Partidos políticos, sin filtros para frenar candidatos ligados al crimen organizado en 2027

*El tiempo para poner mayores candados contra el crimen organizado a quienes aspiren a un cargo en las próximas elecciones se agota y los partidos políticos no implementan filtros suficientes para sus candidaturas.

 

Andro Aguilar

 

Ciudad de México, 13 ABR.-A unos meses de que inicie el proceso electoral rumbo a 2027, los partidos políticos en México no cuentan con métodos que garanticen que sus candidatos no estén infiltrados por organizaciones criminales. Los procesos para definir las candidaturas están delimitados únicamente por los requisitos que establecen las autoridades electorales, los cuales resultan insuficientes para garantizar que los aspirantes no tengan vínculos delincuenciales.

Pese a que existen varias iniciativas para intentar poner candados a esos riesgos, no se prepara ningún cambio previo a las elecciones de 2027, cuando se elegirán 500 diputaciones federales, 17 gubernaturas y más de 2 mil diputaciones locales y ayuntamientos.

Dirigentes de partidos políticos advierten que carecen de recursos financieros para poner los filtros suficientes y que la “autorregulación” no es una medida efectiva. Otros señalan que ésa es tarea de las autoridades de justicia. 

Especialistas advierten sobre la necesidad de que ante la colusión de políticos con grupos criminales, ya sea por coerción o vinculación acordada, se involucren distintas instituciones.

“Los partidos no van a tener muchos incentivos a hacerlo porque hay lugares en donde, de hecho, no pueden postular candidatos, donde se vuelve difícil postularlos cuando el crimen es muy claro sobre quién puede competir o no, y eso genera incentivos muy perversos”, advierte la investigadora Sandra Ley, quien se ha especializado en las consecuencias políticas de la actividad criminal.

Uno de los últimos intentos para legislar se diluyó con el rechazo de casi todos los partidos a la primera propuesta de reforma electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum, que incluía mayor fiscalización en las campañas a través del acceso del INE a las operaciones financieras de partidos y candidaturas, la prohibición de aportaciones en efectivo, además de que los recursos se manejaran en el sistema financiero y con tecnologías en la fiscalización.

La propuesta fue calificada como “timorata” por algunos representantes de la oposición, como el senador del PAN Mario Humberto Vázquez, cuya bancada concentró su argumento de rechazo no en las propuestas, sino en que no se incluían sanciones a los partidos que cobijaran a integrantes vinculados a redes criminales.

El límite para cambiar la ley previo a las elecciones de 2027 es el mes de mayo.

“Alcalde que no se alinea, alcalde que lo matan”

A inicios de febrero, el gobierno federal informó que la actual administración ha detenido a 14 alcaldes acusados vinculados a la extorsión, homicidio y secuestro como parte de la Operación Enjambre. Cinco de ellos pertenecen a Morena y los demás a Movimiento Ciudadano, PRI, PAN, PRD, Partido Verde y organizaciones locales.

El caso más reciente, Diego Rivera del municipio de Tequila, de Morena, desató críticas contra ese partido que tiene el mayor número de cargos en todo el país.

Para elegir y filtrar a las personas que quieren ser candidatos a un cargo público, Morena utiliza a su Instituto Nacional de Formación Política. Óscar Lemus, coordinador del organismo, explica que su partido realiza capacitación específica más allá de las obligaciones de ley para todas las personas que aspiran a un cargo público. Sin embargo, este proceso no evalúa posibles vínculos con grupos delincuenciales.

Sigue leyendo: “Con la presidenta, siempre”: Morena defiende la reforma electoral que presentará Sheinbaum ante sus propios aliados

Todos los aspirantes tienen que tomar un programa de preparación, llamado “Mandar obedeciendo”. Previamente, deben haber acreditado un curso básico sobre la historia, los principios de su partido y su ética. Pero no existe un proceso de evaluación de los perfiles más allá de la interacción propia de la capacitación de corte ideológico. 

“Si ideológicamente no tienen claridad en que nosotros aspiramos a gobiernos populares de izquierda cercanos a la gente, con austeridad, con honestidad, sin corrupción, con principios éticos que implica no tener parafernalias, no tener excesos, lujos; cuando tienen claridad de todo eso que es el producto ideológico pues por consiguiente lo otro ya no se puede dar…”, explica el funcionario.

Entre los requisitos para contender por un cargo público, la ley prohíbe la participación de prófugos de la justicia, personas que deban la pensión alimenticia, o ministros religiosos que no se hayan separado de su cargo. Tampoco pueden participar quienes tengan condenas por delitos intencionales violentos, agresiones sexuales, violencia familiar o violencia política de género. Los requerimientos, sin embargo, no abarcan posibles vínculos criminales que no estén traducidos en condenas por algún delito, en un país con casi 90 % de impunidad.

Karen Castrejón, presidenta del Partido Verde Ecologista de México, reconoce que pese a que los candidatos cumplen con los requisitos de ley, eso resulta insuficiente. 

“Yo creo que hacen falta otros mecanismos (…) todos los partidos, incluido el Partido Verde, cumplimos con lo que la ley nos marca, que son carta de antecedentes no penales, una ciudadanía probada, documentos, actas y certificados, que al final la mayoría de nuestros candidatos cumple y que al final de cuentas uno como partido luego no tiene control al ellos obtener una carta de antecedentes”.

Si no es una obligación legal, por su propia cuenta, los partidos no aplicarán los filtros. El presidente de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, lo resume en una frase: “es imposible que sea una situación de autorregulación, porque no hay los recursos, nada más para hacer esas evaluaciones, nada más en la cuestión de tiempo, sería impensable…”.

El dirigente de Movimiento Ciudadano ha argumentado que se trata de un problema sistémico que no se resuelve incluso con detenciones grupales, como la que ocurrió en el sexenio de Felipe Calderón en 2009 que incluyó a casi una docena de alcaldes.  

“Si hay exámenes de control de confianza para ser policía en México, ¿por qué no hay exámenes de salud mental, por qué la gente no conoce nuestro estado de salud? Tú puedes ser candidato a la presidencia de México y no te piden ni siquiera digamos, un examen de orina, creo que esos estándares de exigencia, de exigibilidad a nuestros representantes púbicos son muy bajos, creo que hay que elevar el grado de investigación, de escrutinio que se hace de las autoridades”.

En tanto, el presidente del Partido del Trabajo, Alberto Anaya, rechaza que la solución esté en colocar más candados a las candidaturas, sino en una mejora profunda en la prevención. 

“Este país se descompuso desde hace dos décadas. Todos tenemos que colaborar para que haya mejoramiento en el tema de seguridad. Alcalde que no se alinea, alcalde que lo matan y no pasa nada. Todos tenemos que colaborar para que la situación mejore (…) No es un problema que le metas o no candados a la gente, sino que mejore por los tres órdenes de gobierno el tema de seguridad. Programas sociales son básicos, pero también el tema de la seguridad, hay que garantizarle a la gente su derecho a la vida, que es lo más importante”.

Iniciativas congeladas

Existen iniciativas recientes que han buscado sin éxito cambiar las normas para poner candados a las candidaturas.  En febrero pasado, el senador del PAN Mario Humberto Vázquez ingresó una propuesta para que toda persona postulada a cargos de elección popular sea sometida a valoraciones de idoneidad y confianza.

La iniciativa incluye pruebas médicas, psicológicas, de detección de consumo de drogas, y de mentiras, a los aspirantes. Además de analizar sus antecedentes personales y cuánto dinero o propiedades tienen, propone que esas pruebas tengan que repetirse cada año hasta que termine el cargo para el que contiendan.

La institución que haga los exámenes deberá entregar un reporte sobre si el candidato pasó o no las pruebas y la autoridad electoral publicará un resumen para que la gente sepa si el candidato es de confianza. El proceso sería realizado por órganos electorales o instituciones privadas contratadas. El legislador advierte que tendría que haber ajustes en el financiamiento para cubrir esas evaluaciones. 

“Sí llevaría algo de gasto, sin embargo, podría hacerse también con cargo al propio interesado en generar esa confianza de que su candidatura es sólida”.  La propuesta de ley, sin embargo, fue turnada y congelada en comisiones legislativas.

“No hacemos nada para filtrar candidaturas”

La investigadora Sandra Ley, especializada en el estudio de vínculos criminales de autoridades, principalmente a nivel municipal, enumera las actividades que podrían implementar las autoridades y que, sin embargo no se hacen: analizar las redes de los aspirantes en términos de negocios y con otros políticos para evitar conflictos de interés, analizar currículums y vinculaciones con actores locales que pudieran tener algún antecedente criminal.

“No tenemos esa información como para poder sistematizar y los partidos tampoco han asumido su responsabilidad en justamente forzar a que todas las candidaturas tengan sus currículums asociados arriba en las páginas del Instituto Electoral y de los OPLE. Esa sería una buena primera medida”.

La investigadora enfatiza que se trata de un problema que se tiene que atender de manera conjunta.

“Tendría que ser no solamente de los partidos, porque tendría que ser partidos junto con la autoridad judicial, junto con autoridades electorales, todas trabajando en conjunto. Los partidos no van a tener muchos incentivos para hacerlo porque hay lugares en donde, de hecho, a veces no pueden postular candidatos, donde se vuelve difícil postular cuando el crimen es muy claro sobre quién puede competir. Y eso genera incentivos muy perversos”. 

Sandra Ley señala que los vínculos de las autoridades con el crimen ocurren tanto de forma previa a asumir los cargos como cuando ya están en el ejercicio. “Llevamos décadas enfrascados en esta vinculación entre Estado y crimen organizado, no es de ahorita. Viene desde la construcción del Estado mexicano y por la misma naturaleza del crimen organizado que requiere de redes de protección para existir. Estas redes se han reciclado una y otra vez”.

“No tenemos esa información como para poder sistematizar y los partidos tampoco han asumido su responsabilidad en justamente forzar a que todas las candidaturas tengan sus currículums asociados arriba en las páginas del Instituto Electoral y de los OPLE. Esa sería una buena primera medida”.

La investigadora enfatiza que se trata de un problema que se tiene que atender de manera conjunta.

“Tendría que ser no solamente de los partidos, porque tendría que ser partidos junto con la autoridad judicial, junto con autoridades electorales, todas trabajando en conjunto. Los partidos no van a tener muchos incentivos para hacerlo porque hay lugares en donde, de hecho, a veces no pueden postular candidatos, donde se vuelve difícil postular cuando el crimen es muy claro sobre quién puede competir. Y eso genera incentivos muy perversos”. 

Sandra Ley señala que los vínculos de las autoridades con el crimen ocurren tanto de forma previa a asumir los cargos como cuando ya están en el ejercicio. “Llevamos décadas enfrascados en esta vinculación entre Estado y crimen organizado, no es de ahorita. Viene desde la construcción del Estado mexicano y por la misma naturaleza del crimen organizado que requiere de redes de protección para existir. Estas redes se han reciclado una y otra vez”.

Elecciones, momento más visible

En las elecciones, los posibles vínculos criminales, se hacen más evidentes porque pueden significar un cisma para las redes de protección. “Lo más probable es que al menos haya una sacudida en cuanto a la vulnerabilidad que implica una elección porque tal vez va a cambiar el mando. Tal vez va a llegar un nuevo partido. Y eso pone en un dilema al grupo criminal que haya logrado establecer cierto nivel de protección dentro de un municipio dado”.

La especialista añade que, sin embargo, esos procesos de protección existen antes, durante y después de la elección. “Es un ciclo que se ha ido repitiendo una y otra vez, porque no nos hemos dedicado a desmantelar redes de protección en el país”.

Sandra Ley destaca que no se trata sólo de falta de recursos, sino de voluntad política de investigar a sus propios compañeros pese al costo que podría tener. 

La investigadora señala que más del 80 % de los ataques son dirigidos contra autoridades municipales, el eslabón más importante para el crimen organizado para ir construyendo controles territoriales.

Sandra Ley, colaboradora de la organización Data Cívica y del proyecto Votar entre balas, advierte que no existe forma de saber cuántos gobiernos están coludidos con el crimen, pero un indicador son los ataques violentos en esos territorios, que reflejan los intentos del crimen organizado por controlar la política.

“En términos de población, de lo que representan los municipios donde el crimen organizado ha buscado incidir en la política, viven aproximadamente a 60 millones de mexicanos, sin que eso signifique necesariamente colusión ni que todos resistieron. Es una combinación de ambos escenarios”. Información de Animal Político.

Noticias/Diario Tribuna Chiapas/2026  

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