El Derecho de Vivir

Francisco Gómez Maza

 

 

*Puebla, tan inseguro como el Edomex, para las mujeres

*La CNDH activa alerta de género, a través de INMUJERES

 

Hay mucho de qué escribir, pero de lo verdaderamente importante se escribe poco. Las páginas de los periódicos impresos de estos días están repletas de casos como el cese del fiscal Santiago Nieto, de Elías Beltrán, de Emilio Lozoya Austin, de la corrupta sobornadora empresa brasileña, Odebrecht, de su majestad Enrique Peña Nieto, casos ciertamente para la araña, pero mientras tanto los asesinos continúan con la caza y la matanza de mujeres y estos hechos revelan más la fealdad de la vida mexicana que el hecho de que pongan de patitas a la calle a un fiscal, aunque fuera injustamente.

Hay asuntos graves, ciertamente, en torno al cese del fiscal electoral, Santiago Nieto, como la investigación de los presuntos sobornos millonarios de Odebrecht, en los que estaría embarrado el ex director de Pemex, Emilio Lozoya Austin, y otras gravedades electorales, pero lo que clama la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) acerca de activar alerta de género para todo el estado de Puebla por el incremento de los feminicidos es más importante pues están de por medio vidas de mujeres, que son asesinadas por diabólicos asesinos cuyo único móvil es el odio, el secuestrar, el violentar sexualmente, el matar a mujeres jóvenes, bellas, estudiantes, que aún no han llegado a la plenitud.

Y al respecto – a este asunto deberían de tomarlo más en serio diputados y senadores y más el presidente Peña, que parece no inmutarse ante los feminicidios -, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos solicitó al Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) activar la alerta para que las autoridades del estado de Puebla cumplan con su responsabilidad de atender la violencia feminicida.

El defensor de los derechos humanos informó que dirigió la solicitud el pasado viernes a la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, para que se implementen medidas urgentes frente al contexto de violencia feminicida en el estado de puebla.

La solicitud de la Comisión surgió con base en el aumento de homicidios de mujeres, que ha registrado el estado desde 2013 y que, a pesar de ello, en los últimos tres años las averiguaciones previas por feminicidio han sido pocas. Tan sólo durante 2017 se habrían registrado hasta el mes de septiembre 83 feminicidios. Un solo feminicidio es alarmante pero, como lo han registrado los medios, la frecuencia y número de muertes violentas de mujeres poblanas son motivo para poner en práctica acciones de emergencia”.

En los últimos dos meses, la estudiante de 19 años, Mara Fernanda Castillo, fue abusada sexualmente y asesinada, luego de abordar una unidad de Cabify, que la llevaría a su casa en Puebla; el chofer fue vinculado a proceso por feminicidio. En tanto, Mariana “N”, estudiante de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, también fue asesinada, luego de abordar una unidad de Uber; sin embargo, el juez de control reconfiguró el delito y vinculó a proceso al supuesto responsable por homicidio.

En el mismo contexto de violencia antifeminista, de odio contra la mujer, en Puebla fue condenado un ex mando policiaco de Puebla por agresión a la escritora y activista social, Lydia Cacho Riveiro. José Montaño Quiroz, ex comandante de la policía estatal de puebla, participó en el arresto y tortura de la periodista en 2005 y un juez federal lo condenó a cinco años y tres meses de prisión.

En diciembre de 2005, la periodista y escritora fue detenida en Cancún, Quintana Roo, por policías judiciales de Puebla, quienes fueron acusados de ocasionarle violencia física y sicológica durante el trayecto a ésta última entidad, luego de ser acusada de difamación y calumnia contra el empresario textilero, Kamel Nacif. La Procuraduría General de la República (PGR), a través de la Fiscalía Especial para la Atención a Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión, informó que obtuvo la sentencia condenatoria contra Montaño Quiroz, ex mando policiaco detenido e ingresado a la cárcel de Cancún en 2014, donde permanece.

La dependencia refrendó su compromiso de continuar las investigaciones relacionadas con este caso, deslindar responsabilidades penales y ejecutar las órdenes de aprehensión que se encuentran pendientes de cumplimentar.

En agosto de 2012, Cacho dio a conocer que salía del país por seguridad, tras recibir amenazas y a sufrir acoso luego de publicar en 2005 un libro en el que sacaba a la luz una red de pornografía infantil, que presuntamente actuaba con el conocimiento y la protección de políticos y empresarios de Quintana Roo y Puebla. En 2010, Lydia Cacho publicó otro libro, en el que revela la trata de mujeres y niñas y señala los nombres de individuos presuntamente vinculados a estas redes delictivas. En septiembre de 2011 dijo que la sentencia de 112 años que se dictó en contra del empresario Jean Succar Kuri establecía un precedente en el tema de pornografía infantil; es un castigo ejemplar para que quienes cometan ese delito sepan que ese es el costo de sus delitos, dijo entonces.

El hecho es que, en el caso de los feminicidios hay muchos claroscuros. El caso Cacho Riveiro es ejemplar, pero estoy pensando que, por su calidad de escritora, activista, pero sobre todo por ejercer el periodismo, pero hay muchos casos de personas “comunes”, “de a pie”, que no corren la misma suerte y su cadáver termina en la morgue.

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