Los 50 deseos de AMLO

 

Ángel Mario Ksheratto

 

 

Las medidas pre-dictadas para combatir la corrupción en el sexenio que inicia a partir del 1 de diciembre, son en sí, un nutrido catálogo de buenas intenciones que rebotan en la superficialidad de un México expectante y profundamente eufórico, tras lo impensable: la derrota aplastante de la derecha con su neoliberalismo y la victoria de un legítima aspiración de la izquierda sin la izquierda… Digamos que el triunfo de un proyecto unipersonal.

¿Son, los cincuenta buenos deseos de Andrés Manuel López Obrador, aplicables tanto en el interior del sistema de gobierno como en el exterior? No hay una sola duda que se contraponga a ése propósito, principalmente si se piensa su aplicabilidad desde la arbitrariedad característica de quien ha sido electo presidente. Ese podría ser un riesgo.

Algunos de los puntos enumerados por AMLO, pueden no pasar por los filtros constitucionales; otros, necesariamente deben ser sometidos al consenso cameral, toda vez que su práctica, hasta el día de hoy, está regida por la Constitución misma y algunas leyes secundarias.

Por otro lado, como todo ordenamiento, deben, sus criterios, pasar por la criba para perfeccionarlos, toda vez que algunos puntos, dejan lagunas que podrían poner en riesgo las buenas intenciones. Por ejemplo, el punto 46 del catálogo que a la letra dice: «Ningún funcionario público podrá recibir un regalo cuyo valor exceda los 5 mil pesos.»

Todo integrante de un gobierno totalmente honesto, no debe, por ninguna razón, recibir regalos de ninguna naturaleza. De ningún precio. Sucederá como hasta hoy: el ciudadano va a una dependencia de gobierno a realizar un trámite y, para agilizar sus resultados, deberá “mocharse” con un regalito de por lo menos, 5 mil pesos. Va a salir más caro el caldo que las albóndigas. En ese punto, AMLO está obligado a recular y reordenar que durante su mandato, ningún funcionario reciba, ni solicite ni exija, dádivas.

La “austeridad republicana” que impulsa el presidente electo, queremos suponer, debe tratarse de devolver la buena reputación al Estado, otorgar plusvalías morales a la administración pública y terminar con excesos, abusos e irresponsabilidades en la repartición del gasto público y que éste a su vez, rinda lo necesario para atender necesidades sociales impostergables. Eso es plausible.

Sin embargo, el catálogo es todavía insuficiente, porque si bien se va a castigar a la alta y la media burocracia, se extienden certificados de impunidad a quienes, en el pasado y el agonizante presente, han utilizado recursos públicos para enriquecerse cínica y brutalmente.

¿Cuántas escuelas, centros de salud, hospitales, carreteras, universidades y otras obras públicas se construirían si se obligare a los expresidentes, exfuncionarios y exgobernadores a devolver lo robado? De la austeridad republicana, debería pasarse a la justicia restaurativa en materia de corrupción. No se puede castigar a unos y proteger a otros.

Es bueno arrebatar los privilegios a los que llegan, pero mejor sería despojar de lo robado a los que se van y que, por cierto, muchos adquirieron impunidad al apoyar abierta o subrepticiamente, la candidatura de López Obrador. Esa parte debe revisarse y debe dársele el carácter de justicia, de no impunidad, de equilibrio republicano.

En ese deben incluirse medidas contra el nepotismo; si bien en el punto 25 ordena que ningún funcionario podrá contratar a familiares en las dependencias a su cargo, el caso de Martha Bárcena, propuesta para representar a México en Washington, podría volverse emblemático contra él mismo: la señora Bárcena es esposa de Agustín Gutiérrez Canet, tío de Beatriz Gutiérrez Müller, esposa de López Obrador.

La corrupción no se podrá combatir solo con buenas intenciones y acciones superficiales y selecttivas. Hay que ir al fondo. Hay que ser severos. Incluyentes. Es decir, que todos los corruptos quepan en el mismo excusado. No pueden ser unos los que paguen los delitos del resto, que por desgracia, son muchos.

Cierto es que los 50 puntos anunciados por AMLO, son buenos… Pero insuficientes. No se habla de la extinción de dominio en las propiedades de gobernadores y exgobernadores corruptos. No se habla de ninguna medida fuerte contra los hijos de Martha Sahagún, esposa de Vicente Fox, ni contra los excesos de Felipe Calderón, ni contra los involucrados en el caso Odebrecht, ni contra los responsables de la “verdad histórica”, en el caso de los normalistas desaparecidos, ni contra los responsables de la “Casa Blanca”.

Esperemos que, por el bien de México, el presidente electo, enriquezca sus hasta ahora, lindas intenciones; las vuelva factibles, perfectamente aplicables. No hacerlo será seguir la misma ruta de quienes le antecederán.

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