Leonel Durante López
15 JUNIO 2025
*Estocada final de Morena a la libertad de expresión
*Consejero del INE propone no declarar la validez de las elecciones de la SCJN, TDJ y TEPJF
Iniciativa de Sheinbaum sobre telecomunicaciones permitirá la censura a plataformas digitales, advierten especialistas, porque la imprecisión en los términos, así como dejar en manos de la Agencia de Transformación Digital los lineamientos para el bloqueo de las plataformas digitales representan un riesgo para la libertad de expresión.
La iniciativa de la Ley de Telecomunicaciones aprobada en comisiones del Senado plantea que el gobierno federal pueda bloquear el uso de plataformas digitales y que una agencia del propio gobierno establecerá los lineamientos para este proceso, lo que pone en peligro la libertad de expresión y representa un riesgo de censura, advierten especialistas.
La iniciativa de ley, establece en el artículo 109 que las autoridades competentes –sin precisar cuáles– podrán solicitar la colaboración de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (dependiente de la Presidencia y a cargo de José Merino) para el bloqueo temporal a una Plataforma Digital. Al respecto, los gobernadores de Campeche Layda Sansores y el de Puebla Alejandro Armenta nos han dado una prueba al lograr un fallo judicial y aplicar la “Ley Censura” contra citicas en medios digitales y redes sociales.
Este fin de semana se registraron dos hechos insólitos y altamente preocupantes de cara a la discusión de leyes como la de Telecomunicaciones y Radiodifusión en el Senado, tras críticas por implicar censura.
En primer término, la gobernadora de Campeche Layda Sansores ganó una demanda y mediante el aparato legal del gobierno estatal, logró vincular a proceso a un periodista de 71 años, por hacer parodias y críticas de ella y su gobierno. La jueza de control Guadalupe Martínez Taboada vínculo a proceso al periodista Jorge Luis González Valdez exdirector del diario Tribuna, por incurrir en los presuntos delitos de incitación al odio y a la violencia contra la gobernadora Layda Sansores, ordenó el cierre de esa plataforma digital y le prohibió al comunicador ejercer esta actividad.
La jueza también determinó vincular a proceso al representante de Organización Editorial del Sureste, Isidro Yerbes, que es la empresa editora de Tribuna, así como el cierre de ese Periódico digital, ya que su versión impresa dejo de circular desde febrero del 2024.
Incluso la Juez Taboada, también determinó incautar las propiedades del periodista de 71 años a fin de garantizar el pago de 2 millones de pesos de indemnización por presunto daño moral al director de comunicación Social de Layda Sansores, Walther Patrón Bacab. El otro hecho ominoso para la libertad de expresión se registró este sábado en Puebla, donde entró en vigor la llamada Ley Censura que establece una pena de 5 años de prisión a quien use las redes sociales para injuriar, ofender o vejar a una persona con la insistencia de dañar su integridad física o emocional. Lo anterior, tras publicarse en el Periódico Oficial del Estado (POE) reformas al Código Penal local que tipifican y sancionan el delito de ciberasedio. La reforma, impulsada por José Luis García Parra, coordinador de Gabinete del gobierno estatal, que encabeza Alejandro Armenta, fue aprobada este jueves por el Congreso local en sesión pública ordinaria. El decreto contempla la adición del artículo 480, que define el ciberasedio como el acto de insultar, injuriar, ofender o vejar a una persona a través de medios digitales con la insistencia suficiente para dañar su integridad física o emocional.
La pena establecida va de 11 meses a 3 años de prisión, además de una multa de 50 a 300 Unidades de Medida y Actualización (UMA), lo que representa un monto aproximado de hasta 30 mil pesos. En caso de que la víctima sea menor de edad, la ley presume un daño a la dignidad, por lo que la sanción podrá incrementarse hasta en dos terceras partes de la pena máxima.
El Observatorio Ciudadano Instituto para la Gestión, Administración y Vinculación Municipal cuestionó que el Congreso de Puebla aprobara dichas reformas con un análisis parcial y sin inclusión ciudadana.
Consideró que el dictamen implica riesgos que incluyen probables violaciones a derechos, sobrecarga judicial y desigualdad digital.
En un pronunciamiento conjunto previo a la sesión del Congreso, Artículo 19 y la Red de Periodistas de Puebla llamaron a los diputados a dar marcha atrás al dictamen, pues desde su punto de vista, los delitos que buscan incorporar, vulneran la libertad de expresión y los derechos humanos y al no tener parámetros técnicos y legales que los respalden, pueden ser utilizados de manera arbitraria contra la ciudadanía, particularmente personas periodistas y medios de comunicación.
Cuando la Ley Censura ha entrado en vigor en Puebla, el gobernador Armenta sale con su batea de baba y dándose golpes de pecho a sabiendas lo arbitrario e impune que es, pidiendo la realización de foros para analizar los alcances de esa ley.
Lo que sucede en Puebla refleja el verdadero rostro del autoritarismo de Morena. El gobernador Armenta quiere meter a la cárcel a quienes lo cuestionen en redes.
La libertad de expresión está en riesgo… Hoy más que nunca debemos defenderla y levantar la voz. De no hacerlo que corre el riesgo que todos los gobernadores de Morena, incluyendo los del verde, en breve hará lo mismo que hace el morenismo oficial y sus secuaces.
INE avala la elección de ministros de la SCJN
Aunque la mayoría de consejeros a fines a Morena rechazó la propuesta, el consejero del INE, Arturo Castillo, propuso no declarar la validez de las elecciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ), de la Sala Superior y cuatro de las cinco salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) validó la elección de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) del 1 de junio.
Aunque se anularon 818 casillas donde hubo irregularidades como marcado de boletas por una misma persona, 100% de participación y se encontraron boletas sin dobleces, se anularon 818 casillas de 25 entidades con un total de 3 millones 779 mil 662 votos, siendo Chiapas donde ocurrió el 70% de las irregularidades, y aun con todo y ello, por 10 votos en favor y uno en contra del consejero Arturo Castillo, el Consejo General declaró la validez de las elecciones para ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
El consejero Arturo Castillo, advirtió que la distribución de acordeones donde se sugirió el voto por ciertos candidatos, coincidió con aquellos que resultaron ganadores el 1 de junio.
Además, dijo que la distribución de los acordeones podría constituir propaganda y financiamiento ilícito, lo que podría ser causal de nulidad de esas elecciones. “Propongo a este Consejo General, no declarar la validez, que no es lo mismo que declarar la invalidez, no declarar la validez de las elecciones de Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal de Disciplina Judicial, de la Sala Superior y de las Salas Regionales, exceptuando Toluca, del Tribunal Electoral, por existir un cúmulo significativo de indicios sobre la posibilidad invalidez de las mismas”, dijo.
Sin embargo, la mayoría de consejeros afines a Morena rechazaron la propuesta de Arturo Castillo y la parcialidad de su actuación por lo que demuestran su respaldo al gobierno, pero dan la espalda al pueblo que es quien les paga.
Del Montón
Los jueces afines al partido político Morena de “izquierda” que gobierna México dominan ahora la Suprema Corte. Los leales al partido controlan un nuevo tribunal con potestad para destituir a jueces y el tribunal que decide los litigios electorales federales. Los dirigentes del partido Morena, que ya controla la presidencia y el Congreso, habían insistido en que su polémico rediseño del sistema judicial, uno de los de mayor alcance jamás intentados por una gran democracia, no sería una toma de poder. Por el contrario, dijeron, haría que los jueces rindieran cuentas ante los votantes y empezaría a arreglar un sistema que, según la mayoría de los mexicanos, está viciado por la corrupción, el nepotismo y la impunidad generalizada de los delincuentes. * * * Eso es todo por hoy, hasta mañana con más de lo mismo.
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