesta es el silencio. Porque cuando las instituciones callan frente a señalamientos que merecen ser esclarecidos, las dudas crecen y la sospecha termina ocupando el lugar que debería ocupar la justicia. Carlos Ulloa esta en el banquillo y en las próximas colaboraciones expondremos las pruebas de algunas irregularidades. Por lo pronto ya deben visitarlos los de la ASF.
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