Leonel Durante López
16 JULIO 2026
*¡Hágase la justicia en los bueyes de mi compadre!
*17 periodistas asesinados en el haber de Sheinbaum
El debate sobre la imparcialidad en la aplicación de la justicia en México es uno de los temas más polarizados y discutidos actualmente.
La detención de figuras de la oposición, como el reciente caso del exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, acusado de robo de combustible (huachicol), suele avivar estos cuestionamientos.
Para entender la complejidad de esta situación, existen dos posturas muy marcadas en la opinión pública, la justicia selectiva, quienes comparten esta preocupación argumenta que existe un sesgo político en las investigaciones.
Señalan que la Fiscalía General de la República (FGR) y las autoridades actúan con rapidez y severidad contra los opositores del gobierno actual, mientras que las denuncias, irregularidades o presuntos actos de corrupción que involucran a miembros o aliados del partido oficialista Morena avanzan de forma mucho más lenta, son minimizados o no reciben el mismo nivel de persecución penal.
Se critica que los procesos judiciales se utilicen como herramientas de narrativa política, especialmente en periodos cercanos a elecciones o coyunturas importantes, para debilitar a la oposición.
Por otro lado, la administración de la llamada «Cuarta Transformación» sostiene que no existen pactos de impunidad ni «vacas sagradas». Argumentan que el combate a delitos graves como el huachicol o la corrupción se realiza sin importar la afiliación partidista del implicado, buscando desmantelar redes delictivas que presuntamente operaron con tolerancia en sexenios anteriores.
El discurso oficial defiende que la FGR actúa de manera autónoma e independiente del Poder Ejecutivo, y que cada caso se sustenta en pruebas y procesos estrictamente legales y no en consignas políticas.
Este panorama evidencia la profunda desconfianza que aún rodea a las instituciones encargadas de impartir justicia en el país, donde la línea entre la aplicación legítima de la ley y la persecución política sigue siendo objeto de constante escrutinio ciudadano.
Desde hace más de siete años con la llegada de la cuarta transformación junto con el poder, México alberga un gobierno de cínicos, descarados, corruptos y ladrones.
Por eso, tuvieron la desfachatez de detener al exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel primer gobernador de oposición en la era del PRI.
Simple y llanamente la muestra de la impunidad y de lo delincuentes, que tienen un sinnúmero de casos, de involucrados e instituciones involucradas en el delito del tráfico o contrabando del huachicol fiscal.
Como si fueran los justicieros tienden una cortina de humo y se van en contra de la única persona que ha abordado el tema del contrabando de combustible ante una acusación de hace varios meses.
Todos sabemos qué es el huachicol fiscal, el contrabando de combustible que entra a México sin pagar impuestos, entonces este jueves la Fiscalía General de la República informó de la detención del exgobernador panista, pero que hoy milita de reciente creación Somos México, Ernesto Ruffo, acusado de contrabando de combustible.
Somos México defendió a su consejero Ernesto Ruffo y exigió a la FGR que lo liberen, luego de que fuera detenido por su supuesta participación en delitos de huachicol.
El nuevo partido político, dirigido por Guadalupe Acosta Naranjo, aseguró que la detención de Ruffo Appel es un “inaudito atropello” y una “cortina de humo” para distraer la atención de los señalamientos de supuestos vínculos de gobernadores morenistas con el crimen organizado.
Finalmente, los “justicieros” morenarcos detuvieron a un gobernador por delincuencia organizada, pero no chayón Rubén Rocha Moya, por sus vínculos con los chapitos.
Ni Marina del Pilar gobernador sin VISA de Baja California, por andar vendiendo información de seguridad al FBI; ni Américo Villarreal por delitos relacionados con el huachicol fiscal; ni Alfonso Durazo, gobernador de Sonora, , exsecretario de Seguridad cuando liberaron al hijo del chapo.
Mucho menos Adán Augusto López Hernández, exgobernador de Tabasco y jefe del secretario de seguridad y líder del Cártel de la barredora, por mencionar algunos, pero son mucho narco políticos involucrados en la mafia, pero que tienen la defensa de la presidenta por ser de Morena.
De ahí, que se les “prendió el foco” y se fueron por un “chivo expiatorio”, y detuvieron a un ex gobernador de oposición, descomunal descaro y cinismo de la FGR: ¡Hágase la justicia en los bueyes de mi compadre!
periodista y profesor Josué Martínez Contreras, fue asesinado este jueves
El periodista y profesor Josué Martínez Contreras, director del medio Noticias San Martín Texmelucan fue asesinado este jueves en Atoyatenco, Puebla.
Con su muerte, suman 17 periodistas asesinados en lo que va del actual sexenio y 97 contabilizando los asesinados en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador.
Medios locales reportaron el asesinato, con arma de fuego, registrado hacia las 8 de la mañana afuera del domicilio del periodista. Fue ultimado por sujetos armados que lo atacaron de manera directa.
Josué Martínez tenía 35 años de edad. El ataque ocurrió en presencia de su hijo, de 13 años de edad, que llamó a los servicios de emergencia.
Lamentablemente, México sigue ostentando el deshonroso título de ser uno de los países más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo.
Reporteros Sin Fronteras (RSF) y Artículo 19, coinciden en que México se sitúa constantemente como uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo en el mundo, incluso fuera de zonas de guerra formal.
El asesinato de Josué Martínez no es un hecho aislado, sino el eslabón más reciente de una cadena de agresiones letales que se ha extendido a lo largo de este año.
En lo que va de este año, la violencia contra la prensa ha cobrado ya varias vidas de forma directa en el territorio nacional. El mapa del riesgo es amplio y doloroso.
Ejemplos recientes, como los casos reportados en medios locales e independientes que documentan asesinatos en estados como Puebla, Veracruz o Guerrero, reflejan que las agresiones suelen concentrarse en periodistas regionales que cubren dinámicas locales de corrupción, delincuencia organizada y seguridad pública.
La vulnerabilidad de los comunicadores a menudo se ve agravada por la ineficacia o falta de recursos de los mecanismos de protección estatales y federales, así como por un alto índice de impunidad en la resolución de estos crímenes.
Las cifras oficiales y el monitoreo de organizaciones civiles defensoras de la libertad de expresión nos recuerdan que, detrás de cada estadística, hay familias rotas, redacciones censuradas por el miedo y comunidades enteras que se quedan a oscuras, sin nadie que cuente sus historias ni denuncie sus dolores.
Del Montón
Tras la detención del exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, por su presunta participación en una red de contrabando de combustible, el PAN exigió que la justicia se aplique con el mismo criterio para todos los actores políticos y acusó un trato diferenciado entre militantes de ese partido y de Morena. La dirigencia nacional panista, sostuvo que las autoridades actuaron con rapidez en el caso de Ruffo Appel, mientras que, no han procedido contra los exgobernadores morenistas Rubén Rocha Moya y Marina del Pilar Ávila, pese a que existen «pruebas contundentes» en su contra. «La ley no puede aplicarse con criterios distintos dependiendo de la persona o del partido al que pertenezca» y afirmó que la detención de Ruffo Appel ocurre en un contexto de cuestionamientos por el trato que, asegura, han recibido otros casos vinculados con Morena. * * * Eso es todo por hoy, hasta el domingo próximo primero Dios con más de lo mismo.
