Leonel Durante López
27 JUNIO 2024

*AMLO no quiere reformar al Poder Judicial, lo quiere destruir
*Las desapariciones forzadas en Chiapas se incrementan a partir de mayo
El presidente López Obrador dijo que los trabajadores del Poder Judicial no se verán afectados por la reforma que se impulsa en el Congreso. También el tabasqueño rechazó las declaraciones de la presidenta de la Corte, Norma Piña, en el sentido de que defenderán sus derechos laborales.
López respondió a las declaraciones hechas el pasado miércoles asegurando “que no los estén engañando”. Pero si el que engaña el precisamente el titular del Ejecutivo, es quien calumnia, denosta, agrede y se burla de quienes no pensamos como él.
Porque hoy debemos de creer en el presidente, si desde que asumió el cargo no ha engañado a todos los mexicanos, y no solo en estos ya casi seis años de su gobierno, sino antes del proceso electoral del 2018 cuando ganó la presidencia de la república, hizo 100 promesas de las cuales si cumplió apenas fueron unas cuantas
López Obrador volvió a soltar su veneno, esta vez para engañar a los trabajadores del Poder Judicial, cuando aseguró este jueves que la reforma judicial, por el contrario, beneficiará a los trabajadores “al eliminar el influyentismo, nepotismo y corrupción”.
La reforma tiene que ver básicamente con la elección por parte del pueblo de los jueces, magistrados y ministros, precisó.
Norma Piña se dirigió a los trabajadores del Poder Judicial en un video en redes sociales en el que les asegura que se garantizarán sus derechos laborales y los llama a demostrar que “trabajamos por México”. El mensaje de la ministra presidenta se dio luego de protestas que trabajadores del Poder Judicial federal llevaron a cabo en contra de la iniciativa de reforma que propuso López Obrador y que también impulsa la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum.
El mandatario Andrés Manuel López Obrador dijo que los trabajadores del Poder Judicial no se verán afectados por la reforma que se impulsa en el Congreso y rechazó las declaraciones de la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña, en el sentido de que defenderán sus derechos laborales.
Un riesgo más si López Obrador destruye al Poder Judicial, es la advertencia hecha de manera reciente por la Administración de Control de Droga en Estados Unidos (DEA), del riesgo de que el crimen organizado pueda elegir a jueces y ministros de México con la reforma al Poder Judicial que propone el presidente de México.
Ya casi en el ocaso del gobierno del presidente, es un “secreto a voces” que, desde su origen, el Partido Morena fue financiado por el crimen organizado y por el narcotráfico.
Por esa y muchas razones más, desde que López Obrador era candidato presidencial, promovió la amnistía para favorecer a los grupos criminales, lo que lo motivó a inventar su estrategia de seguridad: “abrazos y no balazos”.
Pero no hay que olvidar que para el 2015 el tabasqueño mantenía una estrecha relación con los delincuentes, de ahí desde aquella fecha proliferan no solo los “narco-diputados”, sino que abundan los “narco-senadores”, “narco-alcaldes” y “narco-gobernadores”.
Pero eso no es todos, muchos mexicanos sabemos que los votos del narco llevaron al poder, tanto López Obrador como Claudia Sheinbaum, convirtiendo a sus gobiernos en aliados y brazo político de las bandas criminales y narcos.
Pero que le falta a López Obrador para cerrar el círculo con los mafiosos del poder, pues la de crear figura de los “narco-jueces”. Hay que decirlo, López Obrador no quiere reformar al Poder Judicial, lo quiere destruir en un intento de destruir a la vez a nuestra democracia.
De ahí el asalto paulatino al Poder Judicial, por parte del crimen–, es el método empleado en el mundo entero por los populistas autoritarios que se transforman en dictadores.
La semana pasada, la priista Beatriz Predes aseguró que es indispensable mantener la independencia, autonomía plena del Poder Judicial e impedir que tanto el crimen organizado como los otros poderes, afecten el actuar del Judicial.
La presencia y disputas entre carteles del narcotráfico aumenta el fenómeno
México vive una crisis con más de 110,000 personas desaparecidas desde que hay registro, aunque el presidente López Obrador esta inconforme porque dice tener “otros datos”, de ahí su pretensión de “maquillar” las cifras y reducir el número registrado de desaparecidos porque, según el tabasqueño, el actual no es confiable, argumentación en la que ha basado su previsión de que el nuevo censo muestre una cifra menor de los casos de desaparición.
Colectivos y familiares de personas desaparecidas acusan que el Gobierno Federal, con su actualización del registro de desaparecidos con apoyo de Servidores de la Nación, intenta “rasurar”, maquillar o alterar las cifras y revictimizar con visitas domiciliarias.
Pero en Chiapas las desapariciones forzadas van en aumento a un 29% interanual, según el reporte de enero a mayo de este año, registran mil 192 casos de desapariciones en la región, un fenómeno atribuido directamente a la creciente presencia y disputas entre carteles del narcotráfico, reveló la alianza de asociaciones locales Red Lupa.
La culpa es de López Obrador aunque se diga otras cosa, es por aquello de los “abrazos y no balazos, lo que provoca el incremento de este fenómeno en diversas zonas del estado.
Luis Abarca, coordinador del Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa, consideró que este incremento alarmante y refleja la participación de diversos actores armados, incluyendo grupos paramilitares y delictivos y son los familiares de las víctimas las que enfrentan enormes dificultades para obtener respuestas y justicia, con denuncias de subregistro por parte de las autoridades competentes.
El número de desapariciones en Chiapas va de enero al 16 de mayo pasado, en donde el común denominador es el “crecimiento exponencial” de la violencia en los últimos tres años por la disputa de los carteles del narcotráfico en la región.
Esa situación la ignora López Obrador, pues asegura que son pleitos entre parientes, pero es a partir de este gobierno cuando se empieza a evidenciar el número de desapariciones forzadas en Chiapas y que crece de manera alarmante.
Este es un fenómeno que corresponde a actores armados, sucesores del paramilitarismo, organizaciones armadas, autodefensas, grupos delictivos y células criminales.
Lo peor de todo es que en Chiapas también se pretende maquilar las cifras de desaparecidos, pues que existe un subregistro de la fiscalía estatal de los casos de desaparición forzada, que no levantan las carpetas de investigación con el carácter de desaparición forzada o simplemente no la registran, por lo que familiares afirman que el gobierno quiere desaparecer a los desaparecidos. Así funciona la 4T.
Del Montón
Xóchitl Gálvez pidió al presidente López Obrador que, ya que está de acuerdo con que el presidente pueda ser juzgado por su intervención en elecciones por el delito de traición a la patria, pida a los legisladores de su coalición que aprueben su propuesta al respecto. El miércoles pasado la ex candidata presidencial informó que ha presentado una iniciativa para reformar el Código Penal para que las violaciones a la ley electoral cometidas por el titular del Poder Ejecutivo sean tipificadas y sancionadas como traición a la patria, para que sean válidos los principios constitucionales de imparcialidad y neutralidad. * * * Eso es todo por hoy, hasta el domingo próximo primero Dios con más de lo mismo.
leoneldurante@gmail.com