Seguro Popular

 

Erisel Hernández Moreno

eriselhm63@gmail.com

 

 

PODREDUMBRE

Animal Político apenas el pasado mes de octubre, difundió la podredumbre que se detectó en cinco estados del país donde se ha cometido un escandaloso fraude con el programa “Seguro Popular”, entre ellos Chiapas, exhibiéndose graves irregularidades en la operación de los recursos públicos.

Chiapas, Baja California, Estado de México, Michoacán y Oaxaca han manejado de manera irregular 3 mil 27 millones de pesos del presupuesto que recibieron para el Seguro Popular, lo que significa una violación al derecho a la protección de la salud, advierte el estudio “Irregularidades financieras del Seguro Popular”, realizado por la organización Impunidad Cero.

La investigación, encabezada por Julio Copo, demuestra, además, que el esquema de financiamiento del Seguro Popular fomenta el desvío de recursos y favorece la discrecionalidad, debido a que los recursos son entregados a los estados a través del Ramo 33 del presupuesto, lo que hace más difícil verificar su correcta aplicación.

Por tanto, “mientras en la administración de los recursos del Seguro Popular prevalezca la opacidad con respecto al destino último de éstos por parte de los estados, y no se publiciten adecuadamente las acciones correctivas tanto de índole penal como administrativo para sancionar a los responsables de su malversación, prevalecerá la repetición sistemática de la impunidad en perjuicio de todos los mexicanos”, dice el estudio.

El análisis, recomienda que los recursos del Seguro Popular sean transferidos a los estados, en su totalidad, desde la Comisión Nacional de Protección Social en Salud (CNPSS) hacia los Regímenes Estatales de Protección Social en Salud (REPSS), para evitar la opacidad.

También urge a la puesta en marcha del Sistema Nacional Anticorrupción, y particularmente la designación del fiscal especializado, toda vez que actualmente el limbo en el que se encuentra el sistema “solamente genera mayor incertidumbre jurídica”.

Las irregularidades

La investigación seleccionó a cinco entidades gobernadas por distintos partidos, para evitar la interpretación de un posible sesgo político, y para resaltar que la malversación del presupuesto del Seguro Popular es una práctica generalizada en mayor o menor medida por parte de los estados; se trata de un programa que, solo en 2017, recibió 167 mil millones de pesos de presupuesto.

Chiapas es la entidad con el mayor monto de irregularidad, de acuerdo con la auditoría financiera y de cumplimiento realizada por la Auditoría Superior de la Federación en 2016.

Según la Auditoría, Chiapas manejó 948 millones de pesos de forma irregular porque la entidad no realizó registros específicos del presupuesto de ese año, y no se pudo identificar los traspasos a otras cuentas.

Además, dejó de aplicar recursos correspondientes al programa, y tampoco reportó ante el SAT el ISR retenido a los trabajadores de febrero a diciembre 2016.

La entidad, tampoco presentó evidencia documental del pago correspondiente de las aportaciones de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, de 2016, entre otras graves irregularidades.

Michoacán fue la entidad con más irregularidades y por un monto que ascendió a 927 millones de pesos. El estado, gobernado por Silvano Aureoles, no entregó documentos que comprobaran el gasto, “por lo que se refleja un faltante en las cuentas bancarias del programa”.

Tampoco proporcionó evidencia de la formalización de 2,009 contratos de personal correspondientes, ni la firma del trabajador y el titular de los servicios de salud de Michoacán en 359 contratos. Mil 801 contratos tienen sello del delegado administrativo, en lugar de la firma autógrafa del titular de los servicios de salud de Michoacán.

A esto se suma que se detectaron pagos a personal que no desempeñaban las funciones para las que fue contratado. Y el estado adquirió medicamentos a un precio superior al de referencia.

En tanto, el Estado de México tuvo un manejo irregular por 820 millones de pesos debido a que la entidad, encabezada en 2016 por Eruviel Ávila, gastó el presupuesto “sin proporcionar documentación justificativa y comprobatoria que acredite la aplicación de los recursos de la Cuota Social y Aportación Solidaria Federal”, y tampoco pagó el ISR entre octubre y diciembre de 2016, según la Auditoría.

Baja California y Oaxaca utilizaron de manera irregular 155 millones y 175 millones de pesos, respectivamente, de acuerdo con las auditorías analizadas en 2016.

Oaxaca gastó el presupuesto del Seguro Popular “sin proporcionar documentación justificativa y comprobatoria” de que se hubiera aplicado para los objetivos del programa. Tampoco comprobó las erogaciones realizadas por medicinas y productos farmacéuticos, gasto operativo de unidades médicas, acciones de prevención y promoción de la salud, pagos a terceros por servicios de salud y apoyo administrativo.

En Baja California transfirieron los recursos del Seguro Popular a otra cuenta bancaria del ejecutor, y no proporcionó documentación que acreditara su destino ni su aplicación a los fines del programa.

La entidad renombró algunas de las percepciones de la nómina de los trabajadores de los servicios de salud que son gravadas por la Ley del ISR y las cambió por percepciones exentas, “lo cual generó una exención del impuesto”.  Y tampoco presentó documentación comprobatoria y justificativa correspondiente al pago de medicamento adquirido.

RETAZOS

GUILLERMO Santiago Rodríguez se ganó a pulso la confianza del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, para que a partir de mañana se estrene como titular de la Dirección General del Instituto Nacional de la Juventud, avalado por la experiencia política y habilidad que demostró como diputado federal por MORENA en la pasada Legislatura federal. El joven nuevo funcionario federal nació en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, es egresado de la Facultad de Humanidades de la UNACH, ex alumno de la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación, y como legislador se destacó por ser el diputado más joven de la Cámara con tan solo 22 años de edad al inicio del período. Hoy cuenta con 25 años de edad. ¡Enhorabuena!… EL enterrador del viejo y carcomido PRI. El sexenio de Enrique Peña Nieto ha sido la etapa más crítica para el tricolor. Durante su gestión, el mandatario llevó a su partido a una catástrofe electoral que lo alejó de Los Pinos, lo redujo a tercera fuerza política, lo dejó fracturado y a merced de varios grupos que se lo disputan como una franquicia, aun cuando ésta siga siendo identificada con la corrupción. En 2012, cuando ganó la elección en alianza con otros partidos, Peña Nieto obtuvo poco más de 19 millones de votos, de los cuales 17 millones los consiguió el PRI. Seis años más tarde, el partido perdió 8.7 millones de votos, para quedar con la cifra más baja en sus 89 años de historia. En los comicios presidenciales del pasado 1 de julio, el candidato del PRI, José Antonio Meade, alcanzó 9 millones en alianza con los partidos Nueva Alianza y Verde Ecologista de México, pues en solitario el priismo alcanzó 7.6 millones de votos. Tras conocerse los resultados, Peña Nieto intentó justificarse. Dijo que no fue su baja popularidad lo que llevó a su partido y a su candidato a la peor debacle de su historia, sino un desgaste del ejercicio de gobierno y “un clima antisistémico en el mundo, donde los partidos tradicionales han dejado de tener respaldo”. Sin embargo, algunos cuadros priistas mencionan el impacto negativo de la gestión peñanietista y sus reformas estructurales como las principales causas del fracaso electoral. Así lo dio a conocer la Comisión de Diagnóstico a cargo de Samuel Palma, quien por órdenes del Comité Ejecutivo Nacional recogió en un documento el sentir de militantes y simpatizantes del PRI y lo entregará a la Asamblea Nacional prevista para noviembre de 2019 como parte de su renovación… Visite: www.debuenafuente.com¡¡Hasta el lunes, Dios Mediante!!