EL BARRIDO ES PAREJO
Roger Laid
La nota publicada por El Universal sacudió el tablero político en Chiapas. No por el impacto mediático -que es inevitable-, sino por la profundidad del mensaje: la presunta existencia de una red de vínculos entre actores locales y estructuras criminales, entre ellas el grupo conocido como Pakales, vuelve a colocar en el centro una pregunta incómoda: ¿hasta dónde está dispuesto a llegar el poder para limpiar su propia casa? La respuesta la ofrece el mandatario estatal.
La reacción institucional fue inmediata. La titular de la Secretaría Anticorrupción, Ana Basurto, anunció el inicio de investigaciones “ipso facto”, luego de recibir la instrucción directa del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar. El mensaje oficial fue claro: no habrá tolerancia, ni encubrimientos, ni excepciones.
Desde la narrativa gubernamental, el posicionamiento del Gobierno de Chiapas apunta a una política frontal de cero corrupciones y cero impunidades en Chiapas.
Bien. El problema es que en nuestra entidad los anuncios ya no alcanzan para reconstruir la confianza.
Porque el fondo del asunto no es la nota, ni el medio que la pública, ni siquiera la lista que hoy circula en redes y pasillos políticos. El verdadero dilema es que, de acuerdo con información pública y con otras fuentes abiertas, el número de personas señaladas -directa o indirectamente- es mayor de lo que se reconoce en los comunicados. Y eso convierte el caso en algo más que un episodio mediático: lo transforma en una prueba estructural para el nuevo discurso de gobierno. Y es que, en realidad la lucha en la actual administración es férrea, pero tiene descubierto varios flancos, y avanzar es difícil pero el gobernador ha dicho que se ha perdido el miedo.
Chiapas arrastra una larga historia de simulación institucional. Durante años, la corrupción se administró como un costo político asumible y la impunidad como un mecanismo de estabilidad. Hoy se promete lo contrario. Pero romper con ese pasado exige algo más que la apertura de carpetas de investigación.
El reto está en tres puntos clave.
Primero: la independencia real de las indagatorias. Si los señalados pertenecen a redes de poder político, administrativo o territorial, la credibilidad del proceso dependerá de que las investigaciones no se queden en funcionarios menores o en expedientes que se diluyen con el tiempo.
Segundo: la transparencia. No basta con informar que se investiga; es indispensable explicar qué se investiga, bajo qué hipótesis y con qué plazos. En un estado donde la opacidad ha sido la norma, la información pública debe dejar de ser una cortesía y convertirse en una obligación permanente.
Tercero: la consecuencia. En Chiapas hemos visto demasiados escándalos en la pasada administración que terminaron en nada. Si esta vez no hay sanciones claras, judicialización de los casos y deslinde real de responsabilidades, el mensaje será devastador: que la política de cero corrupciones es solo una consigna reutilizable.
La nota de El Universal no acusa por sí sola; coloca indicios en la conversación pública. La autoridad, en cambio, sí tiene la obligación constitucional de probar, descartar o confirmar. Ahí se juega todo.
Porque también hay un riesgo político que el propio gobierno debe asumir: si la investigación confirma que hay más actores involucrados de los que hoy se reconocen públicamente, el costo no será menor. Implicará fracturas internas, reacomodos de poder y una inevitable tensión con grupos que históricamente han operado dentro de la estructura institucional.
Pero el costo de no hacerlo sería peor.
Chiapas ya no soporta otro ciclo de escándalo-olvido-impunidad. Hoy el gobierno tiene una oportunidad que no tuvo -o no quiso aprovechar- la administración pasada:
Demostrar que el combate a la corrupción no es selectivo ni discursivo, sino sistémico.
La lucha contra la impunidad no se mide por la rapidez del comunicado, sino por la profundidad de las decisiones. Y en este caso, el mensaje de cero corrupciones solo será creíble si alcanza a todos los nombres que aparezcan en la ruta de la investigación, sin importar apellidos, cargos ni alianzas.
Aquí no se trata de proteger la imagen del gobierno, sino de rescatar la legitimidad de las instituciones.
Ese es el verdadero punto.
Y ahí es donde Chiapas se juega algo más que una nota periodística. La confianza de la sociedad en el mandatario estatal esta mas que resguardada.
Puntos Suspensivos…
El gobernador sureño se ha ganado la confianza de sus gobernados y no cae en politiquerías y para ello giro la instrucción inmediata de investigar e ir a fondo, eso es lo que se requiere, la mano firme y la oportunidad de avanzar y seguir en un proyecto que ha generado buenos comentarios y mejores resutados.
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