En el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, comunidades indígenas de la región norte selva de Chiapas marchan y pugnan por la no construcción de la autopista Palenque-Ocosingo
San Cristóbal de Las Casas, Chis., 09 AG.-Cientos de habitantes de las comunidades que integran las comunidades indígenas de las etnias tzeltal y chol de Chiapas acusaron de la pretensión del gobierno estatal de imponer una obra sin consulta libre e informada, destruir manantiales y lugares sagrados y fragmentar la vida comunitaria.
En la marcha realizada este domingo, los manifestantes en defensa de la tierra y que exigen la suspensión definitiva de la autopista Palenque-Ocosingo, denominada como la “Ruta de las Culturas Mayas”, es una obra que solo beneficiará al turismo y al sector empresarial.
Al grito de que la “La Tierra no debe ser un negocio’, la movilización realizada para celebrar el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, rechazan la construcción de la autopista Palenque-San Cristóbal, toda vez que su apertura ha traído consigo una serie de impactos negativos y riesgos.
Sobre la carretera que inició en junio de 2025, presentada por los gobiernos federal y estatal ya tiene Impactos negativos.
En un comunicado señala seis motivos para su rechazo, la primera es jurídica. Exponen que la construcción “es jurídicamente inaceptable, toda vez que las autoridades han realizado consultas sin previo aviso, ni libres ni informadas, a las que tienen derecho las comunidades indígenas afectadas, lo que vulneran de forma directa sus derechos territoriales y culturales.
Otras es la destrucción ambiental de bosques, selva, manantiales, montañas. Una denuncia directa contra las empresas constructoras, a quienes acusan de intimidación mediante diversos actos de hostigamiento y acciones que vulneran nuestros derechos, buscan debilitar la defensa de nuestra Madre Tierra.
El número cuatro, denuncian que las constructoras, siguen trabajando sin consultar a los ejidatarios y ejidatarias si pueden pasar por cafetales, parcelas de pequeños ganaderos y milpas, así como por los manantiales que están siendo usados por los pobladores.
En los últimos dos puntos, explican los daños no se mide en hectáreas, el proyecto no solo pretende fragmentar el ecosistema, sino también romper el tejido comunitario que como pueblos hemos cuidado durante generaciones.
Además, intenta sembrar la división, enfrentando a hermanas y hermanos entre sí por intereses ajenos al bien común. Y amenaza las tradiciones y la cultura de nuestros pueblos indígenas, ya que afectarán muchos lugares sagrados, como los espacios ancestrales.
Las constructoras, añade el punto cuarto, “siguen trabajando sin consultar a los ejidatarios y ejidatarias si pueden pasar por cafetales, parcelas de pequeños ganaderos y milpas, así como por los manantiales que están siendo usados por los pobladores”.
Los últimos dos puntos hablan del daño que no se mide en hectáreas: el proyecto no solo pretende fragmentar el ecosistema, sino también “romper el tejido comunitario que como pueblos hemos cuidado durante generaciones. Intenta sembrar la división, enfrentando a hermanas y hermanos entre sí por intereses ajenos al bien común”. Y amenaza “las tradiciones y la cultura de nuestros pueblos indígenas, ya que afectarán muchos lugares sagrados, como los ‘Ajaw’ (espacios ancestrales)”.
El pronunciamiento incluye dos exigencias adicionales al Estado mexicano. La primera invoca el artículo 2° constitucional para demandar que se respete y se tomen en cuenta los usos, costumbres y territorios de los Pueblos Originarios.
Las comunidades indígenas de la región, no quieren que vengan a despojar la riqueza de sus tierras los empresarios, ni que el gobierno envíe soldados, corporaciones policiales de “élite” y judiciales a éstas comunidades, porque afectan la vida de la niñez.
La segunda es una denuncia contra la propuesta de Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos, que, a juicio de las comunidades, pretende avanzar mediante un proceso apresurado, sin información suficiente clara ni culturalmente pertinente y mantiene mecanismos de control estatal sobre los territorios y los bienes naturales considerados estratégicos, favoreciendo intereses ajenos a los pueblos y debilitando el ejercicio pleno de la libre determinación.
Las comunidades y el Movimiento en Defensa de la Vida y el Territorio (Modevite) vienen impugnando las consulta desde el inicio de la obra, tras el banderazo de inicio, el Modevite, el gobierno comunitario de Chilón y diversas localidades rechazaron categóricamente el discurso engañoso del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, al que calificaron de “una vil mentira”, porque afirma haber dialogado directamente con los dueños de los predios y parcelas por los que atraviesa la línea de la autopista.
Noticias/Diario Tribuna Chiapas/2026
