Leonel Durante López
20 OCTUBRE 2024
*A propósito de la ejecución del sacerdote Marcelo Pérez
*Por violencia en México, gobierno comprará 8 millones de cartuchos
La violencia en México no solamente ha dejado a víctimas mortales como periodistas, funcionarios del gobierno, activistas o defensores del medio ambiente, sino que también los sacerdotes y religiosos han sufrido una serie de agresiones armadas en las que han perdido la vida.
A poco más de tres décadas después, del asesinato del cardenal Juan Posadas Ocampo el móvil continúa siendo una incógnita, pero sabemos que el estado sabe quien o quienes los testigos materiales e intelectuales, porque aquí aparece en la escena Joaquín “El Chapo” Guzmán, peso eso ya es otra historia.
Pero en el gobierno del continuismo de Claudia Sheinbaum, se anota su primera víctima, en donde lamentablemente, Chiapas, pero para ser más preciso San Cristóbal de Las Casas fue el escenario de la ejecución del sacerdote Marcelo Pérez Pérez, reconocido por su activismo en las regiones Norte-Selva y los Altos de Chiapas.
El párroco fue ejecutado de manera cobarde y a plena luz del día delante de los feligreses por dos sicarios que dispararon en ocho ocasiones, que viajaban en una moto al salir de la misa que oficiaba la mañana en el barrio Cuxtitali.
Las reacciones por el cobarde las hubo durante todo el día del trágico domingo, uno de ellos del Cardenal Felipe Arizmendi Esquivel, obispo emérito de la diócesis de San Cristóbal de las Casas quien pidió al Gobierno de México que busque la forma de desmantelar a grupos armados que generan violencia en nuestro país.
Como es de todos sabido, Chiapas está infectado de criminales, y por ello, Felipe Arizmendi Esquivel, asintió que “no hemos logrado que la violencia se detenga, sino que va en aumento. Esto nos debe hacer reflexionar a todos, a los creyentes también, pero sobre todo al gobierno en el poder, para que busquen cómo desmantelar a estos grupos armados, que están haciendo tanto daño a la comunidad”.
La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) condenó el asesinato del sacerdote Marcelo Pérez, e instó a las autoridades a llevar a cabo una investigación pronta, exhaustiva y eficaz. Dudo que lo hagan, porque ellos protegen a los delincuentes con su política fallida de “abrazos y no balazos implementada por López Obrador y mantenida por su marioneta.
Desde 2015, el Padre Marcelo era beneficiario de medidas cautelares por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), debido al riesgo constante que enfrentaba su vida e integridad personal por su labor en defensa de los derechos humanos en Simojovel y otros lugares de Chiapas.
Tras el asesinato del sacerdote Marcelo Pérez, la Compañía de Jesús en México, así como otras instituciones católicas, reclamaron a las autoridades que el crimen organizado ha logrado esparcir sin problema miedo y terror con homicidios, desapariciones y reclutamientos forzados en distintas regiones de Chiapas.
Los Jesuitas exigieron que no se intente encasillar el crimen de este domingo en contra del padre Marcelo, quien era conocido por su activismo en la región de Los Altos de Chiapas, como un hecho aislado.
Desde que inició la administración fallida del expresidente Andrés Manuel López Obrador en diciembre de 2018, al menos ocho sacerdotes han sido asesinados a lo largo del país, en estados como Baja California, Chihuahua, Tamaulipas, Guanajuato y Morelos, donde se ha reportado la presencia de grupos criminales.
Son 70 los religiosos que han sido asesinados en las últimas tres décadas, incluyendo el asesinato del cardenal de Guadalajara, Juan Jesús Posadas Ocampo, caso que no ha dejado ver la verdad, sino a una serie de investigaciones amañadas que resultan en más ataques en contra de los religiosos, donde se documenta que en promedio han sido asesinados 70 religiosos desde hace 30 años y que desde el inicio del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, han muerto dos por año.
Se reforzará la capacidad de las fuerzas armadas en lugares de mayor actividad delincuencial, según la Sedena.
Seguramente el Ejército Mexicano se prepara para una guerra contra los delincuentes que operan en todo territorio nacional, luego que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) anunció que comprará más de ocho millones de cartuchos de distintos calibres para reforzar la capacidad del Ejército y la Guardia Nacional en estados de la República donde la disputa de los cárteles de la droga ha desbordado la violencia.
No sabemos para que quiere comprar tantos cartuchos a no ser que lo vaya utilizar contra el pueblo, pues por las malas acciones que lleva a cabo el gobierno de la titiritera de AMLO, están pensando que el pueblo se les va rebelar.
De acuerdo con la licitación internacional, publicada en la plataforma de adquisiciones gubernamentales Compranet, podrán participar proveedores de 22 países, incluidos de algunos de los mayores productores de armas en el mundo, como Estados Unidos e Israel.
El arsenal requerido incluye cartuchos 5.56 milímetros, un modelo estándar que utilizan las fuerzas armadas de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN). Estas municiones fueron empleadas por las tropas de Estados Unidos para perseguir terroristas en Irak y Afganistán y actualmente son usadas por fuerzas especiales de decenas de Ejércitos en el mundo.
El Ejército Mexicano necesita que los cartuchos calibre 5.56 milímetros cumplan con la garantía de vida útil por 10 años como mínimo a partir de la entrega.
Según datos de la Sedena, es fabricante de este tipo de cartuchos en la planta de Industria Militar, pero la mudanza de ésta al estado de Puebla, que aún no concluye, ha retrasado la elaboración de varios productos, entre ellos los cartuchos para armamento liviano.
La Sedena especifica que “las municiones serán utilizadas para garantizar el orden interior y la seguridad nacional, reforzando la capacidad de las fuerzas armadas en lugares de mayor actividad delincuencial y con mayor violencia de grupos delincuenciales”.
La captura, en julio pasado, del cofundador del Cártel de Sinaloa, Ismael El Mayo Zambada por agentes del Buró de Investigaciones (FBI) de Estados Unidos, en Texas, provocó un caos en Sinaloa, donde al menos 190 personas han sido asesinadas en las últimas cuatro semanas, de acuerdo con reportes policiales.
Ciento cincuenta militares llegaron apenas el miércoles pasado a ese estado para tratar de controlar la violencia atribuida a enfrentamientos entre la gente de El Mayo y la de los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán, conocidos como Los Chapitos. Sinaloa es el estado que más violencia ha vivido en los últimos días, de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo Nacional de la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana.
Además de Sinaloa, Guanajuato, Baja California, Chihuahua, Guerrero y Jalisco son otros estados que, de acuerdo con la Estrategia Nacional de Seguridad, presentada por la administración de Claudia Sheinbaum, serán prioridad debido a la incidencia de homicidios dolosos y otros delitos.
Ojalá que el Ejercito utilice esas balas en contra los grupos delincuenciales, no vaya ser puro cuento, ya ven que apenas ven a esas bandas y salen corriendo porque se les mojó la pólvora. Ver para creer.
Del Montón
La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito (Jufed) rechazó el desacato de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien se negó a eliminar del Diario Oficial de la Federación (DOF) el decreto de la reforma judicial, y alertó que en México se ha roto el “orden constitucional y el Estado de Derecho”. La Jufed recordó que “en cualquier país democrático y que salvaguarda el Estado de derecho, las objeciones a las decisiones judiciales, se controvierten agotando los medios de impugnación y no mediante amenazas de denuncias en contra del emisor, situación que demuestra claramente que, en el Estado Mexicano, se ha roto en nuestro país, el orden constitucional y el Estado de derecho”. * * * Eso es todo por hoy, hasta mañana con más de lo mismo.
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