Leonel Durante López
14 SEPTIEMBRE 2025
*El gobierno de Morena criminaliza a periodistas por crítica política
*Todos los caminos llevan a Adán Augusto
La administración federal actual que encabeza la morensita Claudia Sheinbaum y los estados gobernados por Morena criminalizan y judicializan la libertad de pensamiento o expresión de ideas y la crítica política.
Desde políticos de oficio y funcionarios morenistas bajo la figura jurídica de violencia política en razón de género someten a procesos judiciales a trabajadores de la comunicación o a ciudadanos que emiten opiniones políticas o hacen investigaciones periodísticas.
Los acontecimientos reflejan que se imponen medidas autoritarias, se aplica vía judicial la dictadura de opinión, por gobiernos que discursivamente arengan “no ser lo mismo” que los gobiernos del pasado, pero en la práctica ejecutan la ley contra opiniones críticas o investigaciones que involucran a políticos de oficio o funcionarios públicos en actos de corrupción, desvío de dinero, prepotencia, soberbia y abuso de poder.
La presidenta Claudia Sheinbaum, Pardo, vocifera que en México no se censura, no hay autoritarismo y cada quien puede decir lo que quiera, no obstante, quien hace crítica política o comentarios críticos vía redes sociales es sometido a procesos judiciales, obligado a pedir disculpas públicas por un tiempo determinado o el cierre de su medio informativo o prohibir hablar del político de oficio en mención por uno o dos años.
El Ejército Popular Revolucionario (EPR), en la edición de septiembre de su órgano de difusión El insurgente, sostiene que quienes trabajan en el gobierno morenista omiten deliberadamente que son funcionarios públicos y están sujetos al escrutinio público, donde pueden ser sujetos a crítica política, luego entonces, si transgreden sus funciones o no son las adecuadas pueden ser removidos de sus puestos.
Entonces, se preguntan, ¿por qué no quieren que se conozca sobre los desvíos de recursos, sobre la compra de casas valuadas en millones de pesos, viajes de placer al extranjero, sobre la adquisición de ropa, accesorios o coches que exceden cantidades ofensivas de dinero?
La frase presidencial, -cita el grupo-, “no puede haber gobierno rico con pueblo pobre”, es burda y queda en el viento, porque los excesos económicos y viajes en el extranjero de políticos de oficio y funcionarios públicos, finalmente proviene del erario, porque los salarios onerosos y las prestaciones laborales de las que gozan son de los impuestos que paga el pueblo trabajador, recursos económicos que provienen de la administración pública.
La criminalización y judicialización de la libertad de pensamiento o expresión de ideas es política de gobierno en la actual administración morenista, utilizan con perversidad la Ley de Género para silenciar voces críticas y no permitir que se hable sobre su proceder político.
Así aplica Claudia Sheinbaum por la vía judicial la dictadura de opinión, con la denuncia de la existencia de más de 400 casos de violencia política en razón de género, según datos del Instituto Nacional Electoral (INE), el primer lugar lo ocupa Oaxaca con 144 casos registrados, después Veracruz con 46, le sigue Tabasco con 37, Campeche con 36, Chiapas con 27, Guanajuato con 24 y Puebla con 22.
Todos han sido denunciados por violencia política contra las mujeres en razones de género, nada más que las mujeres que se dicen ofendidas son funcionarias públicas o políticos de oficio y en consecuencia, la interpretación de la ley está hecha a modo y es aplicada con fines represivos.
El EPR cita diversos casos, entre ellos el del columnista Héctor de Mauleón, a quien un tribunal ordenó retirar una columna publicada en El Universal y ofrecer disculpas tras denunciar presuntos vínculos de una candidata con redes de corrupción en Tamaulipas.
El columnista Héctor De Mauleón, el 1 de mayo de 2025 publicó en la columna “Huachicol y Poder Judicial en Tamaulipas”, abordó los presuntos vínculos entre Tania Contreras López, entonces candidata y hoy magistrada electa del Supremo Tribunal de Justicia del estado, con redes de corrupción y contrabando de combustibles en esa entidad.
Otros ejemplos señalados son la orden del Tribunal Electoral de Campeche que prohibió al diario Tribuna y a periodistas locales hacer referencias a la gobernadora Layda Sansores; así como la sanción al periodista Jesús Castañeda, en Guerrero, por investigar presuntas irregularidades en el manejo de recursos tras el huracán Otis.
Según el grupo, esta tendencia constituye un uso autoritario de la ley, pues los procesos contra comunicadores avanzan con rapidez, mientras que los de luchadores sociales suelen prolongarse durante años.
A juicio del grupo, confirma que el aparato judicial opera en favor de los grupos de poder político y económico.
El artículo concluye que, desde la óptica del EPR, la “criminalización de la crítica política” forma parte de una política de represión que busca acallar voces disidentes y restringir derechos de libre expresión y de organización independiente en el país.
Corrupción, narco y pugnas en la 4T: el caso Adán Augusto-Hernán Bermúdez
Ha caído el comandante H, jefe de la policía de Tabasco de 2018 a 2024, presunto líder del grupo criminal La Barredora, dedicado al tráfico de drogas, la extorsión y el robo de combustible o huachicol.
Prófugo desde febrero, Hernán Bermúdez Requena ha sido detenido en Paraguay, informó la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, el viernes en la noche.
Bermúdez llegó al cargo cuando uno de los actuales dirigentes de Morena, Adán Augusto López, era gobernador en el Estado. Pese a las sospechas sobre sus actividades criminales que recopilaron los órganos de inteligencia desde principios de década, nadie actuó nunca contra el comandante H. Hasta ahora.
Nueve semanas después llega la hora de la verdad para Adán Augusto López Hernández, líder de Morena en el Senado, exsecretario de Gobernación, exgobernador de Tabasco (2018-2021), amigo de Andrés Manuel López Obrador, rival de Claudia Sheinbaum.
En el sexenio de López Obrador, el combate al huachicol fue más laxo y permisivo, intereses personales del régimen. Funcionarios morenistas aseguran que los trenes Maya e Interoceánico pudieron construirse en los costos actuales porque se utilizó combustible robado que aligeró los presupuestos, como también lo hizo para abastecer a la Comisión Federal de Electricidad y con el petróleo que se regala a Cuba desde hace varios años.
En el obradorato, se documentó cómo se fortaleció la delincuencia en diferentes niveles de gobierno, revelando de manera clara y determinante investigaciones periodísticas las andanzas de Amílcar Olán, muy cercano a Andrés Andy López Beltrán, el hijo del expresidente, que se hizo millonario instantáneo en el sexenio pasado y sigue despachando y haciendo negocios –incluidos con Pemex– desde una suite en uno de los hoteles más lujosos de la capital federal.
El grupo de amigos de los hijos del presidente fue capitalizado también por varios miembros del Grupo Tabasco, que encabeza el senador Adán Augusto López, y que, de acuerdo con averiguaciones en México y Estados Unidos, algunos están involucrados en el huachicol en Chiapas y Tabasco.
La orden de aprehensión contra Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco, salpica directamente a Adán Augusto López y a toda su banda de Tabasco y Chiapas, uno de los hombres fuertes del morenismo.
Un escándalo que no sólo revela vínculos con el crimen organizado, sino que también reconfigura las tensiones internas de la 4T en un momento clave para la presidencia de Claudia Sheinbaum.
Del Montón
Mientras el Paquete Económico 2026 promete más impuestos, deuda y recortes para la población, los diputados federales aseguran un aumento salarial que contradice la narrativa de austeridad. Cada legislador pasará de ganar 1 millón 193 mil pesos netos en 2025 a 1 millón 307 mil en 2026, un incremento de 113 mil 739 pesos al año. Además, su sueldo base sube 62 mil pesos, el aguinaldo crece casi 7 mil, y recibirán un nuevo seguro de vida de casi 60 mil pesos. La paradoja es clara: austeridad para los de abajo, privilegios para los de arriba. El gobierno federal insiste en cobrar más impuestos al refresco, al cigarro o incluso a los videojuegos violentos. Pero cuando se trata de sueldos y prestaciones de la clase política, el cinturón se afloja de inmediato. * * * Eso es todo por hoy, hasta mañana con más de lo mismo.
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